Wikileaks ha reafirmado algo que algunos ya sabían: Albert Jay Nock tenía razón, “nuestro enemigo es el Estado”. La diplomacia es sólo otra de las caras de un leviatán eternamente rendido ante los intereses particulares, la burocracia de siempre pero con más pompa.

Lo novedoso del cablegate son los ejemplos que aporta. Las comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos en España revelan una vehemente preocupación por el cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual en suelo ibérico. En uno de esos cables llegan a señalar con detalles algunas webs “piratas” locales. ¿En qué momento las embajadas se convirtieron en agencias protectoras de los derechos de productoras y discográficas?, ¿es eso crucial para los ciudadanos estadounidenses?, ¿tiene alguna relevancia para preservar la Pax Americana?, ¿sirve al menos a los intereses de España y/o los españoles?

Punto a aclarar: la propiedad intelectual es una institución proteccionista, y nada tiene que ver con la protección de la innovación tecnológica o artística. Tampoco constituye un requisito insoslayable “de la creación intelectual” (esta cita sale de una declaración de ZP, recogida en uno de los cables). Esa es simplemente la tapadera. De hecho, los términos “propiedad” y “piratería” no son más que eufemismos empleados con fines propagandísticos; sirven para colocar a quien se descarga una canción en la misma condición de un vil y degenerado cuatrero al que hay que perseguir y castigar.

Lo correcto sería hablar de “monopolio intelectual”, porque los copyrights y las patentes, por ejemplo, constituyen un privilegio de uso y explotación económica establecido por el Estado en favor de una o varias personas, un privilegio legal que interfiere y regula la libre utilización y reproducción de ideas por parte de terceros. Esto suena muy distinto. Visto así, al menos, nos damos cuenta de que la persona que descarga una canción sólo viola un privilegio, sin vulnerar la vida, la libertad o la propiedad de absolutamente nadie.

Todo esto lo cuenta muy bien el libro de Stephan Kinsella, Against Intellectual Property (Mises Institute, 2008), un agudo ataque argumentativo a las premisas habituales de quienes defienden la PI como institución necesaria en términos éticos y prácticos. Y también recomiendo la obra de Michele Boldrin y David K. Levine, Against Intellectual Monopoly (Cambridge University Press, 2008). Hay quien señala incluso que las patentes, la joya de la corona del proteccionismo intelectual, no sólo no fomentan la innovación, sino que incluso la retrasa y encarece en áreas de máxima importancia como la sanidad.

Lo mismo se aplica a los tratados de “libre comercio” negociados por los EEUU y la UE por todo el mundo, que constituyen un decálogo interminable de compromisos en materia de PI para imponer medidas intervencionistas, contrarias a la lógica básica del liberalismo económico, y que requieren el engorde del andamiaje burocrático.  ¿A quién favorecen estos pactos? A nadie más que a algunas cuantas empresas con dinero para pagar ejércitos de lobbistas en Washington, Bruselas o Madrid, con influencia política para movilizar a todo un aparato diplomático en defensa de sus privilegios.

Como señala Sheldon Richman, editor de The Free Man,  Washington parece empeñado en exporting bigger government a otros países, en beneficio de powerful business interests.

¿Qué tiene que hacer la diplomacia americana defendiendo los intereses de Bisbal?

One thought on “Wikileaks: diplomáticos trabajan para Bisbal

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