Malversar no es informar

Por Aparicio Caicedo C.  

ZonaLibreEncuentro una revista gratuita cuya portada se mofa de dos contendores electorales del actual presidente. La abro. Sus páginas están tapizadas de propaganda oficial del Gobierno central y otras instituciones. Leo el nombre de quienes dirigen dicha publicación y busco en Internet. La propia web de la Presidencia de la República me da la respuesta que buscaba. Rechanfle: más de 52 mil dólares nos costó patrocinar ese pasquín llamado Zona Libre. Imagino cuánto tuvieron que trabajar para producir ese dinero los contribuyentes de cuyos impuestos se financió dicho egreso. Cincuenta luquitas es mucho billete. Y eso sin contar la publicidad de otros entes que aparece en ese mismo panfleto. Me pregunto, ¿este derroche a discreción puede ser legal?

No es legal lo que se está haciendo con recursos públicos; más aún, merece sanción y hay fórmulas para hacerlo. No es legítimo, ni constitucional, ni nada. Podría tratarse incluso de un delito, y sin duda es una violación de derechos humanos.

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ImagenEl Código Penal estipula como delito la malversación de fondos públicos, es decir, “la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además, abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público”. Porque los órganos del Estado, a diferencia de los simples mortales, están sujetos al principio constitucional de legalidad en su actuación. Un funcionario solo puede usar su cargo para hacer aquello que la ley expresamente le permite, nada más. De este principio se deriva lógicamente la necesidad de prevenir posibles abusos con dinero ajeno, penalizando tal supuesto con una pena severa: de ocho a doce año de reclusión mayor ordinaria.

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No sabemos cuánto habrá pagado el Banco Nacional de Fomento por esta publicidad.

En ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se faculta al Gobierno para consumir recursos estatales difamando a nadie, ni para “defenderse” de las críticas de sus ciudadanos mediante insultos y burlas, ni para promover la imagen del presidente-candidato con miles de vallas, comerciales, spots y cadenas. Porque “informar” no es despilfarrar 86 mil dólares en seis meses para contratar bufones, ni producir documentales dedicados a denostar a los rivales electorales, ni patrocinar revistas para denigrar ciudadanos. ¿Qué es todo eso sino una malversación de recursos públicos?, ¿qué es eso sino “una aplicación de fondos a fines distintos de los previstos” en la ley?, ¿no es acaso un uso arbitrario del dinero de todos para el provecho electoral “propio y de terceros”?

El "profundísimo" reportaje de fondo.
El “profundísimo” reportaje de fondo.

Por otro lado, tal abuso supone también una violación flagrante del artículo 11 de la Convención Americana de DDHH: Nadie puede ser objeto de ataques ilegales a su honra o reputación. Aunque ya sabemos la respuesta a esto. El Gobierno ha hecho suyas las prácticas de conocidos soberanistas latinoamericanos como Pinochet o Fujimori, al desprestigiar metódicamente el sistema interamericano de derechos humanos.

Un día alguien tendrá que responder por esto ante la justicia nacional o internacional. Aunque tocará esperar. Lastimosamente, por el momento los jueces aquí se esmeran solo en proteger los “derechos del Estado” frente a los malvados ciudadanos (véase sentencia contra La Hora). Y todo esto sucede en época electoral, mientras el CNE solapa con su inacción ilegalidades manifiestas, desafiante con unos y complaciente con otros. Paciencia, mucha paciencia.

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