Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com

Tenía curiosidad de comparar el proyecto de ley antimonopolio que auspician las filas correístas con leyes de otros países. Me llevé una gran sorpresa. Los law-makers del Buen vivir son muy innovadores. De hecho, a contracorriente de otras legislaciones, han decidido que ellos no necesitan órdenes judiciales para meter sus tecnocráticas naricitas en las empresas de otros, y que la carga de la prueba es demasiado pesada para sus burócratas.

Aparte, me impresionó ver que los legisladores oficialistas no han escatimado en tinta. Si comparamos el catálogo de prerrogativas de la cacareada Superintendencia de Control del Poder de Mercado con el de la Federal Trade Commission (EEUU), la Dirección General de Competencia (UE), o la Comisión Nacional de la Competencia (España), veremos que el ente criollo ganaría por goleada, haciendo honor al prefijo “Super”. Pero esto será harina de otro costal

Necesidad de orden judicial

Recuerdan que dijimos que los bienaventurados tecnócratas de la Super tienen capacidad para “exigir” a “cualquier persona la exhibición de cualquier información o todo tipo de documentos”, incluyendo “notas manuscritas”, “agendas personales”, “registros magnéticos”, etcétera. En cualquier momento, la Super queda facultada para realizar inspecciones “con o sin previa notificación”, así como para “utilizar datos de caracter personal” en la investigación (45). Y toda persona, natural o jurídica, está obligada a obedecer “sin necesidad de requerimiento judicial alguno” , y para todo esto la Super puede actuar “de oficio”(47).

En Europa, por ejemplo, no es así. El Reglamento del Consejo (CE) N° 1/2003 señala claramente en el artículo 20 que, cuando la ley local requiera permiso judicial, “el juez nacional verificará la autenticidad de la decisión de la Comisión y de que las medidas coercitivas no son arbitrarias ni desproporcionadas en relación con el objeto de inspección”. Por otra parte, señala que para la revisión de “otros locales, medios de trasporte…incluído el domicilio particular de los empresarios…”, no se podrá proceder sino con “previa obtención de un mandamiento judicial“. El juez podrá verificar que tales medidas no sean desproporcionadas en relación con la infracción presunta, etc.

Más aún, en el caso preciso de la legislación española (Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia), que desarrolla el reglamento antedicho, encontramos que (art.40) la Comisión solo puede acceder a la propiedad de terceros para inspeccionar mediante “consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial“. La autoridad competente puede dirigirse al juzgado contencioso administrativo (no cualquiera, como en el mashi proyecto) y el juez tendrá que resolver en 48 horas (no en 24, como en los pocos supuestos en que el mashiproyecto requiere de orden judicial).

Desde luego, solo pueden revisar documentos “relativos a la actividad empresarial”, y no “notas manuscritas” y“agendas personales”, como a los curiosos buenos vividores se les ocurrió.

Por otra parte, en Estados Unidos, por ejemplo, se requiere que la agencia específique “con certitud”, cuidadosa y detalladamente aquellos documentos y soportes que serán objeto de inspección; es decir, no puede ir por ahí el funcionario diciendo “quiero ver eso, eso, y eso”, al azar. No obstante, y a pesar de lo que se piensa, la FTC es constantemente demandada ante los tribunales americanos por graves abusos y violaciones del debido proceso constitucional. Imagino que los siempre pudorosos tecnócratas criollos serían incapaces de ello (#not).

La carga de la prueba.

Pero luego viene algo más interesante. Como también señalé, el mashiproyecto en su artículo 45 dice que la Super tendrá la carga de la prueba, pero siempre y cuando el denunciado no “omitiere”, “negare” o “dificultare” el acceso a la información, porque en tal caso “se invertirá la carga de la prueba”. Es decir, o cantas bonito o se presume tu culpa. No hay que pasar por un aula de Derecho para saber que eso es una burrada, hace falta haber visto solo una película de abogados.

Y de nuevo, solo con revisar el artículo 2 del citado Reglamento europeo: “En todos los procedimientos nacionales y comunitarios de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado, la carga de la prueba de una infracción… recaerá sobre la parte o la autoridad que la alegue“. Y eso no cambia porque no cantes, o si cantas, da igual. Es una mera consecuencia del principio constitucional básico de presunción de inocencia. En Estados Unidos pasa lo mismo, y existe amplia jurisprudencia al respecto.

PD. Creo que el tema de la regulación antitrust está mal planteado de raíz, parte de un error intelectual de base: pensar que el libre comercio lleva inexorablemente a la creación de monopolios, y que es necesaria un ente de regulación que los controle por el bien del libre mercado mismo. Ese es un prejuicio histórico, una leyenda repetida en todos lados, a todos los niveles. Es lo contrario. En un sistema de mercado auténticamente libre la formación de monopolios y cárteles con capacidad de tergiversar las condiciones de competencia es prácticamente imposible, y nunca se ha dado. Todos los monopolios y cárteles “existosos” lo han sido gracias a privilegios estatales, en forma de aranceles, patentes industriales, concesiones, etc. Recomiendo, sobre esto, comenzar por leer la obra de Murray Rothbard, y seguir por la historia de EEUU a finales del siglo XIX y comienzos de XX, que es cuando se aprueban todas estas leyes antitrust (si les interesa, tengo mucha info sobre el tema).

One thought on “Análisis comparativo del Proyecto antimonopolio.

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