Por Robert Higgs, senior scholar del Independent Institute, y autor de Crisis and Leviathan (Oxford University Press, 1987), Depression, War and Cold War (Oxford University Press, 2006) y Neither Liberty nor Safety (Independent Insitue, 2007). Traducido por Tartufocracia.com del original en inglés.

Todos los animales experimentan miedo—los seres humanos, probablemente, más que todos los demás. Cualquier animal incapaz de sentir miedo tendría muy pocas probabilidades de sobrevivir, sin importar su tamaño, rapidez o cualquier otro atributo. El miedo nos alerta de aquellos peligros que amenazan nuestro bienestar y en ocasiones incluso nuestras propias vidas. Ante la sensación de miedo reaccionamos huyendo, escondiéndonos o preparándonos para repeler la amenaza. Despreciar el miedo es exponernos a nosotros mismos a la posibilidad de un riesgo mortal. Decir a otros que no teman es darles un consejo que no pueden seguir (Bloom 2004, 82-84). Incluso los hombres que se desempeñan heroicamente en el campo de batalla, si son honestos, admiten que sienten miedo. “Sería él algún tipo de persona perturbada o insensible”, escribió Aristóteles, “si él no temiese nada, ni los terremotos ni las olas”. Nuestra desarrollada cubierta sicológica y fisiológica nos predispone a temer las amenazas actuales o potenciales, incluso aquellas que existen sólo en nuestra propia imaginación.

“Y tendrás la vida pendiente de un hilo; y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida”. (Deuteronomio 28:66)

Las personas que tienen la desfachatez de gobernarnos, que se atreven a llamarse a sí mismos gobernantes, entienden este hecho básico de la naturaleza humana. Lo explotan, lo promueven. Ya sea que establezcan un Estado militarista o un Estado de bienestar, ellos dependen del miedo para asegurar sumisión pública, para garantizar conformidad con sus mandatos oficiales y, en ocasiones, para lograr cooperación activa con las iniciativas y aventuras del propio Estado (Bloom 2004, 85-93). Sin el miedo del pueblo, ningún Gobierno duraría más de veinticuatro horas[1].

David Hume sostenía que todos los Gobiernos dependen de la opinión pública, y muchos han avalado su posición (e.g. Mises [1927], 1985, 41, 45, 50-51, 180; Rothbard [1965] 2000, 61-62). No obstante, la opinión pública no es la piedra angular del Gobierno. Ésta se asienta en algo más profundo y primigenio: el miedo. Hume reconoció que la opinión pública que sustenta al Gobierno deriva su fuerza de “otros principios”, entre los que incluyó el miedo. No obstante, señaló que tales principios eran simplemente “secundarios”, y “no los principios originales del Gobierno”. Él apuntaba que “ningún hombre tendría razón alguna para temer la furia de un tirano, si [el tirano] no gozase de su autoridad en virtud de nada más que el miedo” ([1777] 1987, 34 cursivas en el original). Avalamos la opinión de Hume, pero sostenemos que, sin importar la clase de relación existente entre el soberano y su guardia real, la autoridad del gobernante sobre la gran masa de sus súbditos se fundamenta esencialmente en el miedo.

Murray Rothbard toma en consideración el miedo en su análisis sobre la anatomía del Estado, catalogando su instigación como “otro mecanismo exitoso” por medio del cual los gobernantes aseguran que sus súbditos acepten o al menos toleren el hecho de ser dominados—“los actuales gobernantes, se decía, proveen a los ciudadanos un servicio esencial por el cual ellos deben estar profundamente agradecidos: protección contra criminales y malhechores esporádicos”  ([1965] 2000, 65). Pero Rothbard no ve al miedo como la base fundamental sobre la que los gobernantes apoyan su supremacía, como yo aquí sostengo. También es cierto que, como diversos académicos han señalado, la ideología es un elemento crítico para el mantenimiento del poder del Gobierno en el largo plazo. No obstante, hasta hoy toda ideología que avala la legitimidad del Gobierno requiere y está imbuida por algún tipo de miedo. A diferencia de Rothbard, quien mira la instigación al miedo como uno más entre los múltiples “mecanismos” que el Gobierno utiliza para mantener controlada a las masas, yo sostengo que el miedo público es condición necesaria (aunque quizá no suficiente) para la viabilidad del Gobierno tal y como lo concebimos en la actualidad[2].

Jack Douglas se aproxima a mi punto de vista cuando señala que los mitos (un término que él usa básicamente de la misma manera que yo uso el término ideologías) “son fundamentalmente la voz de nuestras emociones, las imágenes de nuestras esperanzas y temores pasionales, o de nuestros deseos y odios pasionales” (1989, 220, cursivas añadidas; véase también 313 sobre “el muy poderoso miedo a la muerte que fortalece a todas las demás” [esto es, a las demás pasiones primarias]). En su extensa argumentación sobre el antiguo y omnipresente “mito del Estado de bienestar”, no obstante, Douglas pone más énfasis en el factor esperanza (milenarismo) que en el factor miedo. Yo sostengo en cambio que las ideologías por lo general se centran en la esperanza de la gente en que el Gobierno las libre de sus temores. Como apunta David Altheide, “la gente quiere ser ‘salvada’ y ‘liberada’, pero quiere ser salvada y liberada del miedo, y esto es lo que hace el mensaje de miedo [de los mass media] tan convincente e importante para la política del Gobierno y el tejido de nuestra propia vida social” (2002, 15-16).

No se trata sólo de miedo al Gobierno en sí, sino que también puede tratarse del miedo a aquellos peligros de los cuales el Gobierno pretende protegernos. Lógicamente, puede que algunas de las amenazas antes las cuales los súbditos buscan la protección del Gobierno, para calmar sus temores, sean reales. No estoy sugiriendo que las personas que miran al Gobierno en busca de salvación lo hagan siempre motivadas por una amenaza imaginaria, aunque insisto en que actualmente, si no siempre, muchos de los temores del público surgen bajo el estímulo expreso del propio Gobierno. Bien sea que las personas teman (1) al mismo Gobierno, (2) a los riesgos reales frente a los cuales buscan la protección del Gobierno o (3) a peligros ilusorios frente a los cuales también buscan la misma protección, la importancia relativa de cada una de estas variantes del miedo público ha cambiado en cada momento y lugar. En cada caso, no obstante, el Gobierno ha buscado encausar ese miedo público en su propio provecho[3]. “Dirigir el miedo en una sociedad es equivalente a controlar esa sociedad. Cada era tiene sus miedos, cada gobernante tiene sus enemigos, cada soberano asigna culpas, y cada ciudadano aprende todo esto en forma de propaganda” (Altheide 2002, 17, véase también 56, 91, 126-33, 196, et pássim).

La historia natural del miedo

Miles de años atrás, los primeros grupos organizados catalogables como Gobiernos se impusieron entre la gente primordialmente mediante la guerra y la conquista[4]. Como observa Henry Hazlitt, “podría haber habido en algún lugar, tal como soñaban algunos filósofos del siglo dieciocho, un grupo de hombres pacíficos que se reunieran una tarde después del trabajo y forjaran un Contrato Social para formar un Estado. Pero nadie ha podido encontrar rastro alguno de ello. Prácticamente todos los Gobiernos cuyos orígenes han sido esclarecidos históricamente fueron el resultado de la conquista—de una tribu por otra, de una ciudad por otra, de un pueblo por otro. Desde luego, han existido asambleas constitucionales, pero estas apenas cambiaron las reglas del funcionamiento de Gobiernos ya existentes” ([1976] 1994, 471)[5].

Esta perspectiva sobre el origen del Estado tiene una tradición remota. Mucho tiempo atrás, durante el último cuarto del siglo XI, el Papa Gregorio VII (1073-85), líder de la trascendental Revolución papal que comenzó con su papado y se desarrolló a lo largo de cincuenta años (incluso más tiempo en Inglaterra), escribió: “¿Quién no sabe que los reyes y príncipes derivan su origen de hombres ignorantes de Dios que se elevaron por encima de sus semejantes mediante soberbia, saqueo, traición y asesinato—en pocas palabras, mediante todo tipo de crimen—instigados por el diablo, el príncipe de este mundo; de hombres ciegos de avaricia e intolerables en su audacia?” (cit. en Berman 1983, 110).

Si bien se pueden servir ciertos propósitos analíticos al relacionar el Gobierno con cierta clase de intercambio voluntario entre el gobernante y los gobernados, siguiendo los dictados de la Teoría de la elección pública, o al suponer que el Gobierno puede reflejar “conceptualmente” un “contrato social” unánimemente aceptado, siguiendo las premisas de la Economía constitucional, todas éstas caracterizaciones no atinan a reconocer el “carácter esencialmente coercitivo del Gobierno” y reflejan muy vagamente el proceso histórico de establecimiento del mismo—o el de su función en la actualidad (Yeager 1985, 269-72, 283-85, 291; véase también Olson 2000, 2, 11). La Teoría de la subyugación, en marcado contraste, se asienta en una montaña de evidencia histórica. Como señala Ludwig von Mises, “por miles de años el mundo ha tenido que someterse al yugo de conquistadores militares y señores feudales quienes simplemente daban por hecho que los productos de la labor de otros hombres existían para ser consumidos por ellos”. Más aún, “la suplantación del ideal militarista, que sólo ensalza al guerrero y desprecia el trabajo honesto, no ha sido, bajo ningún supuesto, completamente lograda” ([1927] 1985, 151).

Teme por tu vida y paga tributo al gobernante

Aquellos derrotados que no fueron masacrados durante la conquista tuvieron que soportar las subsecuentes violaciones o pillajes, y en el largo plazo tuvieron que consentir al pago continuo de tributos a sus vehementes gobernantes—los bandoleros estacionarios, como los llama acertadamente Mancur Olson (2000, 6-9). Las personas subyugadas temían por sus vidas, y por muy buenas razones. Ofrecida la alternativa entre perder sus fortunas o sus vidas, tendían lógicamente a preferir el sacrificio de sus fortunas. A partir de entonces surgió la tributación, que podía consistir en bienes, servicios o dinero (Nock [1935], 1973, 19-22)[6]. Por ejemplo, en la Baviera del siglo XIII, quizás el más avanzado de todos los principados germanos de la época, “se le imponía tributos a toda la población del ducado, libres y esclavos, seculares y clericales; y los impuestos eran administrados por un cuerpo de oficiales ducales” (Berman 1983, 510). Max Spindler subraya que esta “obligación tributaria… tornaba palpable la existencia y la soberanía del Estado para cada una de las personas” (de un escrito de 1937 en alemán, cit. traducida en Berman, 1983, 510).

Los pueblos subyugados lógicamente acumulan resentimiento contra el Gobierno que los domina, así como contra los tributos y demás violaciones sufridas. Ese pueblo irritado fácilmente se torna impaciente, y aprovechará cualquier oportunidad que se presente para liberarse del yugo de su opresor. Un ejemplo histórico basta para demostrar claramente la validez de este punto. “A comienzos del siglo XIII, el rey Canuto II [de Dinamarca] trató de establecer impuestos, recolectar multas y, en general, ejercer su autoridad real, pero fue derrocado y asesinado” (Bernam, 1983, 515). Más aún, incluso también en los pueblos reacios a la rebelión y a la resistencia abierta se lucha silenciosamente para evitar las cargas impuestas por sus gobernantes y para inutilizar su aparato de Gobierno. Como observó Machiavelli, el conquistador que “no gestiona este asunto bien, perderá pronto todo lo que ha ganado y, si es que lo retiene, encontrará en esta cuestión problemas y malestares sin fin” ([1927], 1992, 5). Para los bandoleros estacionarios, por tanto, la mera fuerza constituye un medio muy costoso para mantener al pueblo volcando un constante y substancial flujo de tributos. Por ello, si los gobernantes quieren mantener su depredación a un coste tolerable, deben preocuparse por ganar legitimidad (Mises [1927], 1985, 41, 45, 50-51, 180).

Teme por tu alma y paga tributo al gobernante

Tarde o temprano todo Gobierno potencia el poder de su espada con el poder de la religión, forjando una alianza de hierro entre el trono y el altar. Los sacerdotes fueron los que “elaboraron los textos sagrados pretendiendo explicar cómo el mundo fue creado, cómo Dios decretó el poder de los soberanos, cómo el rey era necesario para el bienestar de todos, cómo esto y cómo aquello” (Douglas 1989, 129, véase también 153, 325, et pássim). En tiempos ancestrales, no era poco común que los soberanos se declaren dioses—los faraones del antiguo Egipto así lo proclamaron por siglos—o bien descendientes de los dioses, o al menos representantes terrenales de los dioses (63, 107, 129). Cuando Carlomagno fue coronado emperador en el año 800, tomó el título de “Carlos, serenísimo augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador, que gobierna el imperio romano” (Berman 1983, 603). Las doctrinas sobre el origen divino de los reyes tienen raíces históricas muy profundas en diversas partes del mundo. En la civilización occidental, estas doctrinas recibieron un fuerte apoyo a comienzos del siglo V en la Ciudad de Dios de San Agustín, llegaron a su apogeo durante el siglo XVII, con los escritos de Jacques-Benigne Bossuet especialmente dedicados a Luis XIV; y no declinaron—considerando que lo hubieran hecho—hasta la Revolución francesa (Hooker 1996). Incluso durante los días de la Primera guerra mundial, el Káiser Guillermo alentaba a sus tropas señalando: “Recuerden que el pueblo alemán es el pueblo elegido por Dios. En mí, en mí como emperador alemán, ha descendido el espíritu de Dios. Yo soy su arma, su espada, su yelmo” (cit. en Skidelsky 2005). En la medida que los súbditos puedan ser inducidos a temer no sólo la fuerza preponderante del gobernante sino también la de la autoridad sobrenatural—empujados, en palabras de Harold Berman, a creer “en su carácter sagrado y sus poderes milagrosos” (1983, 406), el soberano gana una amplia capacidad para intimidar al pueblo.

Más aún, siempre que la gente crea en una vida póstuma, donde podrán deshacerse de sus pesares y contrariedades, el sacerdote mantendrá una posición privilegiada para prescribir la clase de comportamiento en el presente que nos servirá para asegurarnos una condición placentera en la siguiente vida. Refiriéndose en su personal estilo a la Iglesia Católica, Machiavelli destacó ese “poder espiritual del cual se adquiere una autoridad tan vigorosa” ([1513] 1992, 7), y ensalzó a Fernando de Aragón, quien, “siempre disfrazándose con la tapadera de la religión… ha recurrido a lo que puede llamarse crueldad piadosa” (56, cursivas en el original)[7]. Para los católicos romanos, “la Iglesia, y más específicamente el Papa, se considera con jurisdicción sobre el purgatorio… [y] el tiempo de permanencia en el purgatorio puede ser reducido mediante decisión clerical” (Berman 1983, 171).  Ese poder eclesiástico puede ser usado—y menudo lo ha sido—para inducir a la gente a alinearse con proyectos que sirven intereses seculares y espirituales muy específicos. Por ejemplo, “con la aparición de la monarquía papal a finales del siglo undécimo, el Concejo de Clermont dirigido por el Papa Urbano II concedió la primera ‘indulgencia plenaria’, absolviendo a todos aquellos que participarían en la Primera cruzada de la obligación de responder en el purgatorio por todos los pecados cometidos antes de su ingreso en el santo ejército de cruzados” (171). En nuestros días, un ejemplo similar se puede encontrar en el apoyo que los evangelistas protestantes han dado al militarismo en general y a las guerras recientes de Estados Unidos contra Irak en particular (Bacevich 2005a, 122-46), apoyo que la administración de George W. Bush ha promovido y aprovechado activamente, contando con la derecha religiosa como una parte clave de la plataforma electoral del Partido Republicano.

Naturalmente, los guerreros y los sacerdotes casi siempre se convierten en cooperantes mutuos en el aparato de Gobierno. En la Europa occidental medieval, desde el siglo VI hasta el XI, los gobernantes seculares dominaron la Iglesia y nombraron a las altas autoridades eclesiásticas. Incluso después de la Revolución papal, en la que la Iglesia estableció su independencia institucional y ganó el poder para elegir al Papa y nombrar obispos, los miembros del clero y los gobernantes seglares siguieron entrelazándose en un sinnúmero de maneras, sin contar con el frecuente parentesco cercano existente entre sus principales autoridades. Aún a pesar de que la curia en ocasiones se enfrentó a la autoridad secular, su relación normalmente consistió en cooperación y apoyo mutuo[8]. Y esta cercana relación entre el trono y el altar no terminó con la Reforma protestante. De hecho, aún persiste en las sociedades más laicas de la actualidad.

Por tanto, el factor militar de los Gobiernos inspiró el miedo en las personas por el destino de sus vidas, y el factor sacerdotal inspiró miedo por el destino de sus almas eternas. Estos dos miedos se fundieron en una poderosa combinación—suficiente para apuntalar el Gobierno en todas partes del mundo por muchos milenios.

Acude al gobernante por protección y págale tributo.

A lo largo de eras, los Gobiernos refinaron su modo de apelar al miedo popular, promoviendo una ideología que enfatiza la vulnerabilidad de la gente ante una variedad de peligros internos y externos, frente a los cuales los gobernantes se presentan como protectores (Higgs 2002). Los Gobiernos, se dice, protegen a la población de los ataques externos y de los desmanes internos, y ambos supuestos son enmarcados como amenazas siempre presentes (Rothbard [1965] 2000, 65). Algunas veces el Gobierno, como queriendo nutrir esta mitología con gramos de verdad, protege de hecho a la gente de esta forma—hasta los pastores protegen a las ovejas, pero lo hacen para servir su propio beneficio, no el de las ovejas, y cuando llega el momento no dudan en trasquilarlas y sacrificarlas de acuerdo a lo que dicten sus intereses.

Olson describe en términos muy sencillos por qué el bandolero estacionario puede descubrir que conviene a sus intereses invertir en bienes públicos (los mejores ejemplos son la noción doméstica de “ley y orden” y la de “defensa del reino”) que potencian la productividad de sus súbditos. En síntesis, el gobernante hace eso cuando el valor real de los ingresos tributarios adicionales, previstos a ser colectados de una población más productiva, excede el coste de la inversión que hace que la gente sea más productiva (2000, 9-10). Y en ocasiones, también, el gobernante cobra directamente por el uso de ese “bien público”. Por ejemplo, “la introducción del sistema de royal law en Inglaterra [por el gobernante anglo-normando Enrique II] fue en parte un medio para enriquecer las arcas reales y el poder de la corona a expensas no sólo de los barones y clérigos sino también de la población en general” (Berman, 1983, 439)[9].

Robert Bates estima que en Europa occidental los reyes llegaban a acuerdos con los mercaderes y los burgueses, intercambiando privilegios comerciales y “libertades” por un abundante flujo de ingresos tributarios, para  poder dominar a las incesablemente belicosas dinastías rurales y por tanto poder pacificar el campo (2001, 56-69, 102)[10]. Desafortunadamente, aquellos reyes que tomaban estas medidas tenían las mismas intenciones que los reformistas Mieji tenían en el Japón del siglo XIX cuando adoptaron el eslogan de “nación rica, ejército fuerte” (Kuroda, 1997). Como reconoce Bates, los reyes buscaban aumentar sus ingresos con el propósito de enfrascarse en guerras cada vez más costosas contra otros reyes o contra sus opositores locales. Por tanto, su esquema de “pacificación” en realidad significaba incentivar la batalla en alguno de esos frentes, dejando bastante en entredicho el supuesto efecto benéfico para la población, especialmente si consideramos que ningún rey implementó estas medidas en solitario: un rey con más recursos fiscales podría efectivamente haber pacificado internamente su reino, pero luego otros reyes, también con más recursos fiscales, se convertían automáticamente en amenazas externas más graves aún para su reino. Cada guerra de un rey significaba la devastación de otra sociedad. Joseph Schumpeter apunta con respecto al surgimiento de los Estados-nación de Europa: “Ninguno de ellos tenía lo que quería; cada uno de ellos tenía lo que el otro quería. Y todos ellos se vieron pronto rodeados por nuevos mundos invitándolos a la conquista competitiva… [La] agresión se convirtió en el eje de la política… [El] máximo ingreso fiscal—para consumo de la corte y el ejército—era el objetivo de la política económica, la conquista el objetivo de la política exterior” (1954, 146-47)[11]. Desde luego, nadie puede demostrar que el desplazamiento del orden feudal por parte de los reyes emergentes y naciones-Estado de Europa motivó el surgimiento de un orden continental pacífico. De hecho, en el relato tradicional, la historia de los comienzos de la Era moderna se desarrolla en una sucesión de numerosas guerras, o de muchas que incluso ocurrían al mismo tiempo, entre las grandes potencias europeas. E incluso las potencias menores, obligadas siempre a alinearse a un lado o al otro durante los conflictos armados, sufrieron también toda la magnitud de la destrucción ocasionada.

Cuando el Gobierno no es capaz de proteger a la gente de la forma que promete hacerlo siempre encuentra una buena excusa, que a menudo consiste en culpar a algunos elementos de la población—chivos expiatorios como los comerciantes, los financistas, las minorías religiosas o étnicas impopulares, o los “monárquicos económicos” (selección de Franklin D. Roosevelt). “A ningún príncipe”, nos aseguraba Machiavelli, “le faltarán razones legítimas para encubrir la inobservancia de sus promesas” ([1513] 1992, 46). Sólo figúrense cuántas cabezas han rodado en aquellos altos cargos del Gobierno americano responsables por los errores de seguridad que hicieron posibles los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre  de 2001. De acuerdo a mis cuentas, la cantidad exacta es cero—sin mencionar que el Comandante en jefe (el Presidente de EEUU), bajo cuyo mandato ocurrieron estos devastadores ataques, supo ingeniárselas para asegurar su reelección, arreando a todo su séquito hacia la búsqueda de nuevas oportunidades de “grandeza”.

Cuando el barco empieza a crujir, los Gobiernos siempre atienden primero su propia seguridad, incluso cuando la protección de la gente debe ser sacrificada en el proceso (Lind 2005). El vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, se hizo famoso por su costumbre de escurrirse ocasionalmente a un bunker impenetrable cada vez que se asustaba ante el prospecto de un ataque terrorista. Por nuestro lado, los ciudadanos comunes hubiésemos quedado a nuestra entera cuenta en caso de que las tan temidas armas de destrucción masiva se hubiesen cruzado en nuestro camino[12]. Incluso los códigos penales normalmente consideran las trasgresiones contra los agentes, los funcionarios y la propiedad del Gobierno como ofensas más graves que aquellas inferidas contra la vida o la propiedad de las personas ordinarias (Rothbard [1965] 2000, 80-82). Y tampoco es que este tipo de desigualdad de “clases” en la aplicación de la ley sea un retoño moderno. En Liber Augustalis, un código legal muy avanzado promulgado por Federico II, déspota del Reino Normando de Sicilia, en 1213, “se establecieron penas más altas para las ofensas cometidas contra los nobles por parte de plebeyos, y más peso se le otorgaba a la palabra de un noble en las demandas por deuda” (Berman 1983, 428). En la actualidad, la reacción oficial al asesinato o intento de asesinato de un miembro del Gobierno, o incluso el de un policía de bajo rango, no tiene comparación con la que se da frente al asesinato de un ciudadano ordinario: en el primer caso veremos la movilización de fuerzas especiales con ánimo de despachar al primer sospechoso a la vista, mientras en el segundo caso veremos, en el mejor de los supuestos, la iniciación de una letárgica investigación.

Adopta una ideología colectivista y
paga tributo al gobernante

El fundamento religioso de la sumisión ante el gobernante-representante de Dios evolucionó hasta mutar en nociones seculares como el nacionalismo y el deber público hacia el Estado, y culminó eventualmente en el curioso dogma ideológico según el cual, en los sistemas democráticos, el pueblo es el Gobierno; lo que supone además que todo lo que el Gobierno ordena, lo ordena en realidad el pueblo. Siguiendo esta línea es que Woodrow Wilson, cuando promulgó la obligatoriedad de la conscripción militar, estableciendo severas penas para los infractores, se permitió el descaro de señalar: “no se trata en ningún sentido del reclutamiento de aquellos no voluntarios; se trata, por el contrario, de seleccionar [individuos] de una nación que ha prestado su voluntad en masa” (cit. en Palmer 1931, 216-217).

No mucho tiempo después de que el dogma democrático hubiese cobrado fuerza, coaliciones organizadas emergieron de la masa de electores y se unieron a las élites en el esfuerzo por saquear el tesoro público. Y, como consecuencia, a finales del siglo diecinueve empezó a tomar forma el Estado de bienestar. De ahí en adelante, se le dijo a las personas que el Gobierno podía y debía protegerlos de toda clase de amenazas cotidianas contra sus vidas, su modo de vida, o su bienestar—amenazas de indigencia, hambre, invalidez, desempleo, enfermedad, falta de ingresos durante la ancianidad, gérmenes del agua, toxinas en la comida, insultos contra su raza, sexo, ancestros, credos y demás. El Gobierno prometió ampararlos de prácticamente todo lo que temían, e incluso de aquello que simplemente les incomodaba. Y así el Estado de bienestar afianzó su fundamento en la roca sólida del miedo. Los Gobiernos, habiendo explotado el miedo popular a la violencia tan exitosamente desde tiempos inmemoriales (prometiendo “seguridad nacional”), no tuvieron problema en encajar estas nuevas piedras (prometiendo “seguridad social”) en los pilares de su poderío.

En esta aventura, los Gobiernos han recibido el apoyo de una creciente cofradía secular de intelectuales y un número mucho mayor de seudointelectuales—F. A. Hayek los llamaba “traficantes de ideas de segunda mano”—quienes por diversas razones han tendido abrumadoramente a propugnar doctrinas colectivistas (Hayek 1949; Mises [1956] 1972; Nozick [1986] 1998; Rothbard [1965] 2000, 61-70; Feser 2004). Estos vendedores ambulantes de ideas, muchos de los cuales hoy en día viven a expensas de los contribuyentes, han desarrollado una serie de interpretaciones sobre los problemas del mundo y de su potencial cura en las que presentan a ciertas acciones privadas, especialmente aquellas encapsuladas dentro del concepto de “capitalismo”, como la fuente de una plétora de amenazas contra la vida, la salud y la felicidad. Ellos consideran al Gobierno como el salvador que descenderá del cielo—ubicado en Paris, Madrid, Bruselas, Washington y otros lugares del estilo—para remediar todos los pesares de la gente, alejar a los malhechores y especialmente para echar a los “mercaderes” privados del templo. Karl Marx ganó celebridad cuando dijo que la religión es el opio del pueblo. Quizás de forma menos célebre, pero igualmente correcta, Raymond Aron (1957) llamó al colectivismo, especialmente en su variante marxistas, “el opio de los intelectuales”.

Esta ideología se filtró desde los intelectuales hasta las masas. Una vez que ganó suficiente popularidad entre éstas, a comienzos del siglo veinte en Europa y poco después en Norteamérica, se permitió a los miembros del Gobierno aprovechar las emergencias socioeconómicas y políticas para añadir más armas a su arsenal de control social (Higgs 1987, 2004; Porter 1994). El resultado de cada una de esas crisis incluía no sólo el continuo incremento del tamaño, la jurisdicción y poder del Gobierno, sino también un progresivo debilitamiento de esa resistencia ideológica que ha reflejado por milenios la imagen instintiva que tiene la gente del Gobierno como una molestia necesaria, en el mejor de los casos, o como un opresor insoportable, en el peor de ellos. Bajo el influjo de nuevos moldes ideológicos dominantes—analizados por Daniel Klein (2005) en su obra The People’s Romance—muchas personas apoyan activamente las empresas y aventuras gubernamentales bajo la ilusión de que “todos estamos en esto juntos”—como si millones o incluso cientos de millones de individuos extremamente heterogéneos no fueran más que una gran familia feliz. Aunque este bizarro fenómeno es de por sí digno de llamar al manicomio para que saquen las camisas de fuerza, no se puede negar que parece motivar los discursos y acciones de muchos líderes de opinión así como de un número considerable de simples ciudadanos. De esta forma, el miedo ha llevado a las personas desde una aversión al Gobierno en sí hasta una forma de enajenación masiva en la que, como Winston Smith en el Mil Novecientos Ochenta y Cuatro de Orwell, han terminado amando al Gran Hermano—un síndrome de Estocolmo a lo grande (Clark 2002).

La Economía Política del Miedo

El miedo, como cualquier otro recurso “productivo”, está sujeto a las leyes de la producción. Por tanto, no puede escapar a la ley de la producción marginal decreciente: más allá de cierto punto, en la medida que se añadan más dosis sucesivas de incitación al miedo al proceso “productivo” del Gobierno, el clamor público incremental por protección del Gobierno declinará. La primera vez que el Gobierno grita “ahí viene el lobo”, el público se asusta; la segunda vez,  se asustan menos; la tercera, menos aún. Si el Gobierno juega la baraja del miedo demasiadas veces, sobrecarga la sensibilidad de las personas, quienes eventualmente dejarán de impresionarse cada vez que el Gobierno quiera asustarlos. Habiendo sido advertidos en los setentas acerca del catastrófico enfriamiento global (véase, por ejemplo, “The Cooling World” 1975; Holcombe 2006), y luego, poco después, acerca del catastrófico calentamiento global, el pueblo se ha tornado escéptico con relación a las advertencias del Gobierno sobre las nefastas consecuencias de los supuestos cambios climáticos—nefasta a menos que, por supuesto, el Gobierno tome medidas drásticas para aporrear a la gente hasta que haga lo que “debe” hacer para evitar el desastre profetizado.

El antiguo Director de la Oficina de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos, Tom Ridge, reveló hace pocos años que otros miembros del Gobierno lo habían desautorizado cuando él quiso resistirse a elevar el color del código de alerta a naranja, que significa “alto” riesgo de ataque terrorista, como respuestas a amenazas poco creíbles. “Uno tiene que utilizar esa herramienta de comunicación con mucha moderación”, señaló astutamente Ridge (cit. en Hall 2005). Otros personajes de la administración Bush persistieron, no obstante, en tomar prestado más y más del cofre del miedo. Cuando el Presidente dio otro de sus habituales y cansinos discursos a mediados de 2005, justificando la guerra de Irak ligándola emocionalmente a los impactantes atentados del 9-11, no surtió el habitual efecto, ni tan siquiera entre las tropas que lo escuchaban en el Fuerte Bragg.  “El Presidente no tiene problema en culpar a todos menos a sí mismo”, comentó Frank Rich. “Los colores de los códigos de alerta, las continuas conferencias de prensa de John Ashcroft anunciando un inminente Armagedón durante los días de campaña electoral, y la continua explotación del 9-11, ya habían colmado su cuota de aletargamiento. El miedo fue la baraja que el señor Bush escogió jugar demasiadas veces, y cuándo lo hizo en esta ocasión se convirtió en ese niño que gritaba “ahí viene el lobo” (2005).

El miedo es un activo que se devalúa. Como observó Machiavelli, “el temperamento de la multitud es voluble, y… mientras es fácil persuadirlos, es difícil conservarlos persuadidos” ([1513] 1992, 14). A menos que la amenaza anunciada se consume, las personas empiezan a dudar sobre su fundamento o sobre la magnitud atribuida. El Gobierno debe compensar por la devaluación invirtiendo en el mantenimiento, modernización y reemplazo del stock de capital del miedo. Por ejemplo, durante la Guerra fría, la sensación general de temor tendía a disiparse a menos que se refrescara con crisis periódicas, muchas de las cuales se dieron en forma de anuncios o filtraciones sobre supuestas “brechas”  existentes entre la capacidad militar de EEUU y la de la URSS: brecha en poderío de las tropas, brecha en bombas, brecha en misiles, brecha en infraestructura antibalística, brecha en la capacidad de ataque nuclear, y así sucesivamente (Higgs 1994, 301-2)[13].

Al fin y al cabo, las continuas advertencias oficiales acerca de la posibilidad de distintas formas de ataques terroristas a nuestro territorio han servido el mismo propósito: mantener a la gente “vigilante”, que es lo mismo que decir dispuestas a volcar enormes cantidades de dinero a ese pozo sin fondo del presupuesto gubernamental llamado “defensa” o “seguridad interna” (Higgs 2003a; Bender 2006; Bennett 2006). El investigador periodístico James Bamford apunta que la administración Bush ha hecho un uso eficiente de la “política del miedo” aprovechando “la amenaza del terrorismo para impulsar contundentes ataques contra las libertades constitucionales”. Más aún, afirma Bamford, los miembros del Gobierno “están triunfando en buena medida, en gran parte por el imparable redoble de los tambores del miedo y la paranoia causados por esa cuestión, y la firme e intumescente regularidad de sus ataques contra las garantías individuales” (entrevistado por Zeese 2005).

Este mismo elemento ayuda a explicar el redoblar de tambores librado simultáneamente por los mass media: además de servir su propio interés para captar audiencia, los medios noticiosos se aseguran así contra cualquier represalia gubernamental colaborando con cualquier programa de provocación del miedo público que se esté llevando a cabo en esos momentos. Cualquiera que mire, por decir algo, los programas de noticias de actualidad de CNN puede percatarse que casi no pasa un día sin el anuncio de una Amenaza Terrible no pronosticada antes—yo lo llamo el peligro del día[14]. El columnista del New York Times, John Tierney, se refiere a “lo que se conoce en el negocio [periodístico] como una historia de ‘el miedo acecha’, como cuando los periodistas señalan que necesitan “una noticia de ‘el miedo acecha’ sobre los pasajeros de autobús suburbano”. Manteniendo a la población en un estado de elevada aprensión, el Gobierno aupado por los medios prepara el terreno para tomar medidas específicas de carácter tributario, regulatorio, o emprender actividades invasivas de vigilancia, supervisión y otras trasgresiones a la propiedad, privacidad y libertad de las personas[15]. Como observa Altheite, “Los medios masivos de comunicación, y especialmente los de noticias, son la principal herramienta empleada para ‘ablandar’ a la audiencia, para prepararlos a aceptar el relato justificativo de la siguiente acción” durante una supuesta crisis (2002, 12). Si fuesen liberadas por un tiempo de este bombardeo incesante de advertencias, las personas serían capaces de darse cuenta de que casi ninguna de las amenazas anunciadas tiene una base real—que son “en su mayoría fertilizante”, como Charley Reese (2005) las describe—y que ellos pueden encargarse de sus propios problemas bastante bien sin la medidas de seguridad y la extorsión fiscal que intenta justificar el Gobierno.

Una parte muy grande del Gobierno y del sector “privado” participa en la producción y distribución del miedo (tengan cuidado: muchas de estas personas en ese sector aparentemente privado son en realidad mercenarios viviendo en última instancia a expensas del contribuyente. Las cifras oficiales sobre empleo público se quedan cortas de cara a la auténtica realidad [Light 1999; Higgs 2005a]). Bamford ha descrito las actividades de una “sombría compañía americana, Rendon Group, que ha recibido pagos por más de 200 millones de dólares de la CIA y el Pentágono para divulgar propaganda contra Saddam en el mundo entero… Su especialidad es manipular el pensamiento y diseminar propaganda” (2004, 295). Entre muchos otros logros, Rendon cuenta con la creación del Congreso Nacional Iraquí, un grupo cuyos informantes pagados y múltiples embusteros se beneficiaron ventajosamente sirviendo como la fuente fundamental de la desinformación que el Gobierno estadounidense empleó para ganar apoyo al ataque a Irak de 2003 (296, véase también 297-98). Por otra parte, los contratistas militares, desde luego, tienen una larga tradición alimentando el miedo contra enemigos pequeños y grandes alrededor del globo, quienes supuestamente buscan destruir nuestra forma de vida a la más mínima oportunidad. Los comerciales televisivos de Boeing, por ejemplo, nos aseguran que esa compañía está contribuyendo sustancialmente a proteger “nuestras libertades”. Ojalá supieran la cantidad de piezas inservibles de equipo militar que fueron vendidas a precios astronómicos durante la Guerra fría con ese pretexto. Los medios de noticias y entretenimiento se trepan entusiastas al tren del alarmismo de la amenaza extranjera—cualquier cosa con tal de mantener atento al público y elevadas las pulsaciones.

Por otra parte, se unen a la fiesta consultores de todos los tamaños, colores y sabores, beneficiándose de la repartición de miles de millones de dólares en “estudios” llenos de aire caliente, y basados fundamentalmente en afectos políticos. Todo esto lleva a la elaboración de gruesos informes oficiales, la mayoría de los cuales no son más que un sumario repetitivo de supuestos problemas y especulaciones sobre fórmulas para encontrar potenciales soluciones. Todos aquellos informes concuerdan en la existencia de una crisis inminente y la necesidad de realizar aún más estudios para prepararse a enfrentarla. Por tanto, parece existir cierto tipo de “Ley de Say” en la Economía política de las crisis: la oferta (de estudios financiados por el Gobierno) crea su propia demanda (de estudios financiados por el Gobierno). La verdad del asunto es que normalmente los miembros del Gobierno encargan tales estudios, aún cuando piensan que no hay ningún problema que resolver, para suscribir cheques sustanciosos a nombre de sus promotores políticos, amigos y antiguos colegas que entonces se presentan bajo el membrete de “consultores”. Así, además, el Gobierno logra al mismo tiempo convencer al público de que se está “haciendo algo” para afrontar la crisis X o Y.

En cada momento, los oportunistas se las ingenian para beneficiarse de los temores ya afianzados, e intentan también incitar nuevos temores que sirvan a su propio interés. Por ello es que los profesores y administradores de los colegios públicos concuerdan unánimemente en que existe una “crisis de la educación”.  El departamento de policía y los cruzados de la abstinencia insisten en que la nación se enfrenta a una “crisis de las drogas” o, en ocasiones, incluso advierten sobre crisis de drogas específicas tales como “la epidemia del consumo de crack”. Los intereses de la salud pública promueven el miedo a este tipo de “epidemias” que en realidad no consisten en la propagación de patógenos contagiosos, sino en la falta de autocontrol y responsabilidad personal, como es el caso de la “epidemia de la obesidad” o la “epidemia de los asesinatos juveniles”. La táctica consiste en convertir una gran cantidad de pecados personales en cuestiones médicas para asignarlas al “Estado terapeuta” (Szasz 1965, 2001; Nolan 1998; Higgs 1999). De esta manera, el miedo de la gente a que sus hijos terminen drogadictos o disparando contra sus compañeros de escuela se convierte en el grano del molino del Gobierno—un molino que machaca lentamente, pero a un alto coste que se incrementa con cada dólar que va a parar al bolsillo de algún afortunado receptor (siquiatras, trabajadores sociales, enfermeras de la sanidad pública, jueces especiales; la lista es casi infinita). En esta forma y muchas otras, los actores privados se vuelven cómplices de una máquina estatal que usa el miedo como combustible.

El miedo es más efectivo en tiempo de guerra

Todo tirano se puede aburrir. El ejercicio de un poder supremo se puede tornar tedioso e insoportable—los subalternos siempre están estropeando la tranquilidad de uno con cuestiones sobre detalles; las víctimas siempre están pidiendo clemencia, indulto o excepciones a nuestros mandatos. Carlomagno viajó de punta a punta en su imperio, sirviéndose mientras avanzaba de los tributos pagados por los nobles locales y del trabajo de sirvientes oriundos de cada localidad. Sin embargo, cada vez que llegaba a un nuevo territorio, antes de poder establecerse para disfrutar el festín, tenía que atender a todos aquellos con una queja. “Cuando él llegaba al lugar tenía que escuchar los reclamos y hacer justicia” (Berman 1983, 89, véase también 483-4). Así mismo, Enrique II, el monarca normando de Inglaterra y parte del continente europeo, “recorría su reino de forma muy meticulosa para atender los asuntos de las provincias” (439). Qué tormento.

Además de ser insoportablemente aburrido, la administración justa y eficiente de las leyes otorga poco crédito al gobernante. Casi nadie pondría a Martin Van Buren o Grover Cleveland en el tope de la lista de “grandes presidentes de Estados Unidos”[16]. De ser condenados a pasar su tiempo en el despacho durante tiempos de paz, los gobernantes estarían destinados a ser recordados por la historia como mediocres, en el mejor de los casos. Es durante la guerra cuando cobran vida. Nada iguala a la guerra como oportunidad de grandeza y aclamación pública, y eso es algo que todo líder entiende (Higgs 1997)[17].

Más aún, apenas comenzada la guerra, la exaltación del momento se contagia por todo el aparato de gobierno. Los oficiales del ejército, quienes han permanecido por años como meros capitanes, pueden entonces aspirar a convertirse en coroneles. Los jefes de diversas agencias gubernamentales, encargados de supervisar cien funcionarios con un presupuesto de diez millones de dólares, en aquel momento ansían supervisar un personal de mil empleados con una cuenta de cuatrocientos millones de dólares. Nuevas instalaciones deben ser construidas, equipadas y gestionadas. Los políticos cuyos proyectos habían permanecido hasta entonces empantanados en rencillas partidistas, sabrán entonces que con el torrente de dinero que drenará del tesoro público podrán avivar la aprobación de todos esos monstruosos paquetes legislativos que poco antes habrían resultado impensables. Y aquellos apparatchicks que llevan mucho tiempo urdiendo grandes tramas ideológicas—como Paul Wolfowitz, quizás el más importante artífice de la segunda guerra de Estados Unidos contra Irak—encontrarán durante esos momentos el terreno fecundo para intentar la realización de sus fantasías. Como observó Andrew Bacevich, “para Wolfowitz, por consiguiente, la inenarrable tragedia del 9-11 también significó una oportunidad inigualable, que pronto aprovechó” (2005b)[18]. Donde quiera que el Gobierno pone la mira, la escena se satura de energía, poder y dinero. Para aquellos cuyas manos controlan la maquinaria del Gobierno durante la guerra, la vida se vuelve mejor que nunca.

No resulta así extraño que John T. Flynn, en el capítulo en que comenta sobre la pujanza de los burócratas durante la Segunda guerra mundial, haya escogido como título “The Happiest Days of Their Lives”: “Incluso antes de la guerra, el país se había convertido en un paraíso de la burocracia. Pero con el lanzamiento del despliegue bélico proliferaron las agencias y los burócratas se abarrotaron sobre el terreno como una plaga de langostas… [Washington D.C.] se colmó con pequeños profesores recién llegado desde puestos de 2.500 dólares al año bajo el estímulo de salarios de cinco, seis o siete mil dólares al año y un gran trozo de la economía estadounidense reposando en su regazo” (1948, 310, 315).

Este tipo de dilatación burocrática sólo sucede cuando las naciones van a la guerra y el público relaja su usual resistencia a las imposiciones del Gobierno. Como escribió Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, “cuando la nación se encuentra ya sobrecargada con impuestos, nada que no sea la necesidad de una guerra, nada sino la animosidad de la venganza nacional, o el ansia de seguridad nacional, puede inducir a la gente a someterse, con tolerable paciencia, a un nuevo impuesto” ([1776], 1937, 873). Los legisladores saben que entonces pueden conseguir imponer elevados tributos, así como racionar comida; asignar cuotas de repartición de materias primas, servicios de trasporte, crédito; autorizar formidables préstamos; reclutar hombres para servir en el ejército; y en general ejercer mucho mayor poder que antes de la guerra. Aunque la gente se queje o ponga reparos a acciones específicas tomadas por los burócratas para movilizar el aparato belicista, pocos se atreven a resistirse abiertamente o incluso a criticar públicamente todo este despliegue llevado a cabo por el Gobierno para sustentar el conflicto. Al resistirse o criticar, se exponen no sólo a las represalias legales y extralegales del Gobierno sino también al rechazo y aislamiento por parte de sus amigos, vecinos y entorno profesional. La situación se puede ilustrar recordando una tajante frase empleada comúnmente, durante la Segunda guerra mundial, para cortar aquellas conversaciones en las que el interlocutor mostraba algún grado de reparo a las medidas del Gobierno: “¿Acaso no te has enterado de que esto es en una guerra?” (Lingeman, 1970).

La gente se presta a sacrificar ante el Gobierno su riqueza, privacidad y libertades más fácilmente durante una guerra porque piensa que de ello depende el bienestar de la nación, o incluso su propia supervivencia. Como observó Murray Rothbard, “durante la guerra, el poder del Estado es empujado al extremo y, bajo los eslóganes de la ‘defensa’ y la ‘emergencia’, puede imponer una tiranía sobre el público que hubiera sido abiertamente rechazada en tiempos de paz” ([1965] 2000, 80). En consecuencia, el Gobierno y los contratistas privados se aseguran un festín. Hordas de oportunistas se unen a la fiesta, cada uno alegando que presta algún tipo de “servicio esencial para la guerra”, sin importar lo lejos que la actividad de su negocio esté de suplir algún beneficio directo al programa militar. Usando el miedo público para justificar su rapiña, el Gobierno se considera autorizado a expandir su control de la economía y la sociedad. En la medida que los impuestos, los préstamos, el gasto y los controles del Gobierno se dilatan, los derechos individuales se contraen significativamente. “Temibles enemigos congregan a aquellos conducidos por el miedo en rebaños obedientes y dóciles” (Shaffer 2005), y pocos protestan. ¿Qué importancia tienen los derechos de unos cuantos gruñones cuando toda la nación está en peligro? Después de los ataques del 9-11, el encuestador John Zogby advirtió: “Yo no he visto nunca antes nada como esto. La disposición a renunciar a libertades individuales es asombrosa, porque es alto el nivel de miedo” (cit. en Polman 2001)[19].

Finalmente, claro está, toda guerra termina, pero deja legados que perduran, algunas veces de forma permanente. En Estados Unidos, la guerra entre los estados de la Unión (véase Hummel 1996) y ambas guerras mundiales en particular dejaron una infinidad de legados permanentes. De la misma manera, apunta Corey Robin, “un día, la guerra contra el terrorismo finalizará. Todas las guerras lo hacen. Y cuando termine, veremos que seguimos viviendo con miedo: no del terrorismo o del islamismo radical, sino de los gobernantes locales que el miedo nos ha dejado a su paso”. Entre otras cosas, nos percataremos de que “varias agencias de seguridad trabajando por el interés de la seguridad nacional han ejercido su poder de coerción contra disidentes que no representan ninguna amenaza concebible de terrorismo”[20]. No por mera coincidencia, “el FBI ha puesto en la mira al movimiento antibelicista en Estados Unidos para especial y cercano escrutinio” (2004, 25, 189).

Tales acciones no resultan sorprendentes porque la guerra es, usando la frase clásica de Randolph Bourne, “la salud del Estado”, y el FBI es una agencia esencial para proteger y mejorar la salud del Gobierno de los Estados Unidos. Por años, el FBI ha hecho mucho por propagar el miedo en la población americana; de forma más notoria quizá con las operaciones COINTELPRO durante los sesentas, pero también de muchas otras maneras (Linfield 1990, 59-60, 71, 99-102, 123-28. 134-39). Desde luego, casi nunca ha trabajado solo en estas peripecias[21]. De punta a punta, el Gobierno nos quiere asustados, nos necesita asustados, e invierte muchos recursos en asustarnos.

Conclusión

Si alguna vez dejásemos de tener miedo del propio Gobierno y de las falsas amenazas que fomenta, el Gobierno sucumbiría y moriría, y desaparecería el portador de decenas de millones de parásitos que ahora se sacian con la riqueza y dinamismo del público, de forma directa o indirecta, por medio del poder del Gobierno. Ese día glorioso, todo el que ha estado viviendo a expensas del público deberá buscarse un empleo honesto, y el resto de nosotros, reconociendo al Gobierno como el falso dios que siempre ha sido, podríamos ocuparnos de aliviar nuestros miedos reales de formas más productivas y moralmente defendibles.

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[1] En este capítulo no hago diferencia alguna entre los términos Gobierno y Estados. Incluyo también en ambos términos todas las partes del aparato estatal y sus órganos legislativos, ejecutivos y judiciales.

[2] Lo que David Campbell dice sobre la política exterior creemos que también se aplica para una gran gama de políticas gubernamentales: “La constante articulación de peligro a través de la política exterior no es por tanto una amenaza contra la identidad o existencia del Estado: es la condición que lo hace posibible” (cit. en Altheide 2002, 178).

[3] En este trabajo, me refiero sólo a miedos “públicos”, y no ha temores personales como el miedo de Pedro a que María decline su propuesta de matrimonio o el miedo de Stephen a que la audiencia se ría cuando actúe en el teatro.

[4] No hay duda de que los grupos y clanes primitivos, en los que los seres humanos habitaban desde tiempos ancestrales, mantuvieron diferentes estructuras de autoridad para el ejercicio del control social, pero éstas diferían sustancialmente de las organizaciones coercitivas y predadoras que han sido reconocidas milenariamente en ciertas partes del mundo más económicamente avanzadas como Gobiernos. Como observa Jack Douglas, “existe liderazgo entre estos grupos [primitivos], pero tiende esencialmente a ser una forma sutil, compleja y específica (orientada por funciones) de liderazgo consensual relacionado cercanamente a la autoridad paternal” (1989, 107).

[5] Uno puede observar las ciudades autónomas fundadas en Europa durante el Alto Medioevo como contraejemplos. De acuerdo con Harold Berman, “Muchas ciudades y pueblos fueron fundados mediante juramentos colectivos solemnes, hechos por toda la ciudadanía con el propósito de adherirse a un estatuto que había sido leído previamente de forma pública y en voz alta. El estatuto era, en algún sentido, un contrato social; esa ha sido, de hecho, una de la fuentes históricas primordiales de la cual la moderna teoría contractual del gobierno emergió” (1983, 393). No queda claro, sin embargo, si la aprobación unánime dada en estos casos tenía un significado claro, porque aquellas personas que no hubiesen aceptado los términos del “contrato” de la ciudad podrían haber sido obligadas a abandonar la ciudad, amenazadas o vulneradas de alguna manera. Más aún, las leyes municipales eran sólo una de las maneras en la que sus residentes podían ser subyugados; las otras podían ser las leyes de la corona, las leyes de la iglesia o las leyes del comercio.

[6] Nock se fundamenta en el trabajo de investigación histórica de Ludwig Gumplowicz y Franz Oppenheimer.

[7] Uno se pregunta lógicamente si el presidente George W. Bush ha tomado prestadas las ideas de Fernando; véase, en particular, Higgs 2003b y, para aspectos adicionales, Higgs 2005b.

[8] Véanse varios detalles fascinantes de este complejo asunto en el magistral relato de Berman 1983.

[9] La inexistencia de exenciones demuestra, claro está, que la ejecución de las leyes de la corona no era en realidad un bien público, sino un mero servicio que posteriores comentaristas han intentado justificar o dignificar asignándole tal categoría.

[10] Tanto Olson como Bates defienden una posición que sigue la línea que Douglass C. North desarrolló en una serie de artículos y libros publicados durante las últimas cuatro décadas; véase particularmente North y Thomas 1973, y North 1981 y 1990.

[11] Mises categoriza las políticas de los monarcas nacionales esencialmente de la misma manera ([1927] 1985, 121).

[12] Para una descripción de los múltiples bunkers y escondites de alta seguridad a los que altos cargos del Gobierno americano huyeron durante los días posteriores al 9-11, véase Bamford 2004, 89.

[13] Una de las frases más memorables y sugerentes de la película sobre la Guerra fría, Dr. Strangelove, ocurre cuando el Presidente y sus peses gordos del ejército, enfrentados a la inevitable devastación nuclear de la tierra, divisan un plan para proteger a aquellos americanos que sobrevivan en cavernas cavadas en profundidad, y el General “Buck” Turgidson, todavía obsesionado con las posibles ventajas de los rusos, dice: “¡Señor presidente, no podemos permitir una brecha en excavación de cavernas!”.

[14] El caso de CNN es difícilmente único en este supuesto; los medios de comunicación masiva trabajan sin descanso para promover la atmósfera de miedo. Para un análisis detallado de este fenómeno, véase Altheide 2002.

[15] Cualquier que piense que el extensivo programa de vigilancia del Gobierno cumple de hecho su supuesto propósito debería contrastar su opinión en el análisis de Rudmin 2006. Véase también Moore 2005 para un ejemplo (uno de varios) de cómo el aparato gubernamental de vigilancia sirve de pretexto para repartir el festín de favores políticos.

[16] Entre los libertarios, no obstante, cada uno de ellos tiene sus adeptos: sobre Van Buren, véase Hummel 1999; sobre Cleveland, véase Higgs 1997, 2.

[17] De acuerdo con el investigador periodístico James Bamford, uno de los principales instigadores de la guerra en Irak, David Wurmser (el asesor del vicepresidente Dick Cheney sobre Medio Oriente), publicó un memorándum, en enero de 2001, en el cual abogó por un ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Medio oriente y el norte de África con el fin de dejar el área bajo el dominio de ambos países. Las “crisis son oportunidades” señaló Wurmser (cit. en Bamford de una entrevista con Zeese 2005). En su libro de 2004, A Pretext for War, Bamford sostiene que Wurmser escribió que “las crisis pueden ser oportunidades” (269).

[18] Otra figura destacada que vio una oportunidad en los ataques del 11 de septiembre fue la asesora la Asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush (luego Secretaria de Estado) Condoleezza Rice. Poco después de los ataques, pidió a los miembros principales del Concejo Nacional de Seguridad pensar seriamente en “cómo capitalizar en estas oportunidades” (cit. en Ball 2004).

[19] En un estudio sistemático de una gran cantidad de encuestas de opinión pública, Eric Larson y Bogan Savych concluyen que los muy altos niveles de apoyo público a la guerra global contra el terrorismo, a partir del 11 de septiembre de 2001, reflejaban “la visión de que intereses casi existenciales estaban en juego” o, en otras palabras, “la creencia difundida de que los Estados Unidos enfrentaba un peligro crítico” (2005, 103, 127).

[20] Ejemplo prototípico es el programa de espionaje montado por el FBI sobre la American Union of Civil Liberties y grupos ambientalistas como Greenpeace bajo el pretexto del terrorismo (véase Sherman 2005).

[21] Para un revelador análisis sobre cómo “las agencias de ejecución de la leyes federales han expandido sus potestades en el nombre del terrorismo”, y cómo éstas han usado ilegítima y abusivamente esas nuevas potestades en el proceso, véase Scarborough 2005 (cit. del sumario ejecutivo en la p. 1).

5 thoughts on “El miedo: la base del poder de todo Gobierno

  1. El problema del miedo y los gobiernos radica en que algunos tiene miedo de lo que hará el que ahora está, otros miedo de quién vendrá y otros miedo de si mismos.

    Esos tres miedos son rápidamente explotados por los propios gobernantes (en España lo vemos en cada legislatura: “¡Qué viene la derecha!” “¡Qué se acaban las pensiones!”…

    Juegan con el miedo y viven del miedo.

    Te faltó decir:
    Naces, se te educa en el miedo… le pagas al que manda.

    Gran post.

    Un Saludo Felino
    Miau

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