Por

Jorge Zavala Egas, profesor de postgrado en las Universidades Católica y Espíritu Santo de Guayaquil. Extracto de su Carta Abierta sobre la Consulta Popular.

La Consulta Popular propuesta por el actual Gobierno del Ecuador se divide en dos grupos de preguntas: el primero se refiere a temas que debemos contestar desde el punto de vista, no de nuestras preferencias personales, sino meditando sobre la libertad de todos la que debemos respetar, apoyar y compartir.

En ese primer grupo hay preguntas que se refieren a cuestiones de índole moral, otras a temas de culturas de sectores poblacionales y alguna que tienen incidencia en cuestiones de derechos y que nuestro voto puede cambiar en detrimento de los mismos.

En el segundo grupo se nos formulan preguntas con respecto a regulaciones jurídicas que el gobierno quiere cambiar y que, precisamente, por saber que no tiene legitimidad para hacerlo nos pide nuestro consentimiento para emprender por esa vía de reforma a la Constitución.

Esta carta abierta recoge los razonamientos posibles para decidir nuestro voto, es un simple aporte a la reflexión y que no comunica términos o conceptos técnicos que requieran preparación especializada en Sociología, Política o Derecho. No contiene prejuicios ni conlleva malas intenciones, se trata de un ensayo de razonamiento conjunto.

PRIMER GRUPO: PREGUNTAS REFERIDAS A TEMAS MORALES, CULTURALES Y SOCIALES

PREGUNTA 1

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?

Explicación de la pregunta:

Nos preguntan si estamos de acuerdo en ordenar a los legisladores que, en el Código Penal, creen una figura que imponga pena a todo aquel que incremente su patrimonio de manera que no lo pueda justificar.

Lo que nos invitan a decidir es si creemos o no que es necesario crear una nueva conducta delictiva que consista en que todo nuevo incremento de nuestros bienes (enriquecimiento) se deba justificar. Por ejemplo, si adquirimos un vehículo para cualquiera de nuestros hijos y no sea justificado el gasto que hacemos en comparación con nuestra declaración de impuesto a la renta, se convierte en delito común sancionado con prisión, además, del correspondiente delito tributario que se ha cometido al momento de la declaración tributaria y que también se reprime con prisión.

Se trata de la creación de un nuevo delito especial que tendrá como característica el que la carga de la prueba sea del dueño de un patrimonio cualquiera que, a criterio de la autoridad que fuese, no pueda justificar, teniendo en cuenta su nivel de ingresos declarado ante el Servicio de Rentas Internas la que podrá constatar lo adquirido sobre la base de la declaración patrimonial, cuando sea del caso o de la declaración de impuesto a la renta, siempre.

No expresa la regulación propuesta cómo justificar y cuándo se considera justificado, eso queda a criterio del legislador cuando dicta la norma que tipifique el delito.

Razones para el No:

Los que votaremos No somos aquellos que sabemos que es una figura innecesaria, pues, todo enriquecimiento privado se encuentra ya considerado como delito, por ejemplo, en el caso de fraude en el pago de impuestos, lavado de activos, en las estafas y defraudaciones a la propiedad ajena, en la usura, etc.

Los que decidimos No sabemos que esa figura penal representará un medio más a disposición del poder público de perseguir, enjuiciar y encarcelar a los que a bien tenga, pues, bastará con señalar que una propiedad adquirida no se ha justificado a cabalidad, en la forma que considera el gobierno debe ser justificada o en el monto que debió ser hecha para desatar la represión penal.

Los que creemos que el voto No se debe imponer en nuestro país es porque hemos visto como esa figura penal en nuestra vecina Venezuela ha servido para perseguir a los principales opositores al régimen del dictador Chávez.

PREGUNTA 2

¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?

Explicación de la pregunta:

La pregunta no requiere mayor análisis y se trata de expresar nuestra opinión sobre si queremos al Ecuador libre de casinos y más negocios dedicados al juego de azar como las salas de tragamonedas.

Razones para el No:

Seremos adherentes al No aquellos que pensamos que lo único que se logrará con la prohibición es convertir a los juegos de azar en negocios clandestinos que serán fuente de corrupción a nuestras autoridades.

Votar No es impulsar a las autoridades que fortalezcan los controles sobre los casinos y salas de juego tanto en el orden policial como en el de las relaciones laborales y tributarias.

Decidir por el No es darle oportunidad al turismo receptivo en el Ecuador en muchas ciudades que lo tienen potencialmente y que no lo concretan por falta de atracciones sanas como son las salas de juegos y casinos.

PREGUNTA 3

¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?

Explicación de la pregunta:

No se nos pide que nos pronunciemos contra la matanza de los animales, sino saber si estamos de acuerdo que no se lo haga en espectáculos públicos que tengan como centro esencial de atracción dar muerte al animal.

Por otra parte, nos preguntan si estamos de acuerdo que en nuestro Cantón no se realicen tales espectáculos, no obstante que puedan realizarse en los demás, esto es, que maten toros, gallos o pescados en otro gobierno seccional, pero no en el que habitamos.

Razones para el No:

Votaremos No aquellos que pensamos que son espectáculos al que todo adulto tiene derecho de asistir como de no hacerlo.

Decimos No aquellos que sabemos que hombres y mujeres que aportan mucho a la cultura de nuestro país son aficionados a la fiesta de los toros y que, precisamente, por su bagaje intelectual disfrutan de la misma y la creen un rasgo cultural de nuestro país.

Depositaremos nuestro voto No aquellos que creemos que el gobierno debe ocuparse de otros asuntos y no de las preferencias que tenemos para asistir a los espectáculos que nos causen placer. Mañana será el box, después será la pesca y, finalmente, será el fútbol con la excusa que hay demasiada violencia en cada partido.

PREGUNTA 4

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

Explicación de la pregunta:

La pregunta es de la mayor importancia, pues, tiene que ver con nuestra libertad de información y con la libertad de comunicación en nuestra sociedad, sin las cuales viviríamos en una especie de aldea aislada de la vida planetaria.

Concretamente, primero, nos piden que decidamos que los asambleístas dicten una ley por la cual se cree un organismo, llamado Consejo de Regulación, pero que nosotros no decidimos su conformación, sino que lo hará la mayoría de la Asamblea que es afín al Presidente de la República, es decir, un nuevo ente de burócratas con mayoría de gobierno.

Segundo, se nos pregunta si estamos de acuerdo en que ese Consejo regule, o sea, supervise, controle y sancione la difusión de contenidos de los programas de televisión, radio y de publicaciones de periódicos y revistas que, a criterio de ese ente burocrático, estén comunicando mensajes de violencia, enseñando sexo en películas o que fomenten cualquier tipo de discriminación, por ejemplo, a los homosexuales o lesbianas, a los negros o blancos, a los altos o patuchos, a los ricos o pobres, a los jefes o empleados, etc.

En definitiva, quieren saber si estamos de acuerdo con que este u otro gobierno nos diga qué ver en los programas de televisión, qué oír en los programas de radio y qué leer en las noticias que publican los medios de comunicación privados, pues, como es natural las empresas estatales de comunicación serán reguladas al gusto y sabor del gobernante de turno.

Razones para el No:

¡No! porque soy un ser libre y capaz de escoger lo que alimenta mi cerebro sin necesidad de tres o cinco empleados públicos que piensen o decidan por mí.

Votaré ¡No! porque la dignidad de todos los ecuatorianos no puede ser pisoteada imponiéndonos tutores de nuestra propia moralidad.

Diré ¡No! a todo intento de coartar la libertad de todos a generar las decisiones de rechazo a toda comunicación que no se desea ni se quiere, pero, en forma autónoma y argumentada, no por directrices gubernamentales.

¡No! porque nadie en el Ecuador quiere ser marioneta ni vivir pendiente de las decisiones de un carcelero.

PREGUNTA 5

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?

Explicación de la pregunta:

La norma pretende ampliar la regulación actualmente existente que determina que la apropiación del dinero del trabajador afiliado es encuadrada como un ilícito. La propuesta es que la omisión de afiliarlo, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, sea considerado un delito.

Este es nuestro entendimiento de la propuesta, aun cuando no diga eso la pregunta, pues, lo que esta plantea es con respecto “de los trabajadores en relación de dependencia”, lo cual crea una calificación diferente y netamente jurídica, pues, es preciso comenzar por determinar cuándo hay relación de dependencia en una relación de trabajo y ello sólo lo puede responder el Derecho y una de sus ramas especializadas: la Laboral.

Razones para el No:

Votaremos No los que pensamos que no se debe criminalizar conductas cuya corrección puede lograrse con otros medios menos traumáticos, esto es, los que pensamos que la solución penal debe ser la última razón para lograr la prevención de una conducta.

Nos decidimos por el No los que pensamos que la afiliación de los trabajadores es una obligación social y jurídica, pero que no requiere para su cumplimiento de la imposición de un castigo penal, sino que basta con la sanción administrativa de índole económica.

Diremos No los que creemos que las soluciones y rectificaciones a conductas desviadas en la sociedad se deben lograr con medidas proporcionadas, lo que implica el menor sacrificio posible a la libertad de las personas.

SEGUNDO GRUPO: PREGUNTAS REFERIDAS A REFORMAS DE NORMAS CONSTITUCIONALES

PREGUNTA 1

¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como se establece en el anexo 1?

ANEXO 1

La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

Explicación de la pregunta:

Lo que se nos pregunta es si estamos de acuerdo o no en reformar la Constitución en cuanto a que la prisión preventiva deba cesar, se extinga o finalice a pesar que haya transcurrido el plazo de 6 meses para delitos menores y 1 año para delitos mayores, tal como se lo prevé hoy.

La prisión preventiva es una medida que el juez adopta para evitar que el acusado de cometer un delito se fugue, cuando hay razones para pensar que ese peligro existe, no tiene otro objetivo, pues, a toda persona se la debe considerar inocente hasta que exista una sentencia final que la declare culpable.

La enmienda -para la que se nos pide una respuesta- consiste en  impedir la cesación, extinción o finalización de la prisión preventiva cuando el que la sufre, ejerciendo su derecho de defensa, acude al proceso a peticionar, a solicitar indagaciones, testimonios y, en general, oponerse al embate de los fiscales y sus investigaciones, testigos y más evidencias acusatorias y, por esta causa, se vence el plazo para la vigencia de la medida, sin que exista la respectiva sentencia.

Razones para el No:

Los que pensamos que el voto debe ser No reflexionamos de esta manera: supongamos, para ejemplificar, que mañana tenemos un allegado (hijo, hermano, padre, esposa) con orden de prisión preventiva en un juicio penal cualquiera y han pasado siete meses en el que hemos puesto todos los recursos de defensa en el proceso penal, sin embargo, por esta defensa esa persona no podrá salir en libertad, pues, ha “retardado, evitado o impedido su juzgamiento y, como dice la reforma propuesta, “por cualquier medio”.

Es decir, la reforma convierte el derecho de defensa en un arma contra el que se defiende, el escudo del inocente se destruye y se lo deja inerme frente a la espada de la acusación.

El voto No significa rechazar esa opción y más bien permitir que si la acusación, en el lapso que prescribe la Constitución para delitos menores de seis meses y para más graves de un año, no ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del acusado o no ha podido demostrar que hay peligro de fuga, la persona goce de su libertad hasta el momento de la sentencia.

El que vota No debe saber que la prisión preventiva no es la única medida que puede adoptar el juez para asegurar la presencia del acusado, pues, tiene a mano la orden de prohibición de ausentarse del país, la vigilancia policial, el arresto domiciliario, la prohibición de traslado de domicilio, etc.

El que vota No está decidido a hacer respetar la dignidad de las personas, para que su libertad y su vida familiar no sean exterminadas, pasando a ser objeto de la apetencia de imputaciones policiales netamente propagandísticas de su eficiencia, acusaciones fiscales interesadas en cumplir un estándar de castigos injustificados y jueces temerosos de la mala fama que le crean policías y fiscales.

Desde el punto de vista ético el que vota No quiere convertir en ley universal el principio de solidaridad humana que concreta en su pensamiento al votar: “No deseo que los seres humanos sufran la execrable prisión y consecuente destrucción de sus familias mientras exista una dosis de oportunidad a la demostración de su inocencia”.

El que vota No se adhiere al humanismo pleno, rechaza la política de la prisión a los inocentes y desecha convertirse en cómplice de tantas y tantas víctimas de acusaciones políticas y venganzas personales.

PREGUNTA 2

¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, de acuerdo al anexo 2?

ANEXO 2

El artículo 77 numeral 1 dirá:

“La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.

La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.

Explicación de la pregunta:

Se nos pregunta si queremos reformar la Constitución en cuanto a que siendo la prisión preventiva una medida de excepción que sólo se dicta cuando hay peligro de fuga y que, por esa razón, no se cumpla con la sentencia, no pueda el juez reemplazarla por otra que asegure los mismos resultados, esto es, que evite las dos situaciones que no deseamos, o sea, que se fugue el procesado y no reciba la condena que se merece en caso de ser encontrado culpable.

Actualmente, bajo la misma consideración de la prisión como excepción al principio general del goce de la libertad de todos, se permite al juez sustituir esa medida de previsión por otra que asegure los mismos resultados. Es decir, el juez pondera cada situación de acuerdo a cada caso y decide la procedencia de la sustitución o, bien, su improcedencia.

La reforma más bien nos pide que confiemos que impidiendo que sea al criterio del juez la sustitución de la medida de prisión preventiva sea la Asamblea Nacional la que haga una ley que señale “los casos, plazos, condiciones y requisitos” para determinar la procedencia de tal reemplazo de la medida de prisión por otra distinta y alternativa.

Razones para el No:

Los que decimos No, primero, rechazamos que se nos pregunte por una norma en blanco, o sea, nos parece poco ético que se nos pida contestar que no queremos el actual sistema de sustitución de la prisión preventiva, que decidimos deshacerlo; sin embargo, no nos presentan ninguna opción concreta de reemplazo. Nos obligan a destruir un sistema bueno, en poco o en mucho, pero no me dan alternativa para construir otro. Eso no está de acuerdo con ningún principio moral que rija la actividad política.

Votamos No porque es mucho más lógico que sea el juez, en cada caso que conoce, el que decida la oportunidad y procedencia de la sustitución de la prisión preventiva, esto es, tiene frente a sí las circunstancias que contextualizan la situación de cada procesado, su realidad personal, familiar, laboral y social. Tiene todos los elementos de juicio para tomar una decisión muy próxima al acierto.

El voto No es decirle a los legisladores que no deben, desde la larga distancia que tienen con cada proceso, tratar de generalizar la situación de Juan obrero en el proceso A, de Pedro empresario en el juicio B y de Mario político en el expediente C, cada uno tiene su propio entorno y vive sus propias circunstancias.

El voto es No porque relacionando la pregunta 1 con ésta vemos con mucha objetividad que en las dos se encierra un solo deseo: no permitir que la prisión preventiva sea flexible, que no constituya más que una medida provisional, sino que se la quiere convertir en una condena anticipada a los procesados penalmente.

Los que votamos No rechazamos que sea una buena política criminal la de reducir todo a prisión preventiva, pues, ello trae otras consecuencias nocivas a la sociedad: seres sin trabajo, niños desprotegidos, mujeres lanzadas a la mendicidad o prostitución, familias deshechas y, además, crecimiento de las escuelas del crimen que, en la realidad, son las cárceles del País.

Los que decidimos No estamos optando por una visión más realista del tema y, ello, porque resulta más fácil  controlar socialmente la actividad de los jueces en cada uno de los casos que decide, a tener que ejercer ese control en la aplicación de una ley general que no prevé las particularidades de la concreta situación de un procesado.

Decimos No porque valoramos en sumo grado la libertad de los seres humanos, su entorno familiar, la protección de los hijos y el futuro que todos construimos desarrollando una vida sin panópticos.

PREGUNTA 3

¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?

ANEXO 3

El primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá:

“Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente”.

En el primer inciso de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMO NOVENA dirá:

“Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo”.

Explicación de la pregunta:

Se dirige en forma exclusiva a las personas y empresas que se dedican a la actividad de la banca e intermediación financiera, así como a la difusión de noticias a nivel nacional como propietarios o administradores de medios de comunicación.

Se nos pregunta si estamos de acuerdo con limitar a esas personas  y empresas el desarrollo de su actividad personal y empresarial impidiéndoles que puedan ejercerla en otros ámbitos del quehacer económico, es decir, que permanezcan restringidos a desarrollar su actividad financiera y comunicacional sólo en cada uno de esos ámbitos especiales.

Razones para el No:

La fundamental para los que hemos decidido votar No, es que debemos respetar la norma constitucional que nos prohíbe votar “contra los derechos que reconoce la Constitución” (Art. 84 CRE) y si comenzamos por votar contra el derecho a la libre iniciativa económica de unos ¿por qué no votar mañana contra el derecho a la libertad o al acceso a los servicios públicos de otros?

Porque los que votaremos No consideramos que es hora de tomar los derechos fundamentales de las personas en serio y que no es posible sentar un pésimo precedente para que el gobierno, en el futuro, pueda restringir y hasta conculcar cualquier derecho constitucional de cualquier persona.

También es razón para el No considerar que la norma del actual artículo 312 de la Constitución es la que el pueblo votó para regular la actividad económica financiera y comunicacional, la cual consideramos proporcionada y suficiente.

PREGUNTAS 4 y 5

Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?

ANEXO 4

Sustitúyase el Art. 20 del Régimen de Transición por el siguiente.

Art. 20.- Se disuelve el actual Pleno del Consejo de la Judicatura. En su reemplazo se crea un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres delegados designados y sus respectivos alternos: uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social; todos los delegados y sus alternos estarán sometidos a juicio político. Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerá sus funciones por un periodo improrrogable de 18 meses.

El Consejo de la Judicatura definitivo se conformará mediante el procedimiento establecido en el artículo 179 de la Constitución enmendada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegurará que los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura estén designados antes de concluidos los 18 meses de funciones del Consejo de la Judicatura de transición.

Queda sin efecto el concurso de méritos y oposición que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.

Suprímase la disposición transitoria primera del Código Orgánico de la Función Judicial.

PREGUNTA 5

¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?

ANEXO 5

Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera:

“Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados, y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.

El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años.

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.”.

Explicación de las preguntas:

Es una cuestión las que se nos plantea de mayúscula importancia para el destino de las personas, bienes y vigencia de los derechos constitucionales, pues, se refiere a la forma de elegir los jueces, más aún el modo en que se plantea la subordinación de éstos al Poder del Ejecutivo.

Hace más de dos siglos se vio la necesidad de separar el ejercicio del gobierno de la justicia, pues ésta atada a aquél no implicaba otra cosa que el despotismo y la tiranía.

No puede ser de otra forma en vista que si los jueces son servidores del gobierno no pueden ser imparciales al momento de dictar sentencias en las cuestiones que involucran a cada individuo, a cada familia o a cada grupo social.

Se trata, en la pregunta, a los jueces y a la función que desempeñan en la sociedad como si fueran sólo un elemento técnico en la organización del Estado, pero el juez es mucho más que eso: es el órgano que tiene por misión el logro de la paz social mediante las soluciones que, a través de las sentencias, da a los litigios de cada persona

Para lograr una efectiva independencia de los jueces con respecto al gobierno se ideó la creación de un órgano distinto que no sea judicial ni tampoco del ejecutivo, de ahí nacen los llamados Consejo de la Judicatura, cuyo función esencial es cuidar y preservar esa independencia.

La pregunta pide que nos pronunciemos sobre la si la forma de elección, organización y administración del sistema judicial que prevé hoy la Constitución debe continuar o si se debe optar por otra que esté en manos del Presidente de la República.

Razones para el No:

La fundamental para decidir por el No es que la alternativa que se nos ofrece para mejorar el actual sistema judicial no es la idónea ni tampoco la adecuada para esa finalidad, por el contrario, lo cambia sí, pero para empeorar su realidad.

Diremos No porque no queremos vivir bajo el manto protector de un solo poder que sea dueño de personas y bienes en el Ecuador, porque no creemos que el mal de la administración de justicia esté en la forma de elección, la organización y la gestión judiciales, lo que está mal en ella obedece a una razón puntual: no acceden los indicados por falta de estímulos en una carrera judicial desmerecida y desprotegida.

Votaremos No porque creemos que es necesario dar la solución adecuada al sistema judicial, lo que pasa por la activación de la Escuela Judicial y la mejora sustancial del presupuesto de la Función. Esas son las soluciones y no la agremiación política de los jueces que no significa otra cosa que el retorno a las malas experiencias de tantos años.

La alternativa No está en concordancia con el deseo de vivir en libertad y no que me pongan en manos de jueces doblegados al poder que le darán forma de sentencias a decisiones políticas o de revancha personal.

Diremos No porque la justicia no puede ser manipulada por nadie y es necesario dar protección a nuestros hijos y nietos de la embestida a su futuro que significa entregarles un país con jueces que estén atados al dogal del Presidente de la República sea quien fuese.

Los que creemos en la respuesta No pretendemos ofrecer una clara respuesta a los gobernantes diciéndoles “Hasta aquí llegan sus límites autoridades:, la justicia para  nuestro pueblo, para nosotros no es patrimonio de ustedes, de su partido político ni de sus amigos”.


9 thoughts on “Consulta Popular en Ecuador: razones para el “no”

  1. Leí hasta la pregunta tres, tus razones para el NO me parecieron razones del siglo pasado, hasta ese entonces parecían respuestas bien argumentadas mas no pude seguir leyendo…

  2. SOLO LAS PERSONAS QUE NO HAN SUFRIDO POBREZA OPORTUNIDADES PUEDEN TENER ARGUMENTOS TAN LIVIANOS. NO TIENE SENSIBILIDAD CON ESOS ANIMALITOS, SEGURO QUE PIENZAN QUE SOLO ELLOS TIENEN DERECHO A VIVIR BIEN Y SER TRATADOS CON RESPETO

  3. LAs razones que describen el porque “NO”? no me parecen convincentes. El número de personas que van a la matanza de animales es minusculo; nuestros niños crecen sin valores puesto que en los medios de comunicacion pasan puras tonteras, si regulamos la prision preventiva se van a cometer menos delitos; me parece un absurdo compararlo con que luego se va prohibir el FUTBOl. podrían por favor poner una explicacion más logica y no justificaciones de segunda…..?

  4. Excelente artículo Sr. Zavala. Yo no soy partidaria de Correa (muy independiente de que como persona ese señor da mucho que decir) porque estoy viendo que mi país no camina hacia ninguna “revolución ciudadana” sino que camina hacia el socialismo inmerso en la pobreza, inseguridad y desempleo.

  5. LOS ARGUMENTOS QUE PRESENTAN PARA EL NO…..SON DE MUY POCA VERASIDAD EL SR.PRESIDENTE STA HACIENDO TANTAS OBRAS COMO NINGUN GOBIERNO ANTERIOR…ESTE PAIS ESTA SOBRESALIENDO DEL HUECO DE CORRUPCION EN DONDE NOS ENCONTRABAMOS… Y CON ESTA CONSULTA POPULAR CON UNA CLARIDAD MAS DEMOCRATICA Y PARTCIPATIVA…DE ESTO DEPENDE NUESTRO FUTURO Y EL DE NUESTRAS GENERACIONES

    1. Distinguidos silologos y nonologos lo que nos diferencia de las otras especies, dicen que somos ¨racionales¨ y pensantes, hay que leer las preguntas, y pensar en el futuro, si incluso el presidente de turno tendria buenas intenciones, el no es eterno ¨desgraciadamente para algunos, vendra un siguiente con otras ideas y las leyes propuestas nos pondran en apuros por decir algo. Nadie nos debe coartar, suprimir, o cambiar nuestra manera de pensar, somos libres por derecho, y ya que estamos tan ¨bien¨o tan ¨mal¨pidamos mas educacion para que elgun dia seamos votantes pensantes, gracias

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