Constitucionalizar el sinsentido

Por Aparicio Caicedo C.

IED en EC

Original publicado en diario El Universo.

Hace pocas semanas circuló un dictamen de la Corte Constitucional (DICTAMEN No. 010-13-DTI-CC, del 25 de abril de 2013) que ha dinamitado los pocos puentes institucionales que quedaban para ser cruzados por la inversión extranjera.

El presidente, como lo anunció, inició hace meses trámites para denunciar distintos acuerdos de protección recíproca de las inversiones que Ecuador tiene firmados con varios estados. La razón es que tales instrumentos permiten a los inversores extranjeros someter sus diferencias con el Gobierno ante tribunales arbitrales extranjeros. Por tanto, siguiendo el trámite correspondiente, la Presidencia solicitó ante la Corte Constitucional un dictamen que avale sus pretensiones.

Y la Corte, como ya es regla, le dio la razón al Gobierno. Sí, dijeron los flamantes jueces constitucionales –refiriéndose en este caso al acuerdo con España–, ese convenio no es consecuente con la soberanía nacional. Y “como la estructura jurídica ecuatoriana ha asumido nuevos retos”, lo declararon inconstitucional. Se refirieron expresamente al artículo 11 del tratado, que permite al inversor recurrir a organismos de arbitraje internacionales, como el Ciadi. Léase el texto del dictamen:

En efecto, revisado el texto del Acuerdo se establece que el mismo contiene cláusulas contrarias a la Constitución y consecuentemente lesivas para el interés nacional, como es el caso de la prevista en el artículo XI del Acuerdo que somete al Estado ecuatoriano al arbitraje internacional, para la solución de controversias, en desmedro de lo estipulado en el artículo 422 de la Constitución de la República, que establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. Al someter jurisdiccionalmente al Ecuador al arbitraje internacional, no sería raro que se presenten experiencias como las que ha descrito el secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, en el sentido de que al resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano se priorice el concepto de la “inversión”, en menoscabo del ordenamiento interno, al considerar que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido “arbitrarias” o “discriminatorias”; o a pesar de que en la mayoría de los convenios se ha respetado la soberanía tributaria de los países receptores de inversión, los tribunales arbitrales eventualmente las desconocen, al estimar que una medida tributaria es “confiscatoria”, lo que evidentemente habría lesionado el interés nacional, justificándose de esta manera la intención de denunciar por parte de la Presidencia de la República al Acuerdo en mención

El razonamiento del dictamen es de leyenda: como los tribunales de este tipo priorizan el “concepto de inversión”, puede que perdamos el litigio y ellos vean “confiscación” donde solo hay una medida tributaria soberana; por tanto, lo consideramos inconstitucional. Y citan expresamente, como referente de validez, el razonamiento del secretario jurídico de la Presidencia (#Plop). Yo supongo que el hecho de que la mayoría de los procesos ante el Ciadi son ganados por los estados se les habrá pasado por alto. Normal. Pobres, con lo ocupados que están, no se les puede pedir que revisen las estadísticas de la Unctad.

Podríamos decir hasta ahí lo obvio: la Corte Constitucional se ha sumado al catálogo de instituciones espantadoras de inversión extranjera. Y de forma sublime. Porque este dictamen vinculante quema los barcos para el Ejecutivo, no hay vuelta atrás. Los magistrados fueron claros: una cláusula de esa naturaleza es contraria a la Carta de Montecristi, y encuentran cierto asidero en el artículo 422 de la misma. Dicha disposición impide celebrar nuevos acuerdos que sometan las diferencias con el Estado a arbitrajes internacionales, aunque no dice nada sobre los celebrados antes (el acuerdo con España es de 1996).

Y ahí viene lo interesante: ¿Qué vamos a hacer en la negociación con el Mercosur? Porque sabrán ellos que existe el Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur. En dicho protocolo se deja a elección del inversor extranjero de alguno de los países miembros la opción de recurrir ante el malvado Ciadi para resolver sus diferencias con el Estado. ¿Podrían ser inconstitucionales los acuerdos de préstamos con China, algunos de los cuales someten las eventuales diferencias nada menos que a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, “Governed by English Law”?

Lo cierto es que el sinsentido de la política económica internacional del Gobierno se galvanizó constitucionalmente en la Corte. Cada dictamen de este tipo es una bengala más de inseguridad jurídica que advierte a los inversores extranjeros: si pensaban venir algún día, mejor ya no lo hagan. Porque no vaya a ser que tengan la desfachatez de desconfiar de la independencia de nuestros jueces (no se rían, antipatriotas) y quieran someter sus eventuales diferencias a un tribunal arbitral más neutral.

El Ignorante Racional

Por Aparicio Caicedo C.

Articulo publicado originalmente en 2006, y que sacamos ahora en memoria del fallecido profesor Buchanan.

James Buchanan¿Por qué las cuestiones políticas suenan tan ajenas a las preocupaciones del ciudadano común? El parlamento representativo, palestra democrática por excelencia, tendría que ser el foro donde los mandatarios discuten lo que conviene a sus electores. Paradójicamente, eso no ocurre a menudo: la mayoría de los ciudadanos nos sentimos ajenos al debate de nuestros políticos.

Esta sórdida realidad atrajo la atención, hace más de medio siglo, de James Buchanan, premio Nóbel de Economía y fundador de la teoría de la elección pública (Public Choice Theory). En su opinión, hay que contemplar la política con sentido común, abandonando el habitual romanticismo académico. Buchanan sostiene que cuando un individuo accede a un cargo público, ejerce ese puesto obedeciendo a intereses personales. El burócrata es un sujeto que simplemente cambia de situación, pasando de la esfera privada a la pública: un nuevo mercado con distintas condiciones. Los “clientes” en este medio son los grupos de interés (conglomerados corporativos, organizaciones políticas, etc.), que buscan una clase de bienes (favores y privilegios) que sólo el gobierno puede alcanzar, a cambio de un precio (contribuciones de campaña, apoyo electoral, alianzas, etc.).

De acuerdo con Buchanan, el factor que facilita el alejamiento entre la decisión política y nosotros es la ignorancia racional. Siguiendo este planteamiento, la falta de interés del ciudadano en las cuestiones del gobierno se puede comprender como el resultado de un rudimentario estudio coste-beneficio. Para la mayoría de nosotros, enterarse a fondo de la actualidad política es costoso, porque requiere tiempo y esfuerzo; y poco beneficioso, porque la probabilidad de cambiar la situación a través del voto es reducida. Además, el debate público se refiere a cuestiones complejas que, a pesar de su trascendencia social, no nos afectan directamente y, por lo tanto, no merecen nuestra urgente atención. ¿Régimen autonómico? ¿Migración? ¿Política exterior? ¿Eutanasia? Bastante abrumados estamos ya con nuestras actividades inmediatamente productivas como para atender estos problemas.

El ciudadano que ha elegido ser un ignorante racional se plantea la siguiente alternativa: apegarse ciegamente al criterio de otros o abstenerse de participar (votar). Aprovechándose de esta circunstancia, existen muchos “grupos de interés” con fuertes razones para tratar de influir en el gobierno. Las autoridades necesitan devolver favores de campaña, tanto a sus benefactores económicos como a sus aliados políticos. Por ello, es frecuente que los gobiernos adopten medidas que poco se acercan a los “altos intereses de la nación” que dicen perseguir, pero que otorgan jugosas ventajas a determinados conglomerados. La reciente ola internacional de proteccionismo económico frente a las inversiones extranjeras en países como Rusia, España o Francia, ¿a quién beneficia? ¿A sus ciudadanos, o a grupos empresariales cercanos al poder político? ¿Cuántos contratos de endeudamiento externo fueron firmados por funcionarios de gobiernos corruptos, bajo la presión de grupos de interés locales comprometidos con las entidades que otorgaban los créditos? Generación tras generación, millones de habitantes de países pobres, sin saberlo, ven postergadas sus necesidades inminentes para hacer frente a obligaciones usureras.

Mientras tanto, las formalidades complacientes de la democracia representativa hipnotizan nuestra capacidad de reflexión. Los procesos usuales de deliberación pública se convierten en fórmulas mágicas de legitimación. La supuesta voz de la imaginaria mayoría, lo justifica todo.

La opinión ciudadana se traduce en una repetición irreflexiva de discursos tecnócratas difundidos por los medios de comunicación, demasiado ocupados con las demandas del mercado publicitario. Las discusiones cotidianas se convierten en una repetición maquinal de argumentos de otros (partidos, analistas, etc.). Así, el estudiante se encapsula fieramente en los axiomas de grupos radicales; el empresario, culpa al gobierno; el obrero, responsabiliza al empresario. El siguiente paso es obvio: la polarización emocional de unos y otros se materializa en enconadas disputas verbales irrelevantes, que generan tensión, anomia.

Restando quijotismos ingenuos, lo cierto es que los ignorantes racionales seguiremos existiendo, y los grupos de interés continuarán utilizándonos. La única solución radica en indagar medios institucionales que aclaren y simplifiquen el dialogo político. Por ello, vale la pena prestar atención a las reflexiones de Buchanan. Criticadas por muchos, sus ideas no pretenden reinventar la rueda de la teoría política, pero sí practicar un análisis realista, alejado de obstinados enfoques que intentan refinar las cláusulas de un idílico contrato social, excepcionalmente vigente.

Malversar no es informar

Por Aparicio Caicedo C.  

ZonaLibreEncuentro una revista gratuita cuya portada se mofa de dos contendores electorales del actual presidente. La abro. Sus páginas están tapizadas de propaganda oficial del Gobierno central y otras instituciones. Leo el nombre de quienes dirigen dicha publicación y busco en Internet. La propia web de la Presidencia de la República me da la respuesta que buscaba. Rechanfle: más de 52 mil dólares nos costó patrocinar ese pasquín llamado Zona Libre. Imagino cuánto tuvieron que trabajar para producir ese dinero los contribuyentes de cuyos impuestos se financió dicho egreso. Cincuenta luquitas es mucho billete. Y eso sin contar la publicidad de otros entes que aparece en ese mismo panfleto. Me pregunto, ¿este derroche a discreción puede ser legal?

No es legal lo que se está haciendo con recursos públicos; más aún, merece sanción y hay fórmulas para hacerlo. No es legítimo, ni constitucional, ni nada. Podría tratarse incluso de un delito, y sin duda es una violación de derechos humanos.

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ImagenEl Código Penal estipula como delito la malversación de fondos públicos, es decir, “la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además, abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público”. Porque los órganos del Estado, a diferencia de los simples mortales, están sujetos al principio constitucional de legalidad en su actuación. Un funcionario solo puede usar su cargo para hacer aquello que la ley expresamente le permite, nada más. De este principio se deriva lógicamente la necesidad de prevenir posibles abusos con dinero ajeno, penalizando tal supuesto con una pena severa: de ocho a doce año de reclusión mayor ordinaria.

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No sabemos cuánto habrá pagado el Banco Nacional de Fomento por esta publicidad.

En ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se faculta al Gobierno para consumir recursos estatales difamando a nadie, ni para “defenderse” de las críticas de sus ciudadanos mediante insultos y burlas, ni para promover la imagen del presidente-candidato con miles de vallas, comerciales, spots y cadenas. Porque “informar” no es despilfarrar 86 mil dólares en seis meses para contratar bufones, ni producir documentales dedicados a denostar a los rivales electorales, ni patrocinar revistas para denigrar ciudadanos. ¿Qué es todo eso sino una malversación de recursos públicos?, ¿qué es eso sino “una aplicación de fondos a fines distintos de los previstos” en la ley?, ¿no es acaso un uso arbitrario del dinero de todos para el provecho electoral “propio y de terceros”?

El "profundísimo" reportaje de fondo.
El “profundísimo” reportaje de fondo.

Por otro lado, tal abuso supone también una violación flagrante del artículo 11 de la Convención Americana de DDHH: Nadie puede ser objeto de ataques ilegales a su honra o reputación. Aunque ya sabemos la respuesta a esto. El Gobierno ha hecho suyas las prácticas de conocidos soberanistas latinoamericanos como Pinochet o Fujimori, al desprestigiar metódicamente el sistema interamericano de derechos humanos.

Un día alguien tendrá que responder por esto ante la justicia nacional o internacional. Aunque tocará esperar. Lastimosamente, por el momento los jueces aquí se esmeran solo en proteger los “derechos del Estado” frente a los malvados ciudadanos (véase sentencia contra La Hora). Y todo esto sucede en época electoral, mientras el CNE solapa con su inacción ilegalidades manifiestas, desafiante con unos y complaciente con otros. Paciencia, mucha paciencia.

The New Deal of World Trade

Por Aparicio Caicedo  

Original publicado en el número de junio de la revista The Freeman.

Much has been said about the ideological origins of the postwar world trade order, but few words have been written on the ideological background of its framers, a group of Progressive lawyers and economists working secretly on the postwar planning committees of the State Department during World War II. Their panacea had little in common with Richard Cobden’s or Frédéric Bastiat’s free-trade teachings. They wanted trade relations regulated through global bureaucratic agencies—in Murray Rothbard’s words, through “the mercantilist-managerial apparatus of global economic control.” Their ideological footprint is still deeply embedded in the system.

Undoubtedly, their intention to curb commercial protectionism was sincere. Most of them grew up watching the direct relation between the “high Republican tariffs” and the power of trusts. (“The tariff is the mother of trusts,” it was said.) Moreover, they witnessed the devastating consequences of the Smoot-Hawley Act (1930) and saw with great hope the openness brought by the Reciprocal Trade Agreements Act of 1934. Nonetheless, they also idealized the federal leviathan as the main source of restraint of the power of trusts. Protectionism was for them just one part of a failing status quo. They envisaged an active government that would guarantee “freedom from want” to the “great mass.” The war, to use Robert Higgs’s term, was the kind of crisis they were waiting for to take leviathan up to a supranational level.

This paradox is incarnated in the “father of the world trade system,” Roosevelt’s secretary of state, Cordell Hull. He was a southern Democrat whose whole life was devoted to curbing the power of the protectionist factions in the North. He is also known as the “father of the income tax,” which many hoped would replace the tariff as a source of revenue. In 1917 Hull, then in the House of Representatives, had a decisive role in supporting the legal reform that brought the first permanent American income tax, which enabled President Woodrow Wilson to finance participation in World War I.

Under Hull’s leadership the State Department formed secret committees at the beginning of World War II to start planning the institutional order of the Pax Americana. These groups counted on financial support from the Rockefeller Foundation and logistic assistance from the Council on Foreign Relations. Their work was carefully documented by Harley A. Notter in Postwar Foreign Policy Preparation, 1939–1945 (1949). As Notter wrote, the task was to consider the following questions: “What does the United States want? What do other states want? How do we obtain what we want?”

One thing was certain for them: “the anticipated fact that this country—emerging from the victory with tremendous power—would have profound new responsibilities in connection with practically all vital problems of world affairs and would have to state a policy or at least express an attitude on such problems.”

Back then “to state a policy” normally meant massive government intervention through regulatory bodies. At the international level this would mean, as Professor George A. Finch suggested in 1937, that “a ‘new deal’ in international relations . . . would seem to be worth trying.”

The committee planners saw the history of the international realm in terms analogous to the history of the United States. The question “How do we obtain what we want?” had a clear answer: Let’s give to the world a federal pact that would restrict protectionism among nations, as the Commerce Clause did among the states of the Union; moreover let’s also create a centralized international bureaucracy that would assure a harmonious economic order inspired by the New Deal.

A Global Commerce Clause

The Commerce Clause of the U.S. Constitution served as the perfect analogy. The “dormant commerce clause” doctrine permitted the commercial unity of the country. Traditionally the Supreme Court has interpreted article I, Section 8, Clause 3 as a mandate against discriminatory measures taken by the state governments that would imperil the free traffic of goods and services across their frontiers. In other words, that clause has worked as a free-trade charter. (It should be pointed out that the 13 states essentially had a free-trade zone under the Articles of Confederation.)

Why not try a global commerce clause then? The planners only had to take the same rationale one step further, to the international level. This position was clearly stated in 1943 by Charles Bunn, an adviser to the State Department and protégé of Supreme Court Justice Felix Frankfurter. In an address delivered to the American Political Science Association, Bunn quoted the words of the intellectual icon of Progressive jurists, Oliver Wendell Holmes:

I do not think the United States would come to an end if we lost our power to declare an Act of Congress void. I do think the Union would be imperiled if we could not make that declaration as to the laws of the several States. For one in my place sees how often local policy prevails with those who are not trained for national view and how often action is taken that embodies what the Commerce Clause was meant to end.

Bunn then added, arguing in favor of the postwar plans: “The world has grown smaller since Holmes spoke. ‘What the Commerce Clause was meant to end’ has become a burning question between nations. The men who try to solve that question and the people who give them power and support must indeed be trained for more than local views.”

During those years the Commerce Clause was decisive in defining the spheres of exclusive jurisdiction between the states and the federal government. According to Progressive lawyers, the growing power of the corporations had to be controlled at the national level since local officials were not able to control the almighty trusts. They demanded from the Supreme Court a broader interpretation of the Commerce Clause to permit nationwide intervention in those realms that had been traditionally under the power of state governments. A “living constitution” must evolve with the “economic reality” of industrial capitalism, they maintained. In that spirit the New Deal lawyer Robert L. Stern had written an influential piece in the Harvard Law Review defining the Commerce Clause as “the great unifying clause of the Constitution.”

We can find the same analogy Bunn drew in many works of the scholars who influenced the framing of the postwar project. Among the best known is Clarence K. Streit’s Union Now (1939), which had a huge impact on the foreign-policy establishment. Streit defended the idea of an Atlantic federation that would form a “union customs-free economy,” resembling the historical example of the American Constitution. In Streit’s own words: “It is the kind of interstate government that Lincoln, to distinguish it from the opposing type of government of, by and for states, called ‘government of the people, by the people, for the people.’ It is the way that I call Union.”

Economic Union

Directly influential on the designing of the world trade regime was Otto Todd Mallery’s book Economic Union and Durable Peace (1943). Mallery was among the leading advocates of interventionist federal policies. (See Murray N. Rothbard’s America’s Great Depression, chapter 7). Inspired by Streit, Mallery saw a clear analogy with the opus of the constitutional framers. His book advocated an economic union among nations, governed by an international board structured on the model of the International Labor Organization:

Let Economic Union become the American way of life. “Union” is a glorious word in American history. “The Union, it must be formed,” said the Founding Fathers. “The Union, it must be preserved,” said Andrew Jackson in glowing words. “The Union for-ever,” echoed the boys of 1861 with lusty fervor. To “Union” prefix “Economic.” Not yet is “Economic Union” charged with the same emotion, for it has not been died for, or even lived for.

The Progressive intelligentsia made crystal clear that they wanted a technocratic world government, modeled after the New Deal agencies. Max Lerner (many times adviser to the State Department and in later years a vocal opponent of what he called “the Mises-Hayek school”) could not have been clearer in a widely read 1941 essay:

The American Constitution, with its emphasis upon separate powers . . . is a poor model for a world state. . . . The essence of government today is to be found in a fusion between the consultative, the technical, and the administrative. . . . [T]he measure of our capacity to survive has been our capacity to move away from our earlier Congressional government and our later government by judiciary, toward a newer executive and administrative process. What is true of the American national state must be even truer of the world centralism we are envisaging.

In 1934 Leland Rex Robinson, a member of the Tariff Commission, while writing in favor of Hull’s reforms of trade policy also summarized its underlying ideological consensus: “The so-called ‘liberal’ of a hundred years ago was busy repealing restrictions which limited the gainful activities and discouraged the enterprise of individuals. The ‘liberal’ of today is more likely to be busy thinking out new schemes of political control.”

This ideological environment surrounded the work of the postwar committees of the State Department. Major academic publications, such as the American Journal of International Law and the American Political Science Review, were in those days full of projects for international bureaucratic organizations. Many intellectuals involved in the debate were in close contact with the committees or became members themselves.

The conceptual reference for the work of the postwar planners was the Atlantic Charter of 1941. That treaty—signed by the U.S. and British governments as a prewar arrangement—was aimed, according to its own text, at securing “the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security.” As Elizabeth Borgwardt wrote in her book A New Deal for the World (2005), the “framing of the Atlantic Charter echoed [the] New Deal-inspired synthesis of political and economic provisions.”

The project for a new trade order saw the light of day in 1945 with the “Proposals for Consideration by an International Conference on International Trade and Employment,” known also as the “American Proposal.” Not surprisingly, the proposal called for the creation of an international organization aimed not only at controlling commercial disputes between nations but also at “curbing the restrictive trade practices resulting from private international business arrangements.” The result was the Havana Charter of 1947, which mandated the creation of the International Trade Organization (ITO), something like a worldwide Federal Trade Commission. The American economist Clair Wilcox, chairman of the Havana conference, put it boldly when he wrote that the principles of the Charter were fully compatible with those of “the Sherman Act of 1890 as interpreted by the Supreme Court under the rule of reason.”

Fortunately, the Havana Charter was never ratified by the U.S. Congress and the ITO never was created. That saved us from a worldwide “fatal conceit,” as Hayek would have put it. However, the members of GATT (the General Agreement on Tariffs and Trade) used this provisional protocol as a plan B for many decades, until the creation of the World Trade Organization (WTO) in 1995. The WTO was the final fulfillment of a suspended project. This international agency has served to foster corporate interests from the United States and the European Union, favoring free trade on occasion. More often it has been useful for imposing “intellectual property” protectionism on poor countries, while legitimizing agricultural protectionism in rich ones.

Instead of Cobden-Bastiat-Mises-Hayek free trade, we’ve had Hull-Mallery-Lerner managed trade, the fulfillment of the New Deal on an international level.

The New Deal of World Trade, en The Freeman

Aparicio Caicedo publica en el número de junio de la revista estadounidense, The Freeman, el artículo titulado “The New Deal of World Trade”, que es una síntesis de su libro El New Deal del Comercio Global:

Much has been said about the ideological origins of the postwar world trade order, but few words have been written on the ideological background of its framers, a group of Progressive lawyers and economists working secretly on the postwar planning committees of the State Department during World War II. Their panacea had little in common with Richard Cobden’s or Frédéric Bastiat’s free-trade teachings. They wanted trade relations regulated through global bureaucratic agencies—in Murray Rothbard’s words, through “the mercantilist-managerial apparatus of global economic control.” Their ideological footprint is still deeply embedded in the system.

Lee el artículo completo….

El discurso anticapitalista del franquismo

Por Aparicio Caicedo 

Mientras más lo investigas, más se parecen. Me refiero a los dos mayores enemigos doctrinales del liberalismo: el fascismo y el socialismo. Y, desde luego, ambas corrientes se declararon y declaran enemigas del capitalismo. ¿Por qué? Básicamente porque las dos corrientes son manifestaciones elaboradas de nuestros instintos tribales más básicos, de esa parte de nosotros que se rebela contra la incertidumbre del cambio hacia una sociedad más abierta, hacia una sociedad más capitalista, hacia una sociedad de individuos libres y responsables.

Si no me creen, vean este discurso del Secretario General de la Falange, movimiento fundamental en el régimen del dictador Franco, pronunciado en 1945. Contiene todos los clichés demagógicos que se pueden escuchar en un discurso de Chávez, Correa o Evo: que el capitalismo pone al capital sobre el ser humano, que no se puede tratar el trabajo como una mercancía, que el capitalismo es malo malísimo, blablabla.

Bien lo señaló Popper, en La Sociedad Abierta y sus Enemigos:

“El totalitarismo moderno es sólo un episodio dentro de la eterna rebelión contra la libertad y la razón. Se distingue de los episodios más antiguos, no tanto por su ideología como por el hecho de que sus jefes lograron realizar uno de los sueños más osados de sus predecesores, a saber, convertir la rebelión contra la verdad en un movimiento popular…”.

Decía con razón Hayek que “la idea de colocar de nuevo a la humanidad bajo el imperio de sus primitivos instintos es una proposición históricamente tan recurrente como la lluvia en la naturaleza”.

El Orden Espontáneo según Hayek (for dummies) I

El Orden Espontáneo según Hayek (for dummies) I

Por Aparicio Caicedo C. 

¿Por qué es importante Hayek?

Friedrich Hayek fue el primer economista liberal en aventurarse profundamente fuera de la ciencia económica, a los terrenos de la ciencia política y jurídica. Y su principal aporte consiste, en consecuencia, en haber encontrado los puntos de convergencia entre dichas disciplinas.

Hayek resucitó un concepto indispensable para comprender la forma en la que funciona la sociedad: el orden espontáneo. Resucitó así una tradición de estudio que comenzó con la ilustración escocesa y que fue cultivada por algunos pensadores liberales decimonónicos, pero que luego resultó marginada por las corrientes colectivistas durante la mayor parte del siglo XX.

Me atrevería a decir que el elemento que define hoy a los “liberales”, desde una perspectiva intelectual, es la defensa tácita o expresa de la existencia de un “orden espontáneo” frente a los distintos tipos de dirigismos centralistas. Y es necesario leer a Hayek para comprender en hondura eso que defendemos.

¿Qué es el orden espontáneo?

Su sola mención levanta miradas condescendientes. A unos le suena a puro misticismo, otros dicen que es una noción de raíz religiosa, o iusnaturalista. En el mejor de los casos recibirás un comentario burlón sobre la famosa metáfora de Adam Smith de la “mano invisible”. La culpa es de esto no es de quien toma dicha actitud, sino de una tradición intelectual dominante que se ha movido en conceptos muy estrechos, incoherentes con la realidad, según los cuales toda institución humana ha sido creada en algún momento por alguien y toda sociedad necesita de una dirección centralizada para progresar. Lo contrario, se dice, es hablar de “anarquía del capital” o alguna chorrada por el estilo.

Por “orden espontáneo” Hayek se refiere a aquellos procesos sociales en el que interactúan una cantidad indeterminada de individuos, cada uno siguiendo fines particulares, sin sujeción a la dirección de nadie en particular, aunque sí sujetos a ciertas normas de carácter abstracto y universal que permiten una coordinación mutua, basada en una división del trabajo mucho más benéfica para el conjunto que la que resultaría de otros esquemas de planificación centralizada.

Pilas con este vídeo, que lo explica muy bien:

Solo miren a su alrededor, y encontrarán un ejemplo

Para comprender esto, les sugiero un ejercicio. Ahora mismo estarán viendo este texto en un computador personal, o quizá en un Ipad. Pregúntense de dónde salió el material del que está hecha la pantalla, si es que saben de qué material está hecha. También pregúntese quién ensambló la máquina, de dónde salió la tinta con la que imprimieron las letras en las teclas, o quién fabricó los metales de los que están hechos los circuitos de hardware, qué empresa provee de materiales al fabricante, en qué minas se extrae el mineral del que está compuesta la batería; o cómo es que todo esto me permite a mí escribir, comunicarme, guardar fotos, procesar información, sin que yo tenga la más mínima idea informática, de electrónica, de tintas, de minerales, de comercio internacional, etcétera. Piensen cómo es posible que tantas personas alrededor del mundo, en momentos distintos, con fines personales distintos, hablando lenguas distintas, con distintos gobiernos, sin conocerse entre ellos, hayan preparado todos los elementos por separado y llevado a cabo un proceso complejísimo para que ustedes aquí y ahora estén leyendo este texto sin tener la más remota idea de todo aquello.

Ese artefacto que tienen al frente, señores, es el fruto de un orden de carácter espontáneo que recibe el nombre de “mercado” y que depende para su correcto funcionamiento de ciertas instituciones (derechos de propiedad, respeto a los contratos, moneda, normas mercantiles, lenguaje) y de una diversidad inabarcable de emprendedores especializados que se coordinan a través de distintos mecanismos para satisfacer mutuamente sus necesidades.

De manera gráfica explica este vídeo la cantidad de conocimiento acumulado que hay en un solo Smatphone, y la gigantesca coordinación del esfuerzo de tantas personas distintas que se necesita para crearlo:

No hay ningún burócrata que diga cuánto coltán tienen que producir las minas en Bolivia para que se fabriquen la baterías de determinado número de Ipads en China, ni cómo deben ser diseñados estos aparatos en California, ni si serán comprados por personas en Berlín, Lima y Madrid. El Ipad que tenemos en nuestras manos es producido gracias a la coordinación espontánea (no dirigida centralmente) de un número indeterminado de personas que en la mayoría de los casos ni se conocen entre sí, pero que encuentran coordinación gracias al respeto de normas e instituciones básicas: esto es mío y esto es tuyo (derecho de propiedad), podemos intercambiar por mutuo consentimiento (normas contractuales), lo que yo quiero es determinada cantidad de dinero (pago en moneda), y te pido tal cantidad porque es igual o más de lo que otros están dispuesto a pagar por lo mismo (precios de mercado), etc.

La importancia de las instituciones

Hayek pudo apreciar la enorme complejidad y capacidad organizativa del mercado como economista, específicamente gracias a la influencia de pensadores como Ludwig von Mises, quien demostró en la década de 1920 que el socialismo estaba avocado al fracaso porque carece de los mecanismo de coordinación empresarial del libre mercado (precios, libre oferta y demandada, propiedad privada, etc.). Hayek pudo apreciar que el mercado ha podido llegar a esos niveles de eficacia organizativa gracias al desarrollo de instituciones (conductas pautadas de aceptación general) a lo largo de muchas generaciones, tales como el derecho de propiedad, el derecho contractual, los usos mercantiles, o la moneda. Tomó consciencia de que la mayoría de estas instituciones no fueron inventadas en un momento concreto por una persona o grupo de personas concretas, sino que son el producto no deliberado de un proceso evolutivo que a menudo toma muchísimas generaciones. Y se inspiró en la obra del fundador de la Escuela Austriaca de Economía, Carl Menger, quien demostró el origen evolutivo y no deliberado del sistema monetario imperante hasta entonces (el patrón oro).

Dichas instituciones las tenemos tan interiorizadas que las seguimos sin que seamos conscientes de ellas, ni de su importancia trascendental en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Más aún, estudiando también economía se percató de la inabarcable complejidad de las sociedades modernas, y de la imposibilidad de que las normas que las rigen puedan ser diseñados en un momento histórico determinado, porque ninguna mente humana sería capaz de procesar la información necesaria para tal fin. La mayoría de las intervenciones y subversión de estas instituciones, por parte del Gobierno, se da por lo que él llama “fatal arrogancia”: la falsa idea de poseer el conocimiento y capacidad necesaria para alterar la sociedad de acuerdo a nuestras preferencias pasajeras.

Sin estas instituciones, no podríamos tomar café o estudiar en la cafetería

La mayoría de normas que rigen las actividades más básicas de nuestras vidas son normas abstractas que se han desarrollado generación tras generación, que cumplimos aún sin conocer su trasfondo teórico o histórico. Tomen nuevamente el ejemplo del Ipad. Imaginen que están en una cafetería con Internet gratuito, y que hay muchos estudiantes a su alrededor con distintos dispositivos. No nos damos cuenta, pero todo eso es posible debido al respeto inconsciente de un puñado de normas de alguna complejidad. Ninguno de los que está ahí es un civilista conocedor del código de Andrés Bello, pero están ahí bajo la convicción de que nadie le quitará de sus manos el Ipad y se irá con él. Y saben también que pueden ir a la caja a pedir un café a cambio de dinero, y que a partir de que realice esa transacción el café será suyo y el dinero ya no. Reclamarán sin duda si le dan un café que esté en malas condiciones, porque saben casi instintivamente que tienen derecho a hacerlo, por más de que no hayas cruzado más de media palabra con el empleado de la cafetería. Muchos etcéteras.

Piensen, por un segundo, todos los contratos que celebran al salir de su casa en un día cualquiera, y todo lo que dan por descontado en ellos. Verán.

Todas estas cosas resultan obvias así puestas. Pero si nos ponemos a analizarlas no lo son tanto. Porque los estudiantes del café saben, aunque no lo puedan articular con palabras precisas, que tienen un derecho de propiedad sobre el artefacto que usan o sobre la tasa de café que se toman, que se deriva de haberla adquirido de forma legítima de la tienda que se lo vendió, con la que celebró un contrato de compraventa, y que esta tienda la adquirió a su vez de una fábrica, que celebró contrato con sus proveedores que adquirieron la propiedad de esos insumos por apropiación original al explotar una mina o una plantación, etc. Sabe instintivamente que esa propiedad la ejerce gracias a que el antiguo propietario le cedió voluntariamente sus derechos sobre la cosa a cambio de un monto específico de dinero. Sabe que esto le da derecho a excluir a terceros del uso del Ipad, o a permitírselo a otras personas en determinadas circunstancias. Y lo mismo pasa con el café. Y es gracias a esta y muchas más instituciones interiorizadas en nuestra vida cotidiana que existe un orden en esa cafetería, por esa razón que no empieza una batalla de todos contra todos por los Ipads o el dinero de los demás, ni por el café que sirven en el mostrador. Hay un orden porque todos ahí se someten pacíficamente a pautas de comportamiento que limitan su conducta que tienen una importancia fundamental para ellos, normas abstractas tan importantes que todos se alarmarían y condenarían rápidamente a cualquiera que rompa estas normas (en caso de un robo de los Ipads, por ejemplo). Y, sin embargo, ninguno de ellos podría articular claramente, ni explicar la naturaleza teórica e histórica de aquellas normas que siguen cuidadosamente y cuyo respeto por parte de terceros dan por descontado. Pregunten en un café de estudiantes, si no me creen, sobre fundamento jurídico último de los derechos de propiedad, aunque paradójicamente verán que se respetan a rajatabla esas normas que pocos pueden articular.

Sin derecho de propiedad, por ejemplo, sería imposible el intercambio comercial, y no tendríamos ni Ipads, ni PCs, ni tan siquiera cuadernos donde anotar ideas. Porque si el fabricante chino no está seguro de que la producción le pertenecería, no se metería a producirla, y no hubiera conseguido ni siquiera insumos, porque sus proveedores de minerales determinados tampoco lo abastecerían, ya que para qué van a extraer estos metales si no serían suyos y se los arrebatarían, etc. Sin embargo, en el mundo real, los intereses de todas estas personas se coordinan de tal manera que todos colaboran porque saben que son dueños de los que poseen y que lo pueden vender y así obtener una ganancia. El orden espontáneo del mercado, cuyo funcionamiento damos por hecho todos los días, se vendría abajo el momento que esas normas tan complejas que nadie puede articular en su totalidad desaparezcan. Sería como si los pilares de un edificio se desmoronaran.

Continuará….