Por Aparicio Caicedo C. 

La disputa en torno a la política comercial tuvo un papel decisivo en la independencia americana. De hecho, el hastío de la clase dirigente de las trece colonias con respecto al dominio británico tuvo su principal origen en la política fiscal y de regulación comercial de la corona británica. Hasta muy entrado el sigo XVIII, los ciudadanos de los enclaves ingleses se consideraban a si mismos súbditos leales a la corona británica. La pertenencia al imperio anglosajón era una situación que llenaba de orgullo a los habitantes de Norteamérica. Hay quienes incluso aseguran que el sentimiento de lealtad al imperio estaba socialmente más arraigado entre estos que en la propia Inglaterra. Hasta la década de 1760, el norteamericano promedio se sentía relativamente cómodo bajo el dominio inglés. [1] La política económica de los feudos trasatlánticos del Rey de Gran Bretaña era concebida en la capital inglesa, Londres, sin que esto represente mayor inconveniente para la casta política de los asentamientos coloniales norteamericanos. Esta situación empezaría a cambiar recién a raíz de la crispación política desatada por las medidas restrictivas del comercio que adoptaría el gobierno británico a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.[2]

Mediante el control del comercio con sus colonias, el gobierno de la metrópoli se aseguraba el suministro de materias primas a muy bajo coste, al mismo tiempo que aseguraba un importante mercado para los productos manufacturados en territorio británico. Las Leyes de Navegación (Navigation Acts) vigentes en aquella época no permitían a las colonias mayor intercambio con otras naciones, ni con otros enclaves coloniales de la propia Gran Bretaña. A pesar de ello, estas leyes eran poco respetadas en la práctica diaria de las colonias.[3] El control del ingreso y salida de mercancías en aquel basto territorio constituía una tarea casi imposible.

En 1763, con la firma del Tratado de París, Gran Bretaña finalizó victoriosa una cruenta guerra de siete años contra Francia, enfrentamiento iniciado por la disputa de posesiones territoriales en el territorio norteamericano. Aquella victoria dejó a la corona inglesa con varias posesiones francesas en territorio Norteamericano. Entre ellas, Nueva Francia –hoy Canadá–, la Florida Española, así como los territorios pertenecientes a tribus indígenas al oeste del Río Mississippi. A pesar del resultado triunfal, aquel enfrentamiento tuvo un costo considerable para el gobierno británico, obligado a contraer deudas muy considerables para financiar la asombrosa campaña bélica en defensa de sus trece enclaves ultramarinos.[4] Una vez asegurada la aplastante derrota de las tropas francesas, Londres trazó un nuevo plan de resurgimiento económico dirigido a afianzar su presencia en sus dominios transatlánticos. Una de los principales objetivos era hacer que sean los propios colonos americanos quienes afronten los gastos incurridos por el gobierno de Londres durante la guerra con Francia. De esa manera, los recursos fiscales extraídos del Nuevo Mundo servirían para pagar las monumentales deudas que el gobierno inglés había contraído para llevar a cabo su hazaña bélica contra las tropas de Luis XV. Dicho plan incluía la adopción de tarifas arancelarias y la severa restricción del  intercambio comercial entre las colonias –sobretodo entre las posesiones del Caribe y las colonias norteamericanas–, procurando establecer como intermediarios exclusivos los puertos británicos. De aquella manera se aseguraba que la mayoría de la producción de los enclaves coloniales sea dirigida a Inglaterra, logrando controlar mejor el intercambio comercial en sus dominios. Además, se apuntaba a la eliminación del contrabando proveniente de las posesiones imperiales en el Caribe, las Indias Británica Occidentales[5]. En definitiva, la política oficial de la Corona tenía dos finalidades fundamentales. La primera, asegurarse una fuente de ingresos fiscales para nivelar los gastos incurridos durante la guerra de sietes años con Francia y; la segunda, controlar estrictamente el tráfico comercial de sus enclaves coloniales, asegurando suministro de materias primas a bajo costo y el acceso a los mercados coloniales para sus productos manufacturados. Todo ello al amparo de la visión mercantilista de la época: para solventar el poder económico de la Corona.

Nuevas restricciones al comercio y malestar político en las colonias.

Como mencionamos antes, hacía mucho que Londres legislaba imposiciones fiscales y aduaneras al comercio de las colonias. Las Leyes de Navegación (Navigation Acts) constituían el marco legal que regulaba las transacciones comerciales de las zonas bajo dominio inglés y la recolección de tributos. Aquellas leyes eran muy poco respetadas por los colonos americanos, quienes frecuentemente evadían los impuestos que el gobierno imperial exigía.[6] Sin embargo, a partir de 1763, y con el expreso afán de hacer frente a los gastos bélicos, el gobierno británico empezó a implementar estrictamente sus regulaciones aduaneras y mercantiles.[7]

En 1760, el Parlamento Británico aprobó la imposición de nuevos impuestos que afectaban únicamente a los colonos de Norteamérica. Ello a pesar de que los habitantes de las trece colonias no se encontraban debidamente representados en el parlamento. Aquella situación constituía una afrenta a los principios básicos del parlamentarismo anglosajón.  Uno de los avances más característicos del sistema de gobierno inglés por aquella época el principio según el cual sólo se podía establecer tributos sobre aquellas personas que se encuentren representadas en el parlamento (Principio conocido comúnmente por el aforismo no taxes without representation).[8] Lógicamente, los súbditos de las colonias rechazaron la imposición de cualquier impuesto mediante procedimientos que violen sus garantías constitucionales. La clase dirigente británica alegó que la representatividad de los colonos no era un requisito necesario en aquel supuesto dado que los habitantes de aquellos territorios habían sido los principales beneficiarios de los beneficios de una guerra que se ganó con gran sacrificio por parte de la Corona.[9]

En 1764, el gobierno británico adoptó la primera medida orientada a recuperar el vacío fiscal generado durante la campaña bélica contra Francia. Por iniciativa del primer ministro británico, George Grenville, el Parlamento imperial adoptó la Ley del Azúcar (The Sugar Act), por la cual se establecía un impuesto de 3 pences por galón de melaza, además de una serie de impuestos sobre un extenso catálogo de productos. Aquella pieza legislativa incluía un largo inventario de restricciones y medidas para hacer efectivo el cumplimiento de sus disposiciones. Aquella ley estuvo dirigida a que sean los colonos norteamericanos sean quienes soporten la carga de resarcir los gastos de la guerra en Gran Bretaña y Francia, tal como se menciona en su preámbulo:

Mientras que es oportuno que las nuevas disposiciones y regulaciones deban ser establecidas para mejorar los ingresos del este reino, y para extender y asegurar la navegación y el comercio entre Gran Bretaña y los dominios de su Majestad en América, los cuales, por la paz, han sido extendidos de manera tan conveniente: y mientras es justo y necesario que se deba incrementar la fuente de ingresos en los mencionados dominios de su Majestad en América, para costear los gastos de defender, proteger y asegurar los mismos.[10]

Por otra parte, en 1764 se aprobó también la Ley de la Moneda (The Currency Act), por la que se prohibía la emisión de papel moneda en los territorios coloniales bajo dominio británico. La razón de esa medida, según rezaba el texto de la propia ley, fue la proliferación de notas de crédito emitidas en territorio americano había ocasionado una significativa perdida de valor de tales documentos en perjuicio de muchos mercaderes ingleses, quienes recibían dichos dichas notas de crédito como pago por la venta de sus productos a comerciantes norteamericanos. Aquella situación estaba ocasionando un considerable perjuicio para los intereses económicos de Gran Bretaña, tal como se señala expresamente en el preámbulo de la ley:

Mientras grandes cantidades de notas de crédito han sido emitidas en las colonias o plantaciones de su Majestad en América, en virtud de leyes, ordenes, resoluciones, o votos de la asamblea, declarando dichos documentos de crédito como medios legales de pago de dinero: y mientras que el valor de  tales notas de crédito se ha depreciado gravemente, ocasionando que muchas deudas sean canceladas por un valor mucho menor al contratado inicialmente, en grave perjuicio y desincentivo del intercambio y comercio con los súbditos de su Majestad. (…)[11]

La protesta ante las cargas impositivas impuestas desde Londres no se hizo esperar. El 3 de noviembre de 1764, la Casa de Representantes de Massachussets aprobó una petición que fue enviada a los miembros de la Casa de los Comunes (House of Commons)  del Parlamento Británico, rechazando las medidas impuestas.[12] El 18 de diciembre, la Casa de Burgueses de Virginia dirigía una misiva similar a Londres. Ambos documentos aludían expresamente la falta de representatividad de los colonos en el debate parlamentario por el que resolvió imponer los tributos. Sostenían que ello violaba sus garantías constitucionales como súbditos de la corono inglesa. No aceptaban el argumento de los parlamentarios ingleses, según el cual la representación de los colonos no era indispensable dado que se trataba de una medida “justa y necesaria” en vista del enorme beneficio servido por las tropas británicas a favor de los enclaves coloniales. La comunicación enviada desde la legislatura de Virginia acusaba tajantemente que:

Es esencial para la libertad británica que las leyes que establecen impuestos sobre las personas no pueden ser hechas sin el consentimiento de los representantes elegidos por esas mismas personas; (…). Estos privilegios, inherentes a las personas que descubrieron y se asentaron en estas regiones, no pueden ser renunciados ni olvidados por su partida, no en calidad de vagabundo o fugitivos, sino con la autorización y ánimo de su príncipe y animados por el plausible deseo de agrandar los dominios británicos, y extender su comercio.[13]

En ambas comunicaciones no sólo se rechazaban los tributos impuestos al comercio sino que, además, se analizaban los potenciales efectos negativos que tales restricciones comerciales podrían tener para la economía americana y británica. Se mencionaba, por ejemplo, que la perdida que acarreaban los aranceles para los comerciantes norteamericanos significaría una rebaja en el consumo de bienes importados de Inglaterra.[14] Se acusaba también que la prohibición de importar madera de otros países de Europa a territorio americano significaría un desincentivo para el cultivo de nuevas plantaciones en terrenos baldíos.[15]

Las misivas de Massachussets y Virginia también impugnaban el hecho de que las leyes aprobadas por el parlamento británico otorgaban jurisdicción para resolver los casos relativos a la recolección de tributos aduaneros a las Court of Vice-Admiralty, establecidas en todo el territorio americano. Con respecto a este punto, la comunicación advertía los potenciales inconvenientes que podrían afrontar aquellos comerciantes cuando el tribunal competente para conocer su proceso se situé en otra colonia, dado que tendría que perder la carga objeto de controversia debido a la falta de recursos para llegar hasta el juez. También se mencionaba es hecho de establecer. También se hace mención de la inconstitucionalidad (entendida como violación de los derechos naturales de los súbditos ingleses) de establecer un procedimiento judicial sin jurado.[16]

La petición de la legislatura de Virginia desarrollaba de manera muy clara la incidencia de la política fiscal aplicada por el gobierno de Londres. Se mencionó la división del trabajo existente entre las colonias y los territorios europeos: Las colonias americanas se dedicaban a la explotación y producción agrícola para el beneficio del Imperio mientras que la metrópoli se especializaba en la producción de productos manufacturados necesarios para las actividades de explotación agrícolas en los enclaves coloniales. Señalaba que la restricción del efectivo circulante en las colonias así como los impuestos exigidos interrumpirían el “feliz intercambio de beneficios recíprocos” imperante entre Norteamérica y Gran Bretaña. El pronunciamiento también reconoce que las cargas tributarias impuestas por la Ley del Azúcar son menores que las vigentes durante la guerra, pero señala que los recursos para el pago de tales imposiciones no son suficientes por la imposibilidad de emitir notas bancarias o papel moneda.[17]

En 1965, otra iniciativa del ministro Grenville ayudaría a caldear aún más el ambiente político en las colonias. En marzo de aquel año, el parlamento británico aprobó la Ley de Timbres (Stamp Act), con el ánimo de solventar los gastos de las tropas imperiales acantonadas en Norteamérica. En virtud de aquella ley, todos los documentos escritos tales como contratos, periódicos, escrituras públicas, licencias para la venta de alcohol, inscripción de notarios, cartas de juego, etc. debían portar un sello oficial por el cual se exigían tasas muy altas en algunos casos. Se imponía así la obligación de pagar impuestos por casi todos los documentos, acuerdos, transacciones comerciales, trámites judiciales y notariales, y hasta por el nombramiento de aprendices artesanales. Incluso se establecían tasas más altas que las vigentes en territorio inglés.[18] Los castigos establecidos por el incumplimiento de aquella ley eran muy severos. Los panfletos y periódicos que no cumplieren con la normativa y circularen si la correspondiente certificación eran confiscados y se le imponía una fuerte multa a sus editores, a quienes además se los privaba de los derechos de autor sobre tales publicaciones.[19] La falsificación o alteración de los timbres oficiales se castigaba incluso con la pena de muerte en ciertos casos.[20] Dicha ley entró en vigencia en noviembre del mismo año, causando mayor crispación social entre los habitantes de las colonias.

Llegado este punto el descontento con las medidas del gobierno de Londres empezaba a apoderarse de la opinión pública. “No a la tributación sin representación” se convirtió en el nuevo lema popular. A partir de 1965, hubo una proliferación de asociaciones clandestinas para reclamar los derechos violados por las disposiciones del Parlamento inglés.[21] Se crearon sociedades secretas en cada colonia conocidas como los “Hijos de la Libertad” (Sons of Liberty), un importante movimiento propagandista, impulsado por agitadores que promovían el boicot a los productos ingleses. Incluso se vieron muchos episodios de violencia. Andrew Oliver, oficial encargado de administrar los timbres oficiales y recolectar las tasas en Boston, fue ahorcado y quemado por una turba enardecida.[22] Similares incidentes se dieron en otras ciudades.

Rechazo a Londres y formación de la identidad nacional

En octubre de 1765, los más importantes mercaderes neoyorquinos decidieron firmar un Acuerdo de No Importación, por el cual hacía manifiesto su rechazo a las políticas fiscales del gobierno británico y acordaban no comprar más productos provenientes de Inglaterra. Por medio de aquel pacto se comprometían a cancelar todas sus órdenes de bienes manufacturados en territorio británico hasta la derogación de la Ley de Timbres.[23] En el acuerdo se señala claramente que se promoverá la utilización manufacturas producidas en Norteamérica hasta que el gobierno inglés no retire las restricciones al comercio. Aquella medida constituyó la primera vez que se aplicaba presión de forma tan directa sobre la clase política londinense, una verdadera estrategia política dirigida a influenciar las decisiones del Parlamento. Es quizás la primera vez que las colonias utilizaron de forma tan flagrante el acceso comercial sus territorios como arma de presión política, abriendo una nueva dimensión de lo que era, hasta entonces, una mera actividad económica. También, en octubre de 1765, se celebró el Congreso de la Ley de los Timbres (Stamp Act Congress), que contó con la participación de delegados de nueve de las trece colonias, entre los cuales se encontraban futuro participes de la independencia americana como John Rutledge y John Dickinson. Los veintisiete delegados asistentes redactaron una resolución conocida como Declaration of Rights and Grievances, mediante la que elevaban una mordaz crítica a la política tributaria imperial y sostenían que sólo los parlamentos coloniales estaban legitimados para imponer tributos a los habitantes de las colonias, dado que los habitante de los enclaves ultramarinos ingleses no gozaban de representación en el Parlamento de Gran Bretaña. Pedían ser tratados como cualquier otro súbdito de la corona, con las mismas garantías que los habitantes de Inglaterra. Aquella resolución fue enviada al rey Jorge III así como a las dos cámaras del parlamento. La Ley de Timbres fue finalmente derogada por el Rey de Gran Bretaña en 1766. La derogatoria se debió en gran parte a la presión de los propios grupos industriales y comerciantes ingleses, seriamente afectados por el boicot implementado en América contra sus productos.[24] Es quizás a partir de ese momento que la clase dirigente norteamericana se dio cuenta del verdadero potencial de las restricciones comerciales como herramienta de coacción política en sus relaciones con el mundo.

La quietud no duró por mucho tiempo. En noviembre de 1767, el Parlamento Británico aprobó una nueva medida legislativa conocida como la Ley Townshend (Townshend Act), por medio de la cual se imponían nuevas cargas tributarias a las importaciones de numerosos bienes. La ley contenía un extenso catálogo de productos grabados entre los que se incluían insumos de uso común tales como vidrio, pintura, papel o té. Se establecían tarifas muy específicas para cada categoría. Así, la importación de pintura estaba grabada con dos chelines por medida, la entrada de té con dos peniques por libra, etcétera. Entre las intenciones expresas del acto legislativo se encontraba la de facilitar la rebaja de los impuestos aduaneros a las exportaciones de café y granos de cacao, así como evitar el contrabando entre las colonias americanas y las plantaciones británicas en el Caribe.[25]

La reacción de los colonos fue crítica. La legislatura de Massachussets aprobó una carta escrita, en 1768, por Samuel Adams, dirigida a los órganos de gobiernos de las trece colonias norteamericanas, por la cual exponía de forma detalla las causas del enfado que originaba su política tributaria de la corona británica y llamaba a la unidad. En aquel mensaje se insistía en la vulneración a los derechos constitucionales que significaba la imposición de cargas tributarias por un parlamento en cual no estaban  representados. Se apuntaba  también la lealtad de los colonos y su calidad de miembros del imperio británico.[26] Los ánimos volvieron a caldearse entre Londres y las colonias norteamericanas. El 10 de junio de 1768, las autoridades inglesas confiscaron el barco mercante Liberty, propiedad de John Hancock, bajo cargos de contrabando. Hancock era un conocido contrabandista que aprovechó el infeliz incidente para inflamar la opinión pública bostoniana.[27] Las protestas públicas alertaron a los oficiales ingleses quienes informaron pronto al gobierno británico sobre la situación.[28]

El 22 de julio del 1768, los comerciantes más importantes de Carolina del Sur firmaron el Acuerdo de  No Importación de Charleston (Charleston Non-Importation Agreement), verdadera declaración de guerra comercial a Londres. El 1 de agosto, un grupo constituido por los principales comerciantes de Boston, entonces la ciudad más importante de Norteamérica, suscribieron un pacto similar, en virtud del cual se comprometían a no vender ni importar ninguna clase de bien o mercaderías de Gran Bretaña, ya sea por cuenta propia o ajena, por el periodo de un año.[29] El 13 de septiembre, otro grupo de ciudadanos bostonianos firmó una resolución por la cual exigían, por parte de del gobierno londinense, el reconocimiento de sus derechos constitucionales como súbditos leales del monarca británico. Como en los otros pronunciamientos, rechazaban la imposición de tributos sin que haya mediado su consentimiento o el de sus representantes y el empleo de tropas para la recolección de los impuestos.[30]

En octubre de 1768, llegaron más tropas británicas a los territorios coloniales. La agitación social iba en aumento según avanzaban las semanas y meses. La polarización social alcanzó su clímax de violencia el 5 de marzo de 1770, con la “Masacre de Boston”. En aquella ocasión, las tropas británicas dispararon contra una turba enardecida, matando cinco personas. La situación llegó a niveles insostenibles. La perturbación pública causada por los infames sucesos fue bien aprovechada por los agitadores políticos. Se empezaban a popularizar las ideas independentistas. La Ley Tonwshend fue parcialmente derogada en 1770, dejando en vigor los impuestos sobre la importación de té. El 9 de junio de 1772, el barco británico HMS Gaspée, dedicado al control del tráfico comercial y cumplimiento las medidas impuestas por la Corona, es abordado, saqueado y quemado por la tripulación del barco Hannah, perteneciente a ciudadanos de la colonia. Aquel incidente tensó de forma irreversible las relaciones entre las colonias y la capital inglesa.[31]

En mayo de 1773, el parlamento británico aprobó una nueva medida conocida como la Ley del Té (Tea Act), por la cual reformó el esquema de impuestos a la importación de té provenientes de las Indias Orientales. Mediante aquel producto legislativo, se exoneró a los comerciantes ingleses de pagar impuestos por la importación de té a las colonias británicas en Norte América. Esa medida, según rezaba el texto de la propia ley, buscaba superar los apuros económicos por los que atravesaba la East Indian Company –empresa de la Corona Británica dedicada a la comercialización de té–. Es válido destacar que aquella disposición no creaba nuevos tributos que restringieran el tráfico comercial de las colonias. Sin embargo, al exonerar de impuestos a los comerciantes ingleses y, consecuentemente, reducir el precio de sus productos, dejaba sin ventajas competitivas a una gran cantidad de contrabandistas norteamericanos como el propio Hancock.

El 12 de marzo de 1773, la legislatura de Virginia da un significativo paso hacia concertación de una acción común de las trece colonias frente a Inglaterra, resuelve crear un Comité de Correspondencia, encargado de estudiar la situación política en Gran Bretaña y sus efectos en las colonias. Entre los encargados para conformar aquel comité estaba Thomas Jefferson. El grupo de trabajo tenía el encargo de obtener la inteligencia más reciente y auténtica de las leyes del parlamento británico, y además mantener un fluido contacto con las legislaturas los restantes enclaves coloniales en Norteamérica.[32] Aquella resolución fue comunicada a los demás parlamentos coloniales como una primera iniciativa por unificar maniobras frente a la corona británica. En mayo del mismo año, la Casa de Representantes de Massachussets aprobaba la propuesta de Virginia y creaba un comité de trabajo orientado a valorar la situación y mantener contactos con las demás colonias, en términos muy similares a los resueltos por los parlamentarios de Virgina. Uno de los miembros de aquel grupo de trabajo era el propio John Hancock, protagonista del incidente con el barco mercante Liberty.[33] Los comités creados pueden ser considerados como el inicio de la articulación oficial de una política exterior conjunta de las colonias. Hasta entonces, los pronunciamientos oficiales habían sido hechos por cada legislatura en solitario. Era cada vez más evidente que el desanimo por las medidas de Londres se sentía en la mayoría de Estados.

Pocos meses después del pronunciamiento de Virginia, la Asociación de los Hijos de la Libertad de Nueva York adoptó una resolución por la cual declaraba como “enemigo de la libertad de América” a cualquier persona que cumpla con las disposiciones del Ley del Té o que colabore de alguna manera con su realización. Es decir, a cualquier persona que permita la importación de té exonerado de impuestos traídos por comerciantes ingleses. La resolución señalaba la efectividad que tuvieron los acuerdos de no importación realizados con anterioridad como medida de presión política ante el gobierno londinense.[34]

En diciembre de 1773, se dio el incidente conocido como “La Fiesta del Té de Boston” (Boston Tea Party). Un grupo de individuos, presuntamente vinculados a los Hijos de la Libertad, subieron a bordo del barco HMS Darmouth disfrazados de indios americanos y arrojaron por la borda las 45 toneladas de té que llevaba aquel navío. El agravio desencadenó la cólera del gobierno británico. A mediados de 1774, el parlamento inglés aprobó una serie de medidas conocidas por los colonos como las Leyes Intolerables (Intolerable Acts) [35], en virtud las cuales se restringió el derecho de asociación en Massachussets.  Se cerró el puerto de Boston hasta que sean resarcidos los daños sufridos por la “Fiesta del Té”, entre otras severas imposiciones. La tensión creció y la élite política elevó el tono de sus reclamos. En agosto de 1774 se celebró una Convención en Virginia acordaron una resolución en la que se exigía el inmediato reconocimiento de sus demandas y convocaban a un absoluto sabotaje a toda actividad comercial con Gran Bretaña, incluyendo la prohibición de exportar cualquier tipo de productos –como lana o tabaco– a suelo británico. También se rechazaba expresamente que se obligue a los habitantes de Boston a indemnizar los daños sufridos en el incidente del té ya comentado

La resolución del Parlamento de Filadelfia constituyó una declaración tajante de la injusticia que representaban los tributos impuestos a las colonias británicas. En ella se hacía referencia expresa al impuesto. Cabe destacar que en aquel documento, los ciudadanos participantes todavía se describen como súbditos leales de la Corona británica: We, his Majesty’s dutiful and loyal subjects, the delegates of the freeholders of Virginia.[36] Las tendencias independentistas demoraron todavía algunos años en ganar simpatías entres los colonos y la clase dirigente. De hecho, no fue sino hasta mayo de 1776 que se planteó oficialmente la supresión de la autoridad del monarca británico como origen del poder y se propuso que la autoridad del gobierno debía derivarse del pueblo.[37]

Sin duda, las nuevas imposiciones británicas al comercio de sus enclaves ultramarinos en Norteamérica constituyeron el elemento clave para forjar una sensación de unidad entre aquellas colonias británicas. La Corona se convirtió en un obstáculo para la prosperidad material de los acaudalados mercaderes de Boston o Nueva York. Aquella animadversión compartida sirvió de génesis a una identidad común. La naciente sensación de desarraigo de los colonos con respecto a la Corona Británica se vio afianzada con el firme rechazo a los abusos del poder imperial.  La política comercial –el rechazo a las disposiciones mercantilistas de Londres– constituyó el primer eje de acción política de las trece colonias, el escenario donde por primera vez se presentarían con una sola voz ante Gran Bretaña y el resto del mundo. Los boicots comerciales instaurados por las legislaturas americanas a los productos británicos, ejerciendo facultades atribuidas de facto, constituyen el primer despliegue conjunto de soft power de las trece colonias inglesas, cuya clase dirigente cobró conciencia plena del potencial de la manipulación del tema comercial como instrumento político de presión internacional. Es meritorio resaltar que por mucho tiempo las protestas fueron elevadas exigiendo únicamente un trato equitativo como “súbditos de la corona”, de lo que se deriva claramente que el anhelo independentista no había calado todavía en la opinión de la élite colonial; situación que, como hemos señalado ya, no se oficializó hasta 1776. Sin embargo, aquel movimiento derivó en un creciente afán separatista entre muchos sectores, bien aprovechado por una élite política partidaria de la  ruptura lazos con Inglaterra.

Continua con “Diplomacia económica de los founding fathers


[1] KAGAN, Robert: Dangerous Nation: America´s Place in the World from its Earliest Days to the Dawn of Twetieth Century, Alfred A. Knopf, 2006, p. 19.

[2] ECKES, op. cit., 6.

[3] WILSON, Vincent Jr. (ed.): The Book of Great American Documents, American History Research, cuarta edición, 2005, p. 13.

[4] MARSTON, Daniel: The American Revolution, 1774-1783, Routledge, 2003. pp 9. y ss.

[5] Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Jamaica, Montserrat, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos.

[6] MORRIS, Richard B. (ed.): The Era of the American Revolution: Studies Inscribed to Evarts Boutell Greene, Columbia University Press, 1939, pp. 3 y ss.

[7] MARSTON, Daniel: The American Revolution, 1774-1783, Routledge, 2003. pp 9. y ss.

[8] MARSTON, op. cit., p. 11.

[9] MARSTON, Daniel: The American Revolution, 1774-1783, Routledge, 2003. pp 9. y ss.

[10] Traducción del texto original en inglés: Whereas it is expedient that new provisions and regulations should be established for improving the revenue of this kingdom, and for extending and securing the navigation and commerce between Great Britain and your Majesty’s dominions in America, which, by the peace, have been so happily enlarged: and whereas it is just and necessary, that a revenue be raised, in your Majesty’s said dominions in America, for defraying the expences of defending, protecting, and securing the same;(…)  Texto completo de la Ley del Azúcar de 1765 (Stamp Act) disponible en el portal de Internet del Proyecto Avalon de la Universidad de Yale: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/sugar_act_1764.htm

[11] Traducción del texto original en ingles: WHEREAS great quantities of paper bills of credit have been created and issued in his Majesty’s colonies or plantations in America, by virtue of acts, orders, resolutions, or votes of assembly, making and declaring such bills of credit to be legal tender in payment of money: and whereas such bills of credit have greatly depreciated in their value, by means whereof debts have been discharged with a much less value than was contracted for, to the great discouragement and prejudice of the trade and commerce of his Majesty’s subjects Disponible en la página de Internet del Proyecto Avalon de la Universidad de Yale: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/curency_act_1764.htm

[12] MARSTON, Daniel: The American Revolution, 1774-1783, Routledge, 2003. pp 9. y ss.

[13] Traduccción del texto original en inglés: it is essential to British liberty that laws imposing taxes on the people ought not to be made without the consent of representatives chosen by themselves; who, at the same time that they are acquainted with the circumstances of their constituents, sustain a proportion of the burden laid on them. This privilege, inherent in the persons who discovered and settled these regions, could not be renounced or forfeited by their removal hither, not as vagabonds or fugitives, but licensed and encouraged by their prince and animated with a laudable desire of enlarging the British dominion, and extending its commerce. Texto completo disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/petition_va_1764.htm

[14] That the importation of foreign molasses into this province in particular is of the greatest importance, and a prohibition will be prejudicial to many branches of its trade and will lessen the consumption of the manufactures of Great Britain. Texto complete disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/petition_mass_1764.htm

[15] That the restraints laid upon the exportation of timber, boards, staves, and other lumber from the colonies to Ireland and other parts of Europe, except Great Britain, must greatly affect the trade of this province and discourage the clearing and improving of the lands which are yet uncultivated.

[17] Citar la carta, ver anterior.

[18] La tasa establecida en la Ley para la colegiación de notarios y abogados era de 10 libras mientras que en territorio inglés era sólo de dos libras. Texto completo de la Ley de Sellos de 1765 (Stamp Act) disponible en el portal de Internet del Proyecto Avalon de la Universidad de Yale: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/stamp_act_1765.htm

[19] Párrafo XXVI (Stamp Act).

[20] Párrafos XVIII y XIX (Stamp Act).

[21] SURRENCY, Erwin C., “Transition from Colonialism to Independence”, AMERICAN JOURNAL OF LEGAL HISTORY, 46, 2004, p. 57.

[22] MORRIS, Richard B. (ed.): The Era of the American Revolution: Studies Inscribed to Evarts Boutell Greene,ColumbiaUniversity Press, 1939, pp. 269 y ss.

[24] El decreto de derogación señalaba expresamente que: (…) whereas the continuance of the said act would be attended with many inconveniences, and may be productive of consequences greatly detrimental to the commercial interests of these kingdoms; (…)is and are hereby repealed and made void to all intents and purposes whatsoever. Disponible en el portal de Internet del Proyecto Avalon de la Universidad de Yale:  http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/repeal_stamp_act_1766.htm

[25] The Townshend Act, November 20, 1767. Texto en inglés disponible en:  http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/townsend_act_1767.htm

[26] This House further are of opinion that their constituents, considering their local circumstances, cannot, by any possibility, be represented in the Parliament; and that it will forever be impracticable, that they should be equally represented there, and consequently, not at all; being separated by an ocean of a thousand leagues. That his Majesty’s royal predecessors, for this reason, were graciously pleased to form a subordinate legislature here, that their subjects might enjoy the unalienable right of a representation; also, that considering the utter impracticability of their ever being fully and equally represented in Parliament, and the great expense that must unavoidably attend even a partial representation there, this House think that a taxation of their constituents, even without their consent, grievous as it is, would be preferable to any representation that could be admitted for them there. Texto completo disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/mass_circ_let_1768.htm

[27] ALLAN, Herbert S.: John Hancock: Patriot in Purple, Macmillan, 1948, pp. 42 y ss.

[28] EDWARDS, op. cit., buscar página.

[30] Resolutions of the Boston Town Meeting; September 13, 1768. Disponible en:  http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/res_boston_1768.htm

[31] EDWARDS, op. cit., ver página.

[32] Los miembros de aque grupo de acción fueron: Peyton Randolph, Esquire; Robert Carter Nicholas, Richard Bland, Richard Henry Lee, Benjamin Harrison, Edmund Pendleton, Patrick Henry, Dudley Digges, Dabney Carr, Archibald Cary, and Thomas Jefferson. (…)whose business it shall be to obtain the most early and authentic intelligence of all such Acts and resolutions of the British Parliament, or proceedings of administration, as may relate to or affect the British colonies in America, and to keep up and maintain a correspondence and communication with our sister colonies, respecting these important considerations ; and the result of such their proceedings, from time to time, to lay before this House.  Disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/va_res_corres_1773.htm

[33] Resolutions of the Massachusetts House of Representatives Agreeing to the Virginia Proposal; May 28, 1773. Texto completo de la resolución disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/res_mass_va_prop_1773.htm

[34] Association of the Sons of Liberty in New York; December 15, 1773. Texto complete disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/assoc_sons_ny_1773.htm

[35] The Boston Port Act : March 31, 1774. Texto complete disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/boston_port_act.htm

The Administration of Justice Act; May 20, 1774. Texto complete disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/admin_of_justice_act.htm

The MassachusettsGovernment Act; May 20, 1774. Texto complete disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/mass_gov_act.htm

The Quartering Act; June 2, 1774. Texto complete disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/parliament/quartering_act_1774.htm

[36] The Association of the Virginia Convention. Texto complete disponible en: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/amerrev/amerdocs/assoc_of_va_conv_1774.htm

[37] SURRENCY, Erwin C.: “Transition from Colonialism to Independence”, AMERICAN JOURNAL OF LEGAL HISTORY, 46, 2004, p. 57.

4 thoughts on “La independencia americana y el mercantilismo británico

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