Muy bueno el artículo de hoy de Mario Vargas-Llosa, “Avatares de la marihuana”, sobre la ocurrido con la “Prop. 19”. Como muchos saben ganó el “no” a la posibilidad planteada en referéndum de legalizar el uso, producción y comercialización del cannabis en el estado de California. Las reflexiones de V. Ll. me recuerdan también que esa propuesta partió de un enfoque equivocado.

Jeffry A. Miron, profesor de Harvard, ha señalado que el fracaso del referéndum se debió a errores en la estrategia de sus patrocinadores, quienes inflaron demagogicamente la trascendencia de la propuesta. Básicamente porque la legalización de la marihuana no acabará con la violencia derivada del narcotráfico. La violencia está mucho más relacionada con el tráfico de cocaína y metanfetaminas, productos muchos más lucrativos que son los que nutren las arcas que “el narco” invierte en balas y sobornos. Por otra parte, Miron señala que la suba en la recaudación fiscal no sería tan significativa como se mantiene.

Me parecen acertadas las observaciones de Miron, pero creo que hay una cuestión de fondo mucho más importante. El enfoque que se dio estuvo viciado desde el principio. Porque la criminalización del consumo de marihuana no es una cuestión cuya ilegitimidad dependa de los vaivenes democráticos. Se trata de una cuestión de inconstitucionalidad, porque el Estado, si nos ceñimos a los principios básicos de la mayoría de regímenes constitucionales, no puede ni debe castigar al individuo por los llamados “crímenes sin víctima”, por actos que no afectan a terceros. Es lo primero que debemos tener presente en este debate, porque la guerra contra las drogas es, ante todo, inconstitucional, una restricción ilegítima de la libertad, además de ineficaz y nociva.

La legitimidad del asunto no depende de la estadística electoral, y da igual que el 90 por ciento de la población piense o no igual. Porque el 90 por ciento de la población de una provincia española o argentina puede pensar que la homosexualidad es una aberración que merece castigo, y no por ello vamos a criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo (como se hace en aún Estados no constitucionales como Irán, Arabia Saudí, etc.).  No lo haremos porque sabemos que el Estado simplemente no es competente para ello, porque no puede imponerme códigos morales o simples prejuicios ajenos. Sabemos que las decisiones afectivas, recreativas y sexuales de cada persona son únicamente dependientes de su propia consciencia, siempre que no se cruce la frontera de los derechos ajenos. Y, con añadido estético, Vargas Llosa lo deja crystal clear:

“No tengo la menor simpatía por las drogas, blandas o duras, y la persona del drogado, como la del borracho, me resulta bastante desagradable, la verdad, además de cargosa y aburrida. Pero también me disgusta profundamente la gente que en mi delante se escarba la nariz con los dedos o usa mondadientes o come frutas con pepitas y hollejos y no se me ocurriría pedir una ley que les prohíba hacerlo y los castigue con la cárcel si lo hacen. Por eso, no veo por qué tendría el Estado que prohibir que una persona adulta y dueña de su razón decida hacerse daño a sí misma, por ejemplo, fumando porros, jalando coca, o embutiéndose pastillas de éxtasis si eso le gusta o alivia su frustración o su desidia. La libertad del individuo no puede significar el derecho de poder hacer solo cosas buenas y saludables, sino, también, cosas que no lo sean, a condición, claro está, de que esas cosas no dañen o perjudiquen a los demás. Esa política, que se aplica al consumo de tabaco y alcohol, debería también regir el consumo de drogas. Es peligrosísimo que el Estado empiece a decidir lo que es bueno y saludable y malo y dañino, porque esas decisiones significan una intromisión en la libertad individual, principio fundamental de una sociedad democrática. Por ese camino se puede llegar insensiblemente a la desaparición de la soberanía individual y a una forma encubierta de dictadura. Y las dictaduras, ya lo sabemos, son infinitamente más mortíferas para los ciudadanos que los peores estupefacientes”.

Por ello creo que la Prop. 19 nace de un error esencial, porque somete a certificación democrática una cuestión que no depende de la opinión de mayorías o minorías en algún momento dado; por el contrario, es un tema que debe enfocarse en términos de principios constitucionales básicos de un Estado de Derecho, ante los tribunales. La pregunta no hacía falta hacerla, porque ya había sido respondida por la Constitución.

Y nos debería preocupar a todos este tema, independientemente de lo que consumamos o no. Porque hoy nos dicen lo que debemos consumir, pero así también es cómo nos dicen en qué debemos gastar nuestro dinero,  lo que podemos producir, o dónde mandamos a nuestros hijos a estudiar, así es cómo nos terminan diciendo qué leer o qué escribir. Cuando son nuestros prejuicios los que se convierten en leyes no nos importa mucho, pero cuando lo mismo pasa con prejuicios ajenos sí que nos importa.

Se suma esto al hecho de que muchas de las leyes más rimbombantes para combatir el narcotráfico tienen como fin oculto el control del flujo trasnacional de capitales privados, para saciar mejor al fisco.

4 thoughts on “La esencia del error de la Prop. 19

  1. Pues lo llevamos crudo… aquí, a partir del 1 de enero del año que viene, “El fumar se va a acabar” como dirían los del anuncio.

    Grandes verdades las de Vargas Llosa.

    La intromisión de “papacito estado” en la vida de cada uno se está volviendo cada vez mayor. Y lo peor es que nos los venden como algo que “Es por nuestro bien”.
    Entiendo que cuando se educa a un niño pequeño se le prohiban ciertas cosas “por su bien”. Pero cuando hablamos de adultos y de conductas que no dañan a terceros, ¿quién es el estado para decirnos como vivir?

    Dentro de poco, nada más nacer, se nos meterá en burbujas de plástico, pues como respirar mata, y es “por nuestro bien”, se nos prohibirá incluso eso.

    Así nos va.

    Un Saludo felino
    Miau
    Pd.- Acabas de ganar un seguidor más a tu blog😉

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