Constitucionalizar el sinsentido

Por Aparicio Caicedo C.

IED en EC

Original publicado en diario El Universo.

Hace pocas semanas circuló un dictamen de la Corte Constitucional (DICTAMEN No. 010-13-DTI-CC, del 25 de abril de 2013) que ha dinamitado los pocos puentes institucionales que quedaban para ser cruzados por la inversión extranjera.

El presidente, como lo anunció, inició hace meses trámites para denunciar distintos acuerdos de protección recíproca de las inversiones que Ecuador tiene firmados con varios estados. La razón es que tales instrumentos permiten a los inversores extranjeros someter sus diferencias con el Gobierno ante tribunales arbitrales extranjeros. Por tanto, siguiendo el trámite correspondiente, la Presidencia solicitó ante la Corte Constitucional un dictamen que avale sus pretensiones.

Y la Corte, como ya es regla, le dio la razón al Gobierno. Sí, dijeron los flamantes jueces constitucionales –refiriéndose en este caso al acuerdo con España–, ese convenio no es consecuente con la soberanía nacional. Y “como la estructura jurídica ecuatoriana ha asumido nuevos retos”, lo declararon inconstitucional. Se refirieron expresamente al artículo 11 del tratado, que permite al inversor recurrir a organismos de arbitraje internacionales, como el Ciadi. Léase el texto del dictamen:

En efecto, revisado el texto del Acuerdo se establece que el mismo contiene cláusulas contrarias a la Constitución y consecuentemente lesivas para el interés nacional, como es el caso de la prevista en el artículo XI del Acuerdo que somete al Estado ecuatoriano al arbitraje internacional, para la solución de controversias, en desmedro de lo estipulado en el artículo 422 de la Constitución de la República, que establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. Al someter jurisdiccionalmente al Ecuador al arbitraje internacional, no sería raro que se presenten experiencias como las que ha descrito el secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, en el sentido de que al resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano se priorice el concepto de la “inversión”, en menoscabo del ordenamiento interno, al considerar que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido “arbitrarias” o “discriminatorias”; o a pesar de que en la mayoría de los convenios se ha respetado la soberanía tributaria de los países receptores de inversión, los tribunales arbitrales eventualmente las desconocen, al estimar que una medida tributaria es “confiscatoria”, lo que evidentemente habría lesionado el interés nacional, justificándose de esta manera la intención de denunciar por parte de la Presidencia de la República al Acuerdo en mención

El razonamiento del dictamen es de leyenda: como los tribunales de este tipo priorizan el “concepto de inversión”, puede que perdamos el litigio y ellos vean “confiscación” donde solo hay una medida tributaria soberana; por tanto, lo consideramos inconstitucional. Y citan expresamente, como referente de validez, el razonamiento del secretario jurídico de la Presidencia (#Plop). Yo supongo que el hecho de que la mayoría de los procesos ante el Ciadi son ganados por los estados se les habrá pasado por alto. Normal. Pobres, con lo ocupados que están, no se les puede pedir que revisen las estadísticas de la Unctad.

Podríamos decir hasta ahí lo obvio: la Corte Constitucional se ha sumado al catálogo de instituciones espantadoras de inversión extranjera. Y de forma sublime. Porque este dictamen vinculante quema los barcos para el Ejecutivo, no hay vuelta atrás. Los magistrados fueron claros: una cláusula de esa naturaleza es contraria a la Carta de Montecristi, y encuentran cierto asidero en el artículo 422 de la misma. Dicha disposición impide celebrar nuevos acuerdos que sometan las diferencias con el Estado a arbitrajes internacionales, aunque no dice nada sobre los celebrados antes (el acuerdo con España es de 1996).

Y ahí viene lo interesante: ¿Qué vamos a hacer en la negociación con el Mercosur? Porque sabrán ellos que existe el Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur. En dicho protocolo se deja a elección del inversor extranjero de alguno de los países miembros la opción de recurrir ante el malvado Ciadi para resolver sus diferencias con el Estado. ¿Podrían ser inconstitucionales los acuerdos de préstamos con China, algunos de los cuales someten las eventuales diferencias nada menos que a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, “Governed by English Law”?

Lo cierto es que el sinsentido de la política económica internacional del Gobierno se galvanizó constitucionalmente en la Corte. Cada dictamen de este tipo es una bengala más de inseguridad jurídica que advierte a los inversores extranjeros: si pensaban venir algún día, mejor ya no lo hagan. Porque no vaya a ser que tengan la desfachatez de desconfiar de la independencia de nuestros jueces (no se rían, antipatriotas) y quieran someter sus eventuales diferencias a un tribunal arbitral más neutral.

One thought on “Constitucionalizar el sinsentido

  1. Gracias por hacerme llegar su articulo que contiene sustentadas reflexiones sobre los prejuicios que tiene el poder respecto de la inversión extranjera, importante motor del desarrollo de una sociedad. Que entreguistas y dependientes resultan,para los revolucionarios, las naciones que crecen con el apoyo del ahorro extranjero, el que, obviamente, reclama reglas claras, y los estados, como el nuestro, que soberanamente lo maltrata. Ojala lo que hoy podríamos obtener como un derecho, mañana no lo tengamos que recibir como caridad internacional. Saludos. Eduardo Cornejo Calderón.

    El 2 de junio de 2013 22:42, “TⒶRTUFOCRACIA” escribió:

    > ** > Tartufocracia posted: “Por Aparicio Caicedo C.Hace pocas semanas > circuló un dictamen de la Corte Constitucional (DICTAMEN No. 010-13-DTI-CC, > del 25 de abril de 2013) que ha dinamitado los pocos puentes > institucionales que quedaban para ser cruzados por la inversión > extranjera.E”

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