Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de ratificar una sentencia en la que ordena que el Estado español indemnice a Arnaldo Otegi (político vasco del entorno de la banda terrorista ETA) con 23 mi euros por haber sido condenado por la justicia española a una pena desproporcionada, dentro de un juicio de injurias graves.

La justicia española condenó a Otegi a un año de prisión por delito de injurias graves contra el Rey (delito cuya mera existencia es cuestionada, con razón, por el TEDH). Nótese además que la sentencia nunca llegó a aplicarse, pero lo indemnizan por el solo daño que significa haber sido condenado de esa forma.

Mientras, la adelantada justicia ecuatoriana condena por un delito similar a los directivos del diario EL Universo (que lo único que ha derramado es tinta) no solo a tres años de prisión sino que también a 40 millones de dólares en indemnización, creando así una especie de “superdelito de injurias contra el cacique mesiánico de turno”.

Leyendo la sentencia del Tribunal Europeo, no me queda duda de que este daría una generosa indemnización a El Universo y a Emilio Palacio, solo por todo el daño inferido hasta el momento por una decisión judicial mucho más disparatada que la pena impuesta por los jueces españoles.

Esto fue lo que había dicho por Otegui, para que comparen con lo escrito por Emilio Palacio:

“¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en día en Bilbao con el Rey español, cuando el Rey español es el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia?”

Lo que me pareció más interesante de la sentencia del Tribunal Europeo de DDHH es esto (léanlo, está clarísimo y es plenamente aplicable al caso de El Universo):

50. …los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un hombre político, contemplado en este carácter, que los de un particular: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por el conjunto de los ciudadanos; debe, por lo tanto, mostrar una mayor tolerancia (Lingens, antes citado, § 42, Vacío Aizsardzības Klubs c. Letonia, n 57829/00, § 40, 27 de mayo de 2004, y Lopes Gomas DA Silva c. Portugal, n 37698/97, § 30, CEDDH 2000 ‑ X). Tiene ciertamente derecho a ver protegida su reputación, incluso fuera del marco de su vida privada, pero los imperativos de esta protección deben ponderarse con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, las excepciones a la libertad de expresión requieren una interpretación restrictiva (véase, en particular, Pakdemirli, antes citado, § 45, y Artun y Güvener c. Turquía, nº 75510/01, § 26, 26 y de junio de 2007).

54.Examinando las manifestaciones en sí mismas, el Tribunal admite que las expresiones utilizadas por el demandante pudieron ser consideradas como provocativas. Sin embargo, si bien es cierto que todo individuo que se compromete en un debate público de interés general, como el demandante en este caso, no debe superar algunos límites, en particular, el respeto de la reputación y los derechos de otros, le está permitido recurrir a una determinada dosis de exageración, o incluso de provocación, es decir, de ser un tanto inmoderado en sus observaciones (Mamère, precitada, § 25). El Tribunal observa que si algunos términos del discurso del demandante describen un cuadro muy negativo del Rey como institución y dan así al relato una connotación hostil, no incitan sin embargo a la violencia, y no se trata de un discurso de odio, lo que a los ojos del Tribunal es el elemento esencial que debe tenerse en cuenta (véase, a contrario, Sürek c. Turquía(n 1) [GC], n 26682/95, § 62, CEDDH 1999 ‑ IV). Por lo demás, tiene en cuenta que ni los órganos jurisdiccionales internos ni el Gobierno justificaron la condena del demandante hablando de la incitación a la violencia o discurso de odio.

60. Nada en las circunstancias del presente caso, donde las afirmaciones controvertidas se hicieron en el contexto de un debate sobre una cuestión que presentaba un interés público legítimo, podía justificar la imposición de una pena de prisión. Por su propia naturaleza, tal sanción produce inevitablemente un efecto disuasorio, a pesar del hecho de que se haya suspendido la ejecución de la pena del demandante. Si tal medida pudo aliviar la situación del demandante, no borra sin embargo su condena ni las repercusiones duraderas de toda inscripción en el registro de antecedentes penales (véase, mutatis mutandis, Artun y Güvener, antes citados, § 33, y Martchenko c. Ucrania, nº 4063/04, § 52, 19 de febrero de 2009).

Qué suerte que tiene el Mashi, y qué ‘buenos’ abogados.

Otegi, un ser humano despreciable perteneciente a un entorno de criminales llamado ETA, logra una indemnización por una sentencia ilegítima mucho menos absurda que la del juez Paredes.

Pero, en el Ecuador de Correa, un periodista y los dueños de El Universo, en cambio, reciben sentencia draconiana de un sistema de justicia macondesco, por el solo hecho de criticar en duros términos al presidente. Qué diferencia.

A ver qué dicen los jueces de la Corte Interamericana.

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