Entre “desear” e “imponer”: respuesta a Ricardo Tello

Entre “desear” e “imponer”: respuesta a Ricardo Tello

Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com

Hace pocos días, el columnista del El Universo, Ricardo Tello Carrión, en su artículo “Por qué SÍ, por que NO“, daba sus razones para votar “sí” a la tercera pregunta de la Consulta Popular planteada por el Gobierno del Ecuador, por la que se limitaría radicalmente la libertad económica de directivos, accionistas y dueños de empresas privadas de comunicación y financieras. Tello basa sus argumentos, según el mismo dice, en las tesis del libro Gestión de empresas periodísticas, editado por el SIP, y escrito por Carlos Jornet. El problema es que dicho autor no está de acuerdo con él.

Señaló en su columna de El Universo, citando repetidamente a Jornet:

Entendiendo la función social que tienen los medios, es “digerible” la intención de que no existan conflictos de interés en el interior de las empresas periodísticas, como es deseable también que no haya tales conflictos dentro de los medios públicos.

Al contrario de lo que argumentan quienes impulsan el NO a la pregunta 3, la periodística no es una empresa como cualquier otra. Tiene sus particularidades: a más de los objetivos comerciales, lícitos, “exhiben un carácter ideológico y de formación de opinión pública”. A nadie interesaría el carácter ideológico del propietario de una empresa de zapatos –perdón si el ejemplo es prosaico– pero el de una empresa periodística sí, por razones y conclusiones que no las voy a nombrar por evidentes.

Además, los trabajadores de los medios de comunicación establecen una especial relación con el poder: “conviven con él, se mimetizan y muchas veces se dejan atrapar por sus redes”, dice Jornet.

Las empresas periodísticas están expuestas al “riesgo cotidiano de errores con consecuencias para terceros”, lo que eleva el nivel de estrés de los empleados e implican un riesgo profesional específico.

Pero Jornet, director del diario argentino La Voz del Interior, y autor del libro citado, no está de acuerdo con las conclusiones a las que llega Tello. Se lo he preguntado. Esto es lo que respondió:

En mi trabajo aludo, sí, a que los medios de difusión tienen objetivos comerciales y un carácter ideológico o de opinión y señalo que el periodismo “tiene un alto poder de formación de la opinión pública, de liderazgo social”. Por ello, hablo de la doble responsabilidad que las empresas de comunicación deben practicar ante la sociedad, “una suerte de responsabilidad social empresaria agravada”.

Más adelante, señalo que “la enorme influencia que los medios tienen sobre la sociedad, en especial a partir de la formación de grandes conglomerados multimedia, genera también reacciones negativas, crecientes exigencias de transparencia en su accionar y desarrollo de mecanismos de autocontrol o de control social que acoten ese impacto”. Pero a renglón seguido subrayo que ello debe lograrse “sin limitar las libertades de prensa y de expresión”.

Y más adelante, en la página 72 del libro, hago notar que “en la mayoría de los países existen restricciones para legislar normas de regulación de la prensa”, tras lo cual apunto: “Es que abrir la posibilidad de limitar la libertad de prensa suele ser el primer paso para instaurar regímenes autoritarios”.

Es decir, tanto en el libro aludido como en otros escritos y en toda mi actividad profesional he defendido con igual énfasis la necesidad de un manejo responsable de los medios como la de preservar su independencia ante los poderes políticos, para no dar lugar a restricciones que, bajo el presunto propósito de defender a la sociedad, terminen avalando o permitiendo regímenes dictatoriales. Justamente acabo de regresar de Caracas, donde pude apreciar in situ el clima de confrontación social y de sofocación de libertades implantado por el gobierno de Hugo Chávez, que comenzó “regulando” la labor de la prensa para “garantizar” que la información fuera “verídica”.

Si el comentarista hubiera seguido la lectura del libro hasta la página 256, hubiera leído allí la reproducción del Acta de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México D.F. el 11 de marzo de 1994. Ésta dice: “Sólo mediante la libre expresión y circulación de las ideas (…) es posible mantener una sociedad libre”.

“Sin medios independientes –agrega–, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre”.

Y destaca: “Cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades”.

Creo que Tello escribe con sinceridad, y no obedece a ningún interés partidista, y hasta donde sé no recibe salario ni beneficio del Gobierno de Correa. Pero me llamó mucho la atención su artículo, y creí que era necesario aclarar, porque este es un error muy común que se comete en el debate. Una cosa es que se considere que, para asegurar parámetros éticos adecuados, las empresas de comunicación deban seguir voluntariamente ciertas estructuras de gobierno y capital corporativo que no comprometan su independencia–lo que defiende inteligentemente Jornet. Eso es un tema sobre el que hay mucho escrito, y es un asunto de debate en escuelas de comunicación y de administración, dada la especiales necesidades del ámbito mediático.  Otra cosa muy distinta es saltarse un largo recorrido lógico, y pasar de un buen deseo, en términos éticos, a justificar una imposición pura y dura de nuestra opiniones por medios estatales, tomando por justos los juicios y prejuicios de la mayoría, aupada en campañas oficiales de revanchismo guillotinesco. Lo “deseable” deja de serlo el momento que se logra a costa de la libertad de los demás.

El resentimiento de la ambición frustrada

El resentimiento de la ambición frustrada

Por Ludwig von Mises. Fragmento de su libro La Mentalidad Anti-capitalista, recientemente reeditado por Unión Editorial.

En una sociedad estamental, el sujeto puede atribuir la adversidad de su destino a circunstancias ajenas a sí mismo. Le hicieron de condición servil y por eso es esclavo. La culpa no es suya; no tiene por qué avergonzarse.

La mujer, que no se queje, pues si le preguntara: “¿Por qué no eres duque? Si tú fueras duque, yo sería duquesa”, el marido le contestaría: “Si mi padre hubiera sido duque, no me habría casado contigo, tan villana como yo, sino con una linda duquesita. ¿Por qué no conseguiste mejores padres?”.

La cosa ya no pinta del mismo modo bajo el capitalismo. La posición de cada uno depende de su respectiva aportación. Quien no alcanza lo ambicionado, dejando pasar oportunidades, sabe que sus semejantes le juzgaron y postergaron. Ahora sí, cuando su esposa le reprocha: “¿Por qué no ganas más que ochenta dólares a la semana? Si fueras tan hábil como tu antiguo amigo Pablo, serías encargado y vivi ríamos mejor”, se percata de la propia humillante inferioridad.

La tan comentada dureza inhumana del capitalismo estriba precisamente en eso, en que se trata a cada uno según su contribución al bienestar de sus semejantes. El grito marxista “A cada uno según sus merecimientos” se cumple rigurosamente en el mercado, donde no se admiten excusas ni personales lamentaciones. Advierte cada cual que fracasó donde triunfaron otros, quienes, por el contrario, en gran número, arrancaron del mismo punto de donde el interesado partió. Y, lo que es peor, tales realidades constan a los demás. En la mirada familiar lee el tácito reproche: “¿Por qué no fuiste mejor?”. La gente admira a quien triunfa, contemplando al fracasado con menosprecio y pena.

Se le critica al capitalismo, precisamente, por otorgar a todos la oportunidad de alcanzar las posiciones más envidiables, posiciones que, naturalmente, sólo pocos alcanzarán. Lo que en la vida consigamos nunca será más que una mínima fracción de lo originariamente ambicionado.

Tratamos con gentes que lograron lo que nosotros no pudimos alcanzar. Hay quienes nos aventajaron y frente a ellos alimentamos subconscientes complejos de inferio ridad. Tal sucede al vagabundo que mira al trabajador estable; al obrero ante el capataz; al empleado frente al director; al director para con el presidente; a quien tiene trescientos mil dólares cuando contempla al millonario. La confianza en sí mismo, el equilibrio moral, se quebranta al ver pasar a otros de mayor habilidad y superior capacidad para satisfacer los deseos de los demás. La propia ineficacia queda de manifiesto.

Justus Moser inicia la larga serie de autores alemanes opuestos a las ideas occidentales de la Ilustración, del raciona lismo, del utilitarismo y del laissez faire. Irritábanle los nue vos modos de pensar que hacían depender los ascensos, en la milicia y en la administración pública, del mérito, de la capacidad, haciendo caso omiso de la cuna y el linaje, de la edad biológica y de los años de servicio. La vida –decía Moser– sería insoportable en una sociedad donde todo dependiera exclusiva mente de la valía individual. Somos proclives a sobreestimar nuestra capacidad y nuestros merecimientos; de ahí que, cuando la posición social viene condicionada por factores ajenos, quienes ocupan lugares inferiores tole ran la situación –las cosas son así– conservando intacta la dignidad y la propia estima, convencidos de que valen tanto o más que los otros. En cambio, el planteamiento varía si sólo decide el mérito personal; el fracasado se siente humillado; rezuma odio y animosidad contra quienes le superan.

Pues bien, esa sociedad en la que el mérito y la propia ejecutoria determinan el éxito o el hundimiento es la que el capitalismo, apelando al funcionamiento del mercado y de los precios, extendió por donde pudo.

Moser, coincidamos o no con sus ideas, no era, desde luego, tonto; predijo las reacciones psicológicas que el nuevo sistema iba a desencadenar; adivinó la revuelta de quienes, puestos a prueba, flaquearían.

Y, efectivamente, tales personas, para consolarse y recu perar la confianza propia, buscan siempre un chivo expiatorio. El fracaso –piensan– no les es imputable; son ellos tan brillantes, eficientes y diligentes como quienes les eclipsan. Es el orden social dominante la causa de su des gracia; no premia a los mejores; galardona, en cambio, a los malvados carentes de escrúpulos, a los estafadores, a los explotadores, a los “individualistas sin entrañas”. La honradez propia perdió al interesado; era él demasiado honesto; no quería recurrir a las bajas tretas con que los otros se encumbraron. Bajo el capitalismo, hay que optar entre la pobreza honrada o la turbia riqueza; él prefirió la primera. Esa ansiosa búsqueda de una víctima propiciatoria es la reacción propia de quienes viven bajo un orden social que premia a cada uno con arreglo a su propio merecimiento, es decir, según haya podido contribuir al bienestar ajeno. Quien no ve sus ambiciones plenamente satisfechas se con vierte, bajo tal orden social, en rebelde resentido. Los zafios se lanzan por la vía de la calumnia y la difamación; los más hábiles, en cambio, procuran enmascarar el odio tras filosó ficas lucubraciones anticapitalistas. Lo que, en definitiva, desean tanto aquéllos como éstos es ahogar la denunciadora voz interior; la íntima conciencia de la falsedad de la propia crítica alimenta su fanatismo anticapitalista.

Tal frustración (…) surge bajo cualquier orden social basado en la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, ésta es sólo indirectamente culpable del resenti miento, pues tal igualdad lo único que hace es poner de manifiesto la innata desigualdad de los mortales en lo que se refiere al respectivo vigor físico e intelectual, fuerza de voluntad y capacidad de trabajo. Resalta, eso sí, despiada damente el abismo existente entre lo que realmente realiza cada uno y la valoración que el propio sujeto concede a su comportamiento. Sueña despierto quien exagera la propia valía, gustando de refugiarse en un soñado mundo “mejor” en el que cada uno sería recompensado con arreglo a su “verdadero” mérito.

Consulta Popular en Ecuador: razones para el “no”

Consulta Popular en Ecuador: razones para el “no”

Por

Jorge Zavala Egas, profesor de postgrado en las Universidades Católica y Espíritu Santo de Guayaquil. Extracto de su Carta Abierta sobre la Consulta Popular.

La Consulta Popular propuesta por el actual Gobierno del Ecuador se divide en dos grupos de preguntas: el primero se refiere a temas que debemos contestar desde el punto de vista, no de nuestras preferencias personales, sino meditando sobre la libertad de todos la que debemos respetar, apoyar y compartir.

En ese primer grupo hay preguntas que se refieren a cuestiones de índole moral, otras a temas de culturas de sectores poblacionales y alguna que tienen incidencia en cuestiones de derechos y que nuestro voto puede cambiar en detrimento de los mismos.

En el segundo grupo se nos formulan preguntas con respecto a regulaciones jurídicas que el gobierno quiere cambiar y que, precisamente, por saber que no tiene legitimidad para hacerlo nos pide nuestro consentimiento para emprender por esa vía de reforma a la Constitución.

Esta carta abierta recoge los razonamientos posibles para decidir nuestro voto, es un simple aporte a la reflexión y que no comunica términos o conceptos técnicos que requieran preparación especializada en Sociología, Política o Derecho. No contiene prejuicios ni conlleva malas intenciones, se trata de un ensayo de razonamiento conjunto.

PRIMER GRUPO: PREGUNTAS REFERIDAS A TEMAS MORALES, CULTURALES Y SOCIALES

PREGUNTA 1

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?

Explicación de la pregunta:

Nos preguntan si estamos de acuerdo en ordenar a los legisladores que, en el Código Penal, creen una figura que imponga pena a todo aquel que incremente su patrimonio de manera que no lo pueda justificar.

Lo que nos invitan a decidir es si creemos o no que es necesario crear una nueva conducta delictiva que consista en que todo nuevo incremento de nuestros bienes (enriquecimiento) se deba justificar. Por ejemplo, si adquirimos un vehículo para cualquiera de nuestros hijos y no sea justificado el gasto que hacemos en comparación con nuestra declaración de impuesto a la renta, se convierte en delito común sancionado con prisión, además, del correspondiente delito tributario que se ha cometido al momento de la declaración tributaria y que también se reprime con prisión.

Se trata de la creación de un nuevo delito especial que tendrá como característica el que la carga de la prueba sea del dueño de un patrimonio cualquiera que, a criterio de la autoridad que fuese, no pueda justificar, teniendo en cuenta su nivel de ingresos declarado ante el Servicio de Rentas Internas la que podrá constatar lo adquirido sobre la base de la declaración patrimonial, cuando sea del caso o de la declaración de impuesto a la renta, siempre.

No expresa la regulación propuesta cómo justificar y cuándo se considera justificado, eso queda a criterio del legislador cuando dicta la norma que tipifique el delito.

Razones para el No:

Los que votaremos No somos aquellos que sabemos que es una figura innecesaria, pues, todo enriquecimiento privado se encuentra ya considerado como delito, por ejemplo, en el caso de fraude en el pago de impuestos, lavado de activos, en las estafas y defraudaciones a la propiedad ajena, en la usura, etc.

Los que decidimos No sabemos que esa figura penal representará un medio más a disposición del poder público de perseguir, enjuiciar y encarcelar a los que a bien tenga, pues, bastará con señalar que una propiedad adquirida no se ha justificado a cabalidad, en la forma que considera el gobierno debe ser justificada o en el monto que debió ser hecha para desatar la represión penal.

Los que creemos que el voto No se debe imponer en nuestro país es porque hemos visto como esa figura penal en nuestra vecina Venezuela ha servido para perseguir a los principales opositores al régimen del dictador Chávez.

PREGUNTA 2

¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?

Explicación de la pregunta:

La pregunta no requiere mayor análisis y se trata de expresar nuestra opinión sobre si queremos al Ecuador libre de casinos y más negocios dedicados al juego de azar como las salas de tragamonedas.

Razones para el No:

Seremos adherentes al No aquellos que pensamos que lo único que se logrará con la prohibición es convertir a los juegos de azar en negocios clandestinos que serán fuente de corrupción a nuestras autoridades.

Votar No es impulsar a las autoridades que fortalezcan los controles sobre los casinos y salas de juego tanto en el orden policial como en el de las relaciones laborales y tributarias.

Decidir por el No es darle oportunidad al turismo receptivo en el Ecuador en muchas ciudades que lo tienen potencialmente y que no lo concretan por falta de atracciones sanas como son las salas de juegos y casinos.

PREGUNTA 3

¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?

Explicación de la pregunta:

No se nos pide que nos pronunciemos contra la matanza de los animales, sino saber si estamos de acuerdo que no se lo haga en espectáculos públicos que tengan como centro esencial de atracción dar muerte al animal.

Por otra parte, nos preguntan si estamos de acuerdo que en nuestro Cantón no se realicen tales espectáculos, no obstante que puedan realizarse en los demás, esto es, que maten toros, gallos o pescados en otro gobierno seccional, pero no en el que habitamos.

Razones para el No:

Votaremos No aquellos que pensamos que son espectáculos al que todo adulto tiene derecho de asistir como de no hacerlo.

Decimos No aquellos que sabemos que hombres y mujeres que aportan mucho a la cultura de nuestro país son aficionados a la fiesta de los toros y que, precisamente, por su bagaje intelectual disfrutan de la misma y la creen un rasgo cultural de nuestro país.

Depositaremos nuestro voto No aquellos que creemos que el gobierno debe ocuparse de otros asuntos y no de las preferencias que tenemos para asistir a los espectáculos que nos causen placer. Mañana será el box, después será la pesca y, finalmente, será el fútbol con la excusa que hay demasiada violencia en cada partido.

PREGUNTA 4

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

Explicación de la pregunta:

La pregunta es de la mayor importancia, pues, tiene que ver con nuestra libertad de información y con la libertad de comunicación en nuestra sociedad, sin las cuales viviríamos en una especie de aldea aislada de la vida planetaria.

Concretamente, primero, nos piden que decidamos que los asambleístas dicten una ley por la cual se cree un organismo, llamado Consejo de Regulación, pero que nosotros no decidimos su conformación, sino que lo hará la mayoría de la Asamblea que es afín al Presidente de la República, es decir, un nuevo ente de burócratas con mayoría de gobierno.

Segundo, se nos pregunta si estamos de acuerdo en que ese Consejo regule, o sea, supervise, controle y sancione la difusión de contenidos de los programas de televisión, radio y de publicaciones de periódicos y revistas que, a criterio de ese ente burocrático, estén comunicando mensajes de violencia, enseñando sexo en películas o que fomenten cualquier tipo de discriminación, por ejemplo, a los homosexuales o lesbianas, a los negros o blancos, a los altos o patuchos, a los ricos o pobres, a los jefes o empleados, etc.

En definitiva, quieren saber si estamos de acuerdo con que este u otro gobierno nos diga qué ver en los programas de televisión, qué oír en los programas de radio y qué leer en las noticias que publican los medios de comunicación privados, pues, como es natural las empresas estatales de comunicación serán reguladas al gusto y sabor del gobernante de turno.

Razones para el No:

¡No! porque soy un ser libre y capaz de escoger lo que alimenta mi cerebro sin necesidad de tres o cinco empleados públicos que piensen o decidan por mí.

Votaré ¡No! porque la dignidad de todos los ecuatorianos no puede ser pisoteada imponiéndonos tutores de nuestra propia moralidad.

Diré ¡No! a todo intento de coartar la libertad de todos a generar las decisiones de rechazo a toda comunicación que no se desea ni se quiere, pero, en forma autónoma y argumentada, no por directrices gubernamentales.

¡No! porque nadie en el Ecuador quiere ser marioneta ni vivir pendiente de las decisiones de un carcelero.

PREGUNTA 5

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?

Explicación de la pregunta:

La norma pretende ampliar la regulación actualmente existente que determina que la apropiación del dinero del trabajador afiliado es encuadrada como un ilícito. La propuesta es que la omisión de afiliarlo, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, sea considerado un delito.

Este es nuestro entendimiento de la propuesta, aun cuando no diga eso la pregunta, pues, lo que esta plantea es con respecto “de los trabajadores en relación de dependencia”, lo cual crea una calificación diferente y netamente jurídica, pues, es preciso comenzar por determinar cuándo hay relación de dependencia en una relación de trabajo y ello sólo lo puede responder el Derecho y una de sus ramas especializadas: la Laboral.

Razones para el No:

Votaremos No los que pensamos que no se debe criminalizar conductas cuya corrección puede lograrse con otros medios menos traumáticos, esto es, los que pensamos que la solución penal debe ser la última razón para lograr la prevención de una conducta.

Nos decidimos por el No los que pensamos que la afiliación de los trabajadores es una obligación social y jurídica, pero que no requiere para su cumplimiento de la imposición de un castigo penal, sino que basta con la sanción administrativa de índole económica.

Diremos No los que creemos que las soluciones y rectificaciones a conductas desviadas en la sociedad se deben lograr con medidas proporcionadas, lo que implica el menor sacrificio posible a la libertad de las personas.

SEGUNDO GRUPO: PREGUNTAS REFERIDAS A REFORMAS DE NORMAS CONSTITUCIONALES

PREGUNTA 1

¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como se establece en el anexo 1?

ANEXO 1

La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

Explicación de la pregunta:

Lo que se nos pregunta es si estamos de acuerdo o no en reformar la Constitución en cuanto a que la prisión preventiva deba cesar, se extinga o finalice a pesar que haya transcurrido el plazo de 6 meses para delitos menores y 1 año para delitos mayores, tal como se lo prevé hoy.

La prisión preventiva es una medida que el juez adopta para evitar que el acusado de cometer un delito se fugue, cuando hay razones para pensar que ese peligro existe, no tiene otro objetivo, pues, a toda persona se la debe considerar inocente hasta que exista una sentencia final que la declare culpable.

La enmienda -para la que se nos pide una respuesta- consiste en  impedir la cesación, extinción o finalización de la prisión preventiva cuando el que la sufre, ejerciendo su derecho de defensa, acude al proceso a peticionar, a solicitar indagaciones, testimonios y, en general, oponerse al embate de los fiscales y sus investigaciones, testigos y más evidencias acusatorias y, por esta causa, se vence el plazo para la vigencia de la medida, sin que exista la respectiva sentencia.

Razones para el No:

Los que pensamos que el voto debe ser No reflexionamos de esta manera: supongamos, para ejemplificar, que mañana tenemos un allegado (hijo, hermano, padre, esposa) con orden de prisión preventiva en un juicio penal cualquiera y han pasado siete meses en el que hemos puesto todos los recursos de defensa en el proceso penal, sin embargo, por esta defensa esa persona no podrá salir en libertad, pues, ha “retardado, evitado o impedido su juzgamiento y, como dice la reforma propuesta, “por cualquier medio”.

Es decir, la reforma convierte el derecho de defensa en un arma contra el que se defiende, el escudo del inocente se destruye y se lo deja inerme frente a la espada de la acusación.

El voto No significa rechazar esa opción y más bien permitir que si la acusación, en el lapso que prescribe la Constitución para delitos menores de seis meses y para más graves de un año, no ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del acusado o no ha podido demostrar que hay peligro de fuga, la persona goce de su libertad hasta el momento de la sentencia.

El que vota No debe saber que la prisión preventiva no es la única medida que puede adoptar el juez para asegurar la presencia del acusado, pues, tiene a mano la orden de prohibición de ausentarse del país, la vigilancia policial, el arresto domiciliario, la prohibición de traslado de domicilio, etc.

El que vota No está decidido a hacer respetar la dignidad de las personas, para que su libertad y su vida familiar no sean exterminadas, pasando a ser objeto de la apetencia de imputaciones policiales netamente propagandísticas de su eficiencia, acusaciones fiscales interesadas en cumplir un estándar de castigos injustificados y jueces temerosos de la mala fama que le crean policías y fiscales.

Desde el punto de vista ético el que vota No quiere convertir en ley universal el principio de solidaridad humana que concreta en su pensamiento al votar: “No deseo que los seres humanos sufran la execrable prisión y consecuente destrucción de sus familias mientras exista una dosis de oportunidad a la demostración de su inocencia”.

El que vota No se adhiere al humanismo pleno, rechaza la política de la prisión a los inocentes y desecha convertirse en cómplice de tantas y tantas víctimas de acusaciones políticas y venganzas personales.

PREGUNTA 2

¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, de acuerdo al anexo 2?

ANEXO 2

El artículo 77 numeral 1 dirá:

“La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley”.

La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.

Explicación de la pregunta:

Se nos pregunta si queremos reformar la Constitución en cuanto a que siendo la prisión preventiva una medida de excepción que sólo se dicta cuando hay peligro de fuga y que, por esa razón, no se cumpla con la sentencia, no pueda el juez reemplazarla por otra que asegure los mismos resultados, esto es, que evite las dos situaciones que no deseamos, o sea, que se fugue el procesado y no reciba la condena que se merece en caso de ser encontrado culpable.

Actualmente, bajo la misma consideración de la prisión como excepción al principio general del goce de la libertad de todos, se permite al juez sustituir esa medida de previsión por otra que asegure los mismos resultados. Es decir, el juez pondera cada situación de acuerdo a cada caso y decide la procedencia de la sustitución o, bien, su improcedencia.

La reforma más bien nos pide que confiemos que impidiendo que sea al criterio del juez la sustitución de la medida de prisión preventiva sea la Asamblea Nacional la que haga una ley que señale “los casos, plazos, condiciones y requisitos” para determinar la procedencia de tal reemplazo de la medida de prisión por otra distinta y alternativa.

Razones para el No:

Los que decimos No, primero, rechazamos que se nos pregunte por una norma en blanco, o sea, nos parece poco ético que se nos pida contestar que no queremos el actual sistema de sustitución de la prisión preventiva, que decidimos deshacerlo; sin embargo, no nos presentan ninguna opción concreta de reemplazo. Nos obligan a destruir un sistema bueno, en poco o en mucho, pero no me dan alternativa para construir otro. Eso no está de acuerdo con ningún principio moral que rija la actividad política.

Votamos No porque es mucho más lógico que sea el juez, en cada caso que conoce, el que decida la oportunidad y procedencia de la sustitución de la prisión preventiva, esto es, tiene frente a sí las circunstancias que contextualizan la situación de cada procesado, su realidad personal, familiar, laboral y social. Tiene todos los elementos de juicio para tomar una decisión muy próxima al acierto.

El voto No es decirle a los legisladores que no deben, desde la larga distancia que tienen con cada proceso, tratar de generalizar la situación de Juan obrero en el proceso A, de Pedro empresario en el juicio B y de Mario político en el expediente C, cada uno tiene su propio entorno y vive sus propias circunstancias.

El voto es No porque relacionando la pregunta 1 con ésta vemos con mucha objetividad que en las dos se encierra un solo deseo: no permitir que la prisión preventiva sea flexible, que no constituya más que una medida provisional, sino que se la quiere convertir en una condena anticipada a los procesados penalmente.

Los que votamos No rechazamos que sea una buena política criminal la de reducir todo a prisión preventiva, pues, ello trae otras consecuencias nocivas a la sociedad: seres sin trabajo, niños desprotegidos, mujeres lanzadas a la mendicidad o prostitución, familias deshechas y, además, crecimiento de las escuelas del crimen que, en la realidad, son las cárceles del País.

Los que decidimos No estamos optando por una visión más realista del tema y, ello, porque resulta más fácil  controlar socialmente la actividad de los jueces en cada uno de los casos que decide, a tener que ejercer ese control en la aplicación de una ley general que no prevé las particularidades de la concreta situación de un procesado.

Decimos No porque valoramos en sumo grado la libertad de los seres humanos, su entorno familiar, la protección de los hijos y el futuro que todos construimos desarrollando una vida sin panópticos.

PREGUNTA 3

¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?

ANEXO 3

El primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá:

“Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente”.

En el primer inciso de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMO NOVENA dirá:

“Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo”.

Explicación de la pregunta:

Se dirige en forma exclusiva a las personas y empresas que se dedican a la actividad de la banca e intermediación financiera, así como a la difusión de noticias a nivel nacional como propietarios o administradores de medios de comunicación.

Se nos pregunta si estamos de acuerdo con limitar a esas personas  y empresas el desarrollo de su actividad personal y empresarial impidiéndoles que puedan ejercerla en otros ámbitos del quehacer económico, es decir, que permanezcan restringidos a desarrollar su actividad financiera y comunicacional sólo en cada uno de esos ámbitos especiales.

Razones para el No:

La fundamental para los que hemos decidido votar No, es que debemos respetar la norma constitucional que nos prohíbe votar “contra los derechos que reconoce la Constitución” (Art. 84 CRE) y si comenzamos por votar contra el derecho a la libre iniciativa económica de unos ¿por qué no votar mañana contra el derecho a la libertad o al acceso a los servicios públicos de otros?

Porque los que votaremos No consideramos que es hora de tomar los derechos fundamentales de las personas en serio y que no es posible sentar un pésimo precedente para que el gobierno, en el futuro, pueda restringir y hasta conculcar cualquier derecho constitucional de cualquier persona.

También es razón para el No considerar que la norma del actual artículo 312 de la Constitución es la que el pueblo votó para regular la actividad económica financiera y comunicacional, la cual consideramos proporcionada y suficiente.

PREGUNTAS 4 y 5

Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?

ANEXO 4

Sustitúyase el Art. 20 del Régimen de Transición por el siguiente.

Art. 20.- Se disuelve el actual Pleno del Consejo de la Judicatura. En su reemplazo se crea un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres delegados designados y sus respectivos alternos: uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social; todos los delegados y sus alternos estarán sometidos a juicio político. Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ejercerá sus funciones por un periodo improrrogable de 18 meses.

El Consejo de la Judicatura definitivo se conformará mediante el procedimiento establecido en el artículo 179 de la Constitución enmendada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegurará que los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura estén designados antes de concluidos los 18 meses de funciones del Consejo de la Judicatura de transición.

Queda sin efecto el concurso de méritos y oposición que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.

Suprímase la disposición transitoria primera del Código Orgánico de la Función Judicial.

PREGUNTA 5

¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?

ANEXO 5

Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera:

“Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados, y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.

El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años.

El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.”.

Explicación de las preguntas:

Es una cuestión las que se nos plantea de mayúscula importancia para el destino de las personas, bienes y vigencia de los derechos constitucionales, pues, se refiere a la forma de elegir los jueces, más aún el modo en que se plantea la subordinación de éstos al Poder del Ejecutivo.

Hace más de dos siglos se vio la necesidad de separar el ejercicio del gobierno de la justicia, pues ésta atada a aquél no implicaba otra cosa que el despotismo y la tiranía.

No puede ser de otra forma en vista que si los jueces son servidores del gobierno no pueden ser imparciales al momento de dictar sentencias en las cuestiones que involucran a cada individuo, a cada familia o a cada grupo social.

Se trata, en la pregunta, a los jueces y a la función que desempeñan en la sociedad como si fueran sólo un elemento técnico en la organización del Estado, pero el juez es mucho más que eso: es el órgano que tiene por misión el logro de la paz social mediante las soluciones que, a través de las sentencias, da a los litigios de cada persona

Para lograr una efectiva independencia de los jueces con respecto al gobierno se ideó la creación de un órgano distinto que no sea judicial ni tampoco del ejecutivo, de ahí nacen los llamados Consejo de la Judicatura, cuyo función esencial es cuidar y preservar esa independencia.

La pregunta pide que nos pronunciemos sobre la si la forma de elección, organización y administración del sistema judicial que prevé hoy la Constitución debe continuar o si se debe optar por otra que esté en manos del Presidente de la República.

Razones para el No:

La fundamental para decidir por el No es que la alternativa que se nos ofrece para mejorar el actual sistema judicial no es la idónea ni tampoco la adecuada para esa finalidad, por el contrario, lo cambia sí, pero para empeorar su realidad.

Diremos No porque no queremos vivir bajo el manto protector de un solo poder que sea dueño de personas y bienes en el Ecuador, porque no creemos que el mal de la administración de justicia esté en la forma de elección, la organización y la gestión judiciales, lo que está mal en ella obedece a una razón puntual: no acceden los indicados por falta de estímulos en una carrera judicial desmerecida y desprotegida.

Votaremos No porque creemos que es necesario dar la solución adecuada al sistema judicial, lo que pasa por la activación de la Escuela Judicial y la mejora sustancial del presupuesto de la Función. Esas son las soluciones y no la agremiación política de los jueces que no significa otra cosa que el retorno a las malas experiencias de tantos años.

La alternativa No está en concordancia con el deseo de vivir en libertad y no que me pongan en manos de jueces doblegados al poder que le darán forma de sentencias a decisiones políticas o de revancha personal.

Diremos No porque la justicia no puede ser manipulada por nadie y es necesario dar protección a nuestros hijos y nietos de la embestida a su futuro que significa entregarles un país con jueces que estén atados al dogal del Presidente de la República sea quien fuese.

Los que creemos en la respuesta No pretendemos ofrecer una clara respuesta a los gobernantes diciéndoles “Hasta aquí llegan sus límites autoridades:, la justicia para  nuestro pueblo, para nosotros no es patrimonio de ustedes, de su partido político ni de sus amigos”.


Sobre Vargas Llosa, el Estado cultural y un libro recomendado

Sobre Vargas Llosa, el Estado cultural y un libro recomendado

Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com

Apenas una breve observación sobre el episodio de Vargas Llosa y la sensible intelectualidad argentina.

Y una aclaración previa: no me he leído una sola novela del peruano en mi vida, lo cual me impide emanar dictámenes sobre sus dotes literarios . Me parece brillante porque he leído muchos de sus ensayos y artículos de prensa, son brutales. Lo cual no quiere decir que sea infalible, porque alguna vez sí que patinó, como cuando estuvo  con su hija en Irak y describió aquello como un jardín de rosas. Pero, de lo que sé, me parece un gurú intelectual, lo respeto, y aprecio mucho el hecho de que se haya sabido zafar de los prejuicios dominantes en una época donde sí que era duro hacerlo.

Dicho esto, quería decir con relación a la intelectualidad progre, sus majaderías patrioteras, y su patética y creciente lambonería con el poder, que….

Hay como un pacto anti-blasfemia entre ellos, como se vio en Argentina. El artista debe respetar las verdades evidentes, de lo contrario es un hereje. A menos que su Iman, o Imana, llame al orden y haga excepciones. En Ecuador está pasando lo mismo, el millonario Estado “Cultural” (en torno al cual giran empleados de la TV pública, artistas subsidiados, asesores, contratistas, etc.) está creando una casta parasitaria de cheerleaders que actúan como anticuerpos ante cualquier amago de “infección” ideológica. Ganan sueldos de ejecutivo medio de Microsoft, usan Ipads, y se visten como la versión andina de bohemios de Soho (el look resulta un híbrido a caballo entre John Lenon y Delfin Quishpe), pero quieren liberarnos de la alienación de escritores “funcionales” de un “modelo de dependencia” como Vargas Llosa (palabras más o menos textuales del Ministro-Ayatolá de Cultura argentino).

Les recomiento un libro que he empezado a leer, el Estado Cultural, de Marc Fumaroli, que horrorizó en su tiempo al establishment artístico francés; y hasta que lo lean les recomiendo una entrevista en la que se define su visión. Es muy revelador sobre esa cercana y nociva relación entre cultura y Gobierno.

El Nacionalismo Liberal

El Nacionalismo Liberal

Por Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El original de este artículo, “Teoría del Nacionalismo Liberal”,  fue publicado en Liberalismo.org.

Introducción.

El problema del nacionalismo y la existencia de naciones produce, con carácter general, un gran desconcierto entre los pensadores liberales de hoy en día. Por un lado, se reconoce que el nacionalismo ha jugado un saludable papel protagonista, propiciando la caída de los regímenes comunistas del Este de Europa, y oponiéndose en muchas ocasiones históricas al estatismo intervencionista y centralizador. Además, importantes líderes liberales europeos han defendido recientemente el papel de la Nación como insustituible elemento equilibrador frente a las tendencias intervencionistas y centralizadoras que, por ejemplo, se están haciendo evidentes en el proceso de unificación europea. Finalmente, se observa en muchas circunstancias concretas cómo la descentralización nacionalista pone en funcionamiento un proceso espontáneo de competencia para reducir las medidas de regulación e intervencionismo que, en su mayor parte, tienen su origen en los órganos centrales de poder estatal[1].

Sin embargo, por otro lado, no deja de reconocerse que el nacionalismo ha tenido, en muchas ocasiones, importantes consecuencias contrarias a la libertad de los seres humanos. Así, sin ser preciso remontarse a la tragedia que supuso el auge del nacional socialismo en Alemania e Italia durante la primera mitad de este siglo, es fácil recordar la tragedia de la guerra que se desarrolla entre las naciones de la antigua Yugoslavia o, por ejemplo, el atropello a la libertad de elección de muchos ciudadanos que, en materia educativa, está realizando el actual gobierno de Cataluña.

Parece, por tanto, evidente que es preciso desarrollar una teoría sobre el nacionalismo que permita explicar estos problemas y haga posible que los liberales tomen una posición coherente respecto a la problemática que plantea el concepto de nación, el nacionalismo y la relación entre las diferentes naciones.

1. Concepto y características de la nación.

La nación puede definirse como un subconjunto de la sociedad civil. Es un orden espontáneo y vivo de interacciones humanas, que está constituido por una determinada serie de comportamientos pautados de naturaleza lingüística, cultural, histórica, religiosa y, con mucha menos importancia, racial. De entre todos los hábitos de comportamiento que constituyen la esencia nacional destaca, sobre todo, la lengua o idioma que comparten los miembros del grupo nacional y que constituye una de las muestras de identidad nacional más importantes.

La esencia del concepto de nación que acabamos de describir engarza perfectamente con la teoría sobre el origen, naturaleza y desarrollo de las instituciones sociales que debemos a la Escuela Austriaca de Economía[2]. En efecto, la Escuela Austriaca explica el surgimiento evolutivo y espontáneo de las instituciones sociales (éticas, morales, económicas y lingüísticas) como resultado de un proceso descentralizado de interacciones humanas, liderado por aquellos hombres que en cada circunstancia histórica gozan de más perspicacia empresarial a la hora de descubrir los comportamientos más adecuados para conseguir sus particulares objetivos. Estos comportamientos que se experimentan en un proceso social de prueba y error, a través de los mecanismos sociales de aprendizaje e imitación se van extendiendo a lo largo del cuerpo social. Significa ello que las instituciones sociales se encuentran en un proceso constante de evolución y que, en el caso concreto de la nación, y de todas las manifestaciones lingüísticas y culturales que la constituyen, estás se encuentran en constante cambio, solapamiento y competencia con otros órdenes nacionales que también, de manera continua, surgen, crecen, se desarrollan y, eventualmente, pueden llegar a estancarse o incluso a desaparecer siendo englobadas por otras nacionalidades y lenguas más avanzadas, ricas o amplias. En suma, las naciones no son sino realidades sociales evolutivas, básicamente unidas por una lengua común y otras características históricas o culturales, que surgen de manera espontánea y selectiva, y que constantemente compiten en un “mercado” mucho más amplio (de ámbito mundial) de naciones, sin que pueda llegar a saberse a priori cuál será el destino histórico de cada nación, ni mucho menos qué naciones concretas habrán de preponderar o subsistir en el futuro[3].

Es importante reconocer las íntimas relaciones que existen entre las instituciones jurídicas, económicas y el subconjunto de la sociedad civil que hemos denominado nación. En efecto, la sociedad no es sino un complejísimo proceso de interacciones humanas, que básicamente son relaciones de intercambio que los seres humanos efectúan utilizando un lenguaje o idioma muchas veces común, que constituye el substrato básico de toda nación. Además, las interacciones humanas se efectúan de acuerdo con unas normas, reglas o hábitos de conducta, que constituyen no sólo el derecho en su sentido material, sino toda una constelación de comportamientos pautados de tipo moral, normas de educación, de cortesía, de hábitos en el vestir, de creencias, etc., que en última instancia se constituyen y se engloban en el concepto de nación. Aquellos grupos sociales que adoptan unos comportamientos pautados más adecuados a la consecución de los objetivos que persiguen preponderan sobre los demás a través de un proceso selectivo y espontáneo que se encuentra en constante cambio y evolución. El ser humano carece de la información necesaria como para diseñar conscientemente estos complejos procesos sociales, pues los mismos incorporan un enorme volumen de información y conocimientos prácticos constituido por el que continuamente están aprendiendo y descubriendo los seres humanos que actúan en la sociedad. Por ello, la utilización de la coacción o violencia física para imponer determinados comportamientos pautados de tipo nacional está condenada al fracaso, precisamente por las mismas razones que hacen imposible desde el punto de vista teórico que mediante mandatos coactivos se pueda coordinar la vida en sociedad. Es decir, el teorema de la imposibilidad del socialismo descubierto por los teóricos de la Escuela Austriaca (Mises y Hayek) es plenamente aplicable al objetivo de forzar o imponer por la violencia un determinado resultado del proceso social en el campo de las nacionalidades.

La anterior explicación, junto con el carácter constantemente dinámico de la realidad nacional, impide que se pueda aceptar el principio de que a cada nación deba corresponder un Estado político con unas fronteras fijas y determinadas. En efecto, si entendemos la nación como un subconjunto de la sociedad civil en continua evolución y experimentación, es evidente que siempre existirá un volumen importante de seres humanos en proceso de experimentación nacional, es decir, más o menos influidos por distintos comportamientos nacionales, sin que pueda conocerse si en última instancia terminarán siendo absorbidos por la cultura e idioma de una nación, por la de otra, o si terminarán constituyendo una nueva. Sabemos que las naciones se encuentran en constante competencia, cambio, evolución y solapamiento, lo que impide que, desde la concepción de la nacionalidad como una realidad histórica de carácter dinámico, pueda la misma atarse a un determinado espacio geográfico de una manera rígida y congelada. Todo intento de fijar violentamente dentro de unas fronteras preestablecidas a una realidad tan cambiante y social como es la de la nación tan sólo generará irresolubles conflictos y guerras, de gran coste humano y social que, en última instancia, pondrán en peligro la propia existencia de la realidad nacional. Por el contrario, las nacionalidades entendidas como subconjuntos de la sociedad civil sólo pueden tener garantías de pervivencia en un proceso competitivo inter-nacional desarrollado en un entorno de libertad cuyos principios reguladores esenciales analizamos en el apartado siguiente.

2. Principios esenciales del nacionalismo liberal.

Son tres los principios esenciales que han de regir la relación sana, pacífica y armoniosa entre las diferentes naciones: el principio de autodeterminación, el principio de completa libertad de comercio entre las naciones, y el principio de libertad de emigración e inmigración. Analizaremos a continuación cada uno de estos principios.

El principio de autodeterminación significa que cada grupo nacional ha de tener, en todo momento, la posibilidad de decidir libremente en qué Estado político quiere encuadrarse. O, dicho de otra forma, que cada subconjunto de la sociedad civil ha de tener la libertad para decidir a qué grupo político pertenecer. Así, es posible que una misma nación se encuentre, en función de la voluntad libremente expresada de sus miembros, dispersa en varios Estados. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en relación con la nación anglosajona, quizá la más avanzada, viva y fructífera en los momentos históricos actuales, y que se encuentra dispersa en distintos Estados políticos, dentro de los cuales los Estados Unidos de América y el Reino Unido son, sin duda, los más importantes. También cabe mencionar el ejemplo de la nación de lengua alemana, cuyos más de cien millones de miembros se encuentran distribuidos a lo largo de tres Estados importantes de Europa, la Alemania Federal, Austria y parte de Suiza.

También es posible que distintas naciones decidan componer un mismo Estado. Así, Suiza incorpora a una serie de cantones que pertenecen a tres naciones distintas, la alemana, francesa e italiana. Igualmente, en el caso de España cabría considerar la existencia de al menos tres grupos nacionales, el castellano, el catalán y el vasco[4].

En relación con el principio de autodeterminación es preciso realizar, no obstante, dos matizaciones. En primer lugar, que la decisión de formar o no parte de un determinado Estado político no tiene que ser forzosamente una decisión de tipo explícito (aunque tampoco se descarte que en determinadas circunstancias históricas, por vía de referéndum, se decida una secesión, como recientemente ha ocurrido en relación con las naciones checa y eslovaca). En muchas ocasiones, la determinación de formar parte de un determinado Estado se manifiesta de manera consuetudinaria, es decir, por la voluntad implícita históricamente mantenida por la mayoría de los miembros de una determinada nación de formar parte y vivir dentro de un Estado específico. La segunda observación es que el principio de autodeterminación no se refiere exclusivamente a la posibilidad de que, de acuerdo con el criterio mayoritario, los seres humanos que residan en un determinado entorno geográfico deban decidir si quieren estar o no en un determinado Estado en función de su adscripción nacional, sino que tal principio ha de aplicarse con carácter general en todos los niveles y para todos los subconjuntos de la sociedad civil, se encuentren o no los mismos ligados por un nexo de tipo nacional. Significa ello que es perfectamente compatible con el principio de autodeterminación la existencia de naciones que libremente decidan dispersarse en distintos Estados y, por otro lado, que debe aceptarse también que dentro de una misma nación y dentro de un mismo Estado, grupos minoritarios decidan secesionarse, separarse o incorporarse a otro Estado en función de sus particulares intereses. Por tanto, ha de evitarse que un determinado grupo nacional, que haya decidido secesionarse de un Estado en el que se encontraba en minoría, utilice igualmente la coacción sistemática que antes sufría para sojuzgar a otros grupos nacionales minoritarios que se encuentren dentro de su propio seno.

El segundo principio esencial que ha de regir la relación entre las distintas naciones es el de la completa libertad de comercio entre las mismas. En efecto, si las naciones se empeñan en fijar fronteras geográficas específicas que las separen estableciendo dificultades a la libertad de comercio y medidas de tipo proteccionista entonces, inevitablemente, surgirá, en mayor o menor medida, la necesidad de organizar su economía y sociedad en base al principio de la autarquía. La autarquía no es viable desde el punto de vista económico porque hoy en día, con el alto grado de desarrollo de la división internacional del trabajo, ninguna zona geográfica dispone de la totalidad de los recursos necesarios para mantener una economía moderna, por lo que una nación proteccionista se vería abocada continuamente a forzar la expansión de sus fronteras con la finalidad de ganar más recursos económicos, materiales y humanos. Significa ello que el proteccionismo en el campo nacional genera inevitablemente la lógica del conflicto y la guerra, que se justifican con la finalidad de expandir las fronteras y ganar más mercados y recursos productivos. Por tanto, el proteccionismo nacional, en última instancia, destruye y sacrifica las propias realidades nacionales en una inevitable guerra de todas las naciones contra todas las naciones. Es fácil comprender que los grandes conflictos bélicos han tenido siempre su origen en el nacionalismo proteccionista y que, por otro lado, los conflictos nacionales que hoy conocemos (Yugoslavia, Oriente Medio, etc.) desaparecerían en un entorno en el que existiera un mercado común con completa libertad de comercio entre todas las naciones implicadas.

En relación con este principio hay que tener en cuenta la siguiente ley económica. A igualdad de circunstancias, conforme una nación se encuentre adscrita a un Estado político más pequeño, mucho más difícil le será imponer el proteccionismo centralista generador de conflicto bélicos y más se verá forzada a aceptar la libertad de comercio. Esto es así porque conforme más pequeño sea el Estado en cuestión, más sentirán sus habitantes la imposibilidad de acceder a mercados y recursos del extranjero si es que no existe una completa libertad de comercio. Y al contrario, conforme mayor sea geográfica y humanamente la organización estatal, más fácilmente se podrá organizar su economía desde el punto de vista autárquico sin que los ciudadanos sean capaces de identificar todo aquello que pierden por no existir libertad de comercio. Esta importante ley económica es, sin duda alguna, un argumento prima facie a favor de la descentralización y la localización política de las naciones en unidades administrativas cuanto más pequeñas mejor[5].

La libertad de comercio no es suficiente sin que exista una paralela y completa libertad de emigración e inmigración. Si no existe la libertad para emigrar e inmigrar, se pueden mantener de manera continuada importantes disparidades de renta entre unos grupos sociales y otros, que tienen su origen en la existencia de un monopolio proteccionista en el mercado de trabajo (constituido, precisamente, por las fronteras y regulaciones que impiden la libertad de inmigración), todo lo cual, en última instancia, puede dar lugar a importantes trastornos y violencias entre unos grupos sociales y otros. Ahora bien, la libertad de emigración e inmigración debe estar, a su vez, sometida a una serie de reglas y principios que impidan que la misma sea utilizada con fines coactivos e intervencionistas contrarios a la libre interacción entre las naciones. Así, la inmigración no debe estar subvencionada por el “Estado del Bienestar”. Aquéllos que inmigren deben hacerlo a su propio riesgo. Si esto no es así, las transferencias forzadas de renta de determinados grupos sociales a otros atraerán como un imán una inmigración artificial que, no sólo abortará los procesos redistributivos sino que, además, dará lugar a importantes conflictos sociales. Se entiende perfectamente la gran amenaza que la inmigración constituye para el “Estado del Bienestar”, y que éste sea el principal responsable del levantamiento de muros a la inmigración en los tiempos modernos. La única solución para la cooperación pacífica de las naciones consiste, por tanto, en desmantelar el “Estado del Bienestar” y establecer una completa libertad de inmigración[6].

En segundo lugar, la libertad de emigración no ha de implicar, en ningún caso, la rápida concesión de voto político a los emigrantes, con la finalidad de evitar la explotación política por parte de las nacionalidades implicadas en los correspondientes flujos de emigración. Aquéllos que emigren han de ser conscientes de que lo hacen trasladándose a un nuevo entorno cultural, en el que presumiblemente mejorarán sus condiciones de vida, pero sin que ello les dé derecho a utilizar los mecanismos de la coacción política (plasmados mediante el voto democrático) para intervenir y modificar los procesos espontáneos de los mercados nacionales a los que llegan. Solamente cuando, después de un dilatado período de tiempo, ya se considere que han absorbido plenamente los principios culturales de la sociedad receptora, se podrá considerar la concesión del correspondiente derecho político al voto[7].

En tercer lugar, los emigrantes o inmigrantes han de poder demostrar que acceden al grupo social que les recibe con la finalidad de aportar su capacidad laboral, técnica o empresarial. Es decir, que van a contar con medios de vida independiente, de manera que no sean una carga para la beneficencia y puedan, como principio general, mantenerse por sí mismos.

Y en cuarto y último lugar, y éste es el principio más importante que ha de regular la emigración, los emigrantes han de respetar escrupulosamente, en general, el derecho material (especialmente penal) del grupo social que les reciba y, en particular, el derecho de propiedad privada vigente en la sociedad a la que lleguen. De esta manera, se evitarán los fenómenos de ocupación masiva (como, por ejemplo, el de las favelas en Brasil, que se han construido siempre sobre terrenos de propiedad ajena). Y es que los problemas más visibles a que da lugar la inmigración suelen tener su origen en que no hay, con carácter preexistente, una clara definición y/o defensa de los derechos de propiedad implicados, por lo que aquéllos que llegan causan inevitablemente un importante número de costes externos a los que allí ya residían, lo cual termina dando lugar a brotes de xenofobia y violencia que tienen un gran coste social. Estos conflictos se minimizan y evitan en su totalidad precisamente en la medida en que se avance en el proceso de privatización de todos los recursos que existan en el cuerpo social.

3. Ventajas económicas y sociales del nacionalismo liberal.

Siempre y cuando se cumplan los principios que hemos explicado en el apartado anterior, las ideas de nación y de nacionalidad, lejos de ser perjudiciales para el proceso de interacción social, son altamente positivas desde el punto de vista liberal, pues enriquecen, refuerzan y ahondan el proceso espontáneo y pacífico de cooperación social. Así, por ejemplo, consideremos un entorno en el que se den los tres principios básicos mencionados, y en concreto los principios de libertad de comercio y libertad de emigración, como es el caso de la actual Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea). Es claro que, en este entorno, ningún Estado-nación por sí sólo puede adoptar medidas intervencionistas o de coacción institucional. Así, por ejemplo, vemos cómo en Europa el nacionalismo actúa como una verdadera válvula de escape en contra de las fuerzas socialistas e intervencionistas defendidas por importantes sectores de la eurocracia, como son los representados por Jacques Delors y otros eurofanáticos. Recordemos que, en cuanto en un determinado Estado o región se intenta establecer una regulación más restrictiva o unos impuestos más altos, inmediatamente las inversiones y los ciudadanos tienden a huir de esa zona y se trasladan hacia otros Estados o naciones con una regulación menos intervencionista y más favorable, en virtud de la existencia de los principios de libertad de comercio y libertad de inmigración. Esto es lo que, por ejemplo, sucedió recientemente con las regulaciones laborales y fiscales en Dijon, Francia, que dieron lugar a que las empresas y fábricas más importantes de esa zona la abandonaran y cerraran sus instalaciones para trasladarse a otras zonas más favorables de la Comunidad Económica Europea, en Escocia y en otras partes del Reino Unido. No es, por tanto, ningún capricho ni contradicción el hecho de que una liberal tan conspicua como Margaret Thatcher, líder de los denominados liberales euroescépticos (entre los que me encuentro) haya defendido el modelo del nacionalismo liberal dentro de la Comunidad Económica Europea frente al del centralismo de Bruselas, puesto que la competencia entre las naciones en un entorno de libertad de comercio tiende a hacer que las medidas y regulaciones más liberales de cada una de ellas se extiendan y apliquen a las demás, por la propia fuerza de la competencia entre unas y otras[8]. Por el contrario, se entiende ahora perfectamente que sea correcta la intuición de los socialistas e intervencionistas que consideran imprescindible la creación de un poderoso Estado federal europeo fuertemente centralizado en Bruselas. En efecto, ninguna medida intervencionista (en el campo laboral, social o fiscal) tendrá éxito si es que no se impone simultáneamente a todos los Estados y naciones miembros de la Comunidad Europea, por lo que los socialistas no tienen más remedio que mover el centro de gravedad de las decisiones políticas desde los Estados-naciones hacia el centro de Europa, dando cada vez más poderes y prerrogativas a los organismos de Bruselas en detrimento de los Estados-naciones que componen la Comunidad. Es curioso, además, la gran miopía de muchos políticos socialistas que, como Felipe González, aún no se ha dado cuenta de que en un Estado federal fuertemente centralizado la importancia de sus propios Estados y naciones se reduce a la mínima expresión. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez del jefe del Estado de Tejas? Pues igualmente absurdo será pensar en el papel de un jefe de Estado o rey en el Reino Unido o en España dentro de pocos decenios, si es que las fuerzas centralizadoras en favor de Bruselas que son movidas por el espíritu del socialismo intervencionista europeo terminan, en última instancia, preponderando.

Otro ejemplo que podemos poner de un entorno de libertad de comercio en el que existen diferentes naciones compitiendo entre sí es el de la propia España. Es evidente que se da la libertad de comercio y de inmigración entre las diferentes regiones y nacionalidades de España, lo cual ha dado lugar a que en muchos ámbitos la competencia entre unas zonas y otras haya producido una cierta desregulación que si no ha avanzado más ha sido debido al gran peso que el partido socialista, fuertemente intervencionista y centralizador, ha tenido hasta ahora en todas las regiones de España. Así, recientemente, la Hacienda Foral vasca ha eliminado el impuesto sobre sucesiones, al que se encuentra sometido el resto de los ciudadanos de España (con la excepción de Navarra) y también ha permitido una regularización de balances en flagrante desafío con la voracidad fiscal manifestada por el centralismo socialista de Madrid. También es preciso señalar el caso de Navarra que por razones históricas posee una administración foral única y recauda sus propios impuestos y que, aunque hasta ahora ha utilizado sus prerrogativas históricas con gran timidez, es, en última instancia, el modelo de “administración única” que debería extenderse cuanto antes al resto de las regiones y nacionalidades de España.

4. El Papel del Estado en el Nacionalismo Liberal

El modelo de competencia entre naciones dentro de un entorno sometido a los tres principios mencionados (autodeterminación, libertad de comercio y de inmigración) ha de profundizarse tanto hacia arriba como hacia abajo en la escala de los diferentes niveles de la organización estatal. Así sucede, hacia arriba, en relación con los Estados-naciones que constituyen la Comunidad Económica Europea dentro del modelo de competencia liberal entre los mismos defendido, como hemos visto, por Margaret Thatcher. Esta competencia entre las naciones llevará, ineludiblemente, a liberalizar cada vez más, y a poner cada vez más cotas y dificultades al centralismo dirigista de Bruselas. Pero la aplicación del modelo ha de defenderse, además, hacia abajo, es decir, en relación con las regiones y naciones que constituyen los diferentes Estados de Europa. Tal sería el caso, por ejemplo, de España, y del proceso de las autonomías que, en nuestra opinión, ha de culminar con la administración única para todas las regiones y naciones de España que opten por la misma (siguiendo en cuanto a su contenido el modelo de la Comunidad Foral de Navarra que es, sin duda, el más descentralizado de los posibles).

¿Cuál sería, por tanto, el papel del Estado en el sistema liberal de nacionalidades en competencia que defendemos? Si el Estado ha de tener algún papel, ha de ser, precisamente, el de suponer la encarnación jurídica de los tres principios básicos que hacen posible la cooperación voluntaria y pacífica entre las distintas naciones. Así, en el caso de España, la Corona y el Estado solamente encontrarán en el futuro su razón de ser si garantizan y aseguran los principios esenciales del liberalismo, es decir, de la libertad completa de comercio, de empresa y de emigración, dentro de una zona y entre unas zonas y otras. Y lo mismo, en un ámbito más amplio, puede decirse respecto a la única legítima razón de ser de la Unión Europea enteramente acorde con el originario espíritu fundacional de la misma incluido en el Tratado de Roma. Además, ha de defenderse el principio de que ninguna organización estatal ha de tener atribuciones y competencias que puedan ser desarrolladas por organizaciones estatales más pequeñas e inferiores en la escala política, por lo que, de acuerdo con el principio que defendemos, conforme nos elevemos en dicha escala el contenido político concreto de las organizaciones estatales más tendrá que disminuirse, pasando las mismas a tener competencias cada vez de tipo más estrictamente jurisdiccional (tribunal de derechos humanos, dedicado básicamente a la defensa y la garantía de los principios de la libertad de empresa y de comercio). A estas competencias de tipo jurisdiccional han de añadirse, igualmente, y como válvula adicional de seguridad, unas competencias respecto al establecimiento de los límites máximos de regulación y de gravamen fiscal que puedan ser efectuados por los organismos políticos inferiores. Se trata, en suma, de evitar que las regiones y nacionalidades descentralizadas puedan sojuzgar, como ha ocurrido en Cataluña, a sus ciudadanos de forma impune, a pesar de la existencia formal de libertad de comercio y de inmigración entre unas zonas y otras. Por eso, a los procesos espontáneos de competencia entre unas y otras naciones que normalmente llevarán a un desmantelamiento de las medidas de intervención, es conveniente añadir unos topes máximos de regulación y gravamen fiscal que sean fijados por los Estados y organizaciones políticas superiores, de manera de que éstas tan sólo permitan la competencia hacia abajo en lo que a impuestos y regulación se refiere, pero jamás que los entes descentralizados sobrepasen, en ningún caso, los niveles máximos de carga fiscal y regulación que se establezcan por cada Estado[9]. Por eso, debe abandonarse el proceso de armonización legal establecido en la Comunidad Económica Europea, a través del cual en la mayoría de la ocasiones las medidas intervencionistas de cada país son impuestas en todos los demás, sustituyéndolo por un proceso de competencia desregularizadora entre las diferentes naciones, en el que la Comunidad Económica Europea tan sólo tenga un papel de tipo jurisdiccional (protección de los derechos personales y vigilancia de la libertad de comercio y de inmigración) y, en todo caso, de establecimiento de máximos en cuanto a la capacidad de intervención y regulación económica, social y fiscal de cada Estado.

5. Nacionalismo liberal versus nacionalismo socialista.

Es fácil entender, por tanto, que el origen de los males actuales que generalmente se asocian con el nacionalismo, más que tener su causa en la idea de nacionalidad, tienen su origen en que no se cumplen los tres principios básicos ya analizados del nacionalismo liberal. O dicho de otra forma, que el nacionalismo deja de ser una fuerza positiva para el proceso pacífico de cooperación social y se convierte, como en mayor o menor medida ha sucedido en relación con el actual gobierno de Cataluña, en un semillero de conflictos y sufrimientos precisamente cuando deja de ser liberal y se convierte en un nacionalismo intervencionista o dirigista. Es decir, el error se encuentra en el socialismo, en el intervencionismo y en el ejercicio sistemático de la coacción, y no en el nacionalismo per se. Si bien es preciso reconocer que, en muchas ocasiones, los intervencionistas y socialistas recurren, prostituyéndola, a la idea de nación para alimentar y justificar sus medidas de coacción. Que el origen de los problemas y conflictos se encuentre en el socialismo y en el intervencionismo, y no en el nacionalismo, puede entenderse plenamente analizando cualquier caso que se elija de conflicto nacional. Así, la guerra yugoslava desaparecería de inmediato si se estableciera una completa libertad de inmigración y un mercado común de bienes y servicios en el que se respetasen los derechos de propiedad. También el conflicto establecido por el gobierno de Cataluña en el ámbito de la educación tiene su origen en que ésta es pública, se financia con cargo a impuestos, y se decide políticamente en qué idioma va a efectuarse la enseñanza, coaccionando de manera sistemática a amplísimas capas de la población. En un entorno de libertad de enseñanza (con un bono escolar o algún sistema parecido que garantizara la libertad de elección de los ciudadanos), todo el conflicto que ha creado la Generalitat de Cataluña en el ámbito idiomático desaparecería por completo[10].

6. ¿Es posible que los nacional socialistas se conviertan al nacionalismo liberal?

El análisis del nacionalismo liberal que hemos efectuado hasta ahora posee, además, la virtualidad de permitir dar argumentos muy poderosos a aquellos defensores del ideal nacionalista que, hasta ahora, y malinterpretando las exigencias del mismo, lo han plasmado, en mayor o menor medida, de forma intervencionista o socialista.

Así, a un nacionalista, verdadero amante de la idea de la nación, se le puede argumentar que tan sólo existen dos modelos de cooperación entre las diferentes naciones: o bien el basado en los principios de libertad de comercio, inmigración y autodeterminación ya vistos, o bien el que se basa en el proteccionismo, la intervención y la coacción sistemática. Es, además, fácil de explicar a cualquier nacionalista que el modelo de protección coactiva e intervención frente a otras naciones está abocado ineludiblemente al fracaso. La autarquía a la que da lugar genera una dinámica de guerra y destrucción que, en última instancia, debilitará enormemente aquella nación a la que se quiera defender. No existe, por tanto, viabilidad alguna para el modelo proteccionista de relación entre las distintas naciones. La única alternativa viable, que con carácter general está empezando a ser reconocida entre los propios nacionalistas, es que las naciones han de competir en un plano de igualdad basado en los principios de libertad de comercio y de inmigración.

Ahora bien, suponiendo que se acepta y aplica la libertad de comercio y de inmigración entre las naciones, puede darse un paso más en la argumentación teórica con el nacionalista, y explicarle que si opta por ser, dentro del ámbito de su propia nación, un nacionalista intervencionista y regulador (es decir, en mayor o menor medida, socialista), sus medidas dirigistas se verán abocadas al fracaso si es que por algún procedimiento no logra que se apliquen simultáneamente en todas las naciones con las que compite en un amplio ámbito geográfico. Es decir, que es absurdo establecer medidas de regulación e intervención en un solo Estado-nación (por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea) si es que no se logra que a través de una directiva o norma emanada de Bruselas se imponga la misma intervención al resto de los Estados-naciones y regiones de la Comunidad. Por tanto, aquel nacionalista de veleidades intervencionistas y socialistas, en última instancia, si persigue con ahínco y eficacia sus objetivos de intervención, lo único que logrará será traspasar el centro de gravedad de las decisiones políticas y económicas desde la nación que dice defender hasta el centro político del Estado u organización política más amplia a la que pertenezca (Madrid o Bruselas). Es decir, volvemos a darnos cuenta de cómo es correcta la intuición socialista de los Jacques Delors, Felipe González y otros eurofanáticos que, en última instancia, pretenden un reforzamiento continuo de los poderes de Bruselas. Pero lo que parece paradójico y contradictorio es que también muchos líderes nacionalistas hayan defendido, en perjuicio de sus propias naciones, el engrandecimiento de los centros estatales de poder, cuando han perseguido políticas de corte intervencionista.

Desde esta perspectiva no es atrevido afirmar que gran parte de la responsabilidad, por ejemplo, del centralismo madrileño en España, tiene su origen en el propio nacionalismo catalán que, históricamente, a la hora de conseguir y lograr privilegios en su favor (de tipo proteccionista, etc.) no ha dudado jamás en acudir a Madrid para “pactar” y conseguir leyes de ámbito estatal que obligaran a todas las regiones, incrementando, en última instancia, el poder de la capital en perjuicio de la propia nación a la que decían defender[11]. No hay, por tanto, históricamente mayores responsables del centralismo madrileño que los propios miopes nacionalistas catalanes[12]. Y este paradójico resultado histórico parece que está volviéndose a repetir de nuevo en relación con el ámbito más amplio de la Comunidad Económica Europea, a la que ingenuamente recurren los líderes de las distintas regiones y nacionalidades pensando que con ello disminuyen el poder de los Estados-naciones, sin darse cuenta de que el reforzamiento federal de la Comunidad da lugar al engrandecimiento de un poder centralista, el de Bruselas, que eventualmente puede llegar a ser mucho peor. Así se convierten en extraños “compañeros de viaje” los nacionalistas ingenuos que defienden el engrandecimiento de Bruselas en perjuicio de los Estados-naciones, y los ingenuos entusiastas europeístas (como Felipe González y otros) cuya intuición socialista les lleva a reforzar el poder de Bruselas, sin que unos y otros se den cuenta de que ello se efectúa tanto a costa de una continua debilitación de la idea nacional española, y de sus símbolos más esenciales, como es el constituido por la propia monarquía, como a costa de un progresivo debilitamiento del ideal nacional de ámbito regional (cuyas decisiones cada vez cuentan menos en comparación con las que se toman en la Comunidad).

En este campo, como en otros, vemos cómo confluyen los erróneos e ingenuos intereses de nacionalistas y socialistas, todos ellos en perjuicio del verdadero espíritu liberal que ha de regular las relaciones pacíficas, armoniosas y fructíferas entre las distintas naciones.

En todo caso, no hemos de renunciar a utilizar la argumentación racional con los nacionalistas de tipo intervencionista, puesto que aquéllos en los que prepondere el ideal nacionalista sobre la ideología intervencionista o de coacción, puede ser que lleguen a terminar de entender que lo más contrario a la propia idea de nación que defienden son las políticas intervencionistas en todos los órdenes (económico, cultural, lingüístico, etc.) que hasta ahora han venido preconizando.

Quizá una de las explicaciones más plausibles para el nacionalismo intervencionista se encuentre en el complejo de inferioridad y en la falta de seguridad en sí mismas que tienen muchas naciones. Y por eso son precisamente las naciones más en retrogresión y, por tanto, más inseguras, las que de manera más violenta reaccionan contra su propio sino. En principio, podríamos afirmar que conforme una nación se encuentre en un estado de mayor retrogresión (habiendo sido absorbida por otras más ricas y dinámicas), más violentos serán los últimos estertores de su agonía (como lo prueba el caso de la nación vasca y, en menor medida, el de las manifestaciones intervencionistas en el campo lingüístico de la nación catalana). Una nación que esté segura de sí misma, que crea en su futuro y que no tema a la competencia con otras naciones en un plano de igualdad será una nación en la que más fácilmente preponderará el espíritu de cooperación liberal que hemos venido describiendo en este artículo[13].

7. Conclusión: por un nacionalismo liberal

La conclusión del análisis sobre el nacionalismo liberal que hemos efectuado en este artículo ha permitido dilucidar hasta qué punto es coherente y acertada la política de los euroescépticos iniciada por Margaret Thatcher en relación con la Comunidad Económica Europea, frente al ingenuo euroentusiasmo de los políticos europeos de tendencia socialista (Felipe González, Jacques Delors, etc.). Defendamos, por tanto, las naciones en un entorno de libertad de comercio, mercado e inmigración, pues ello es el mejor seguro de vida en contra del dirigismo, la coacción y el intervencionismo. Igualmente, hagamos ver a los miopes nacionalistas de cada Estado que todo lo que no sea el desarrollo del ideal nacional en un entorno de completa libertad va, en última instancia, en perjuicio de la propia idea de nación que ellos dicen defender. La falta de seguridad en sí mismos y de confianza en el valor de los principios culturales e idiomáticos de su nacionalidad les lleva a imponer por la fuerza un proteccionismo idiomático, cultural y económico que, en última instancia, debilita a su propia nación y la hace peligrar en el proceso de competencia liberal con las otras naciones. La nación sólo puede desarrollarse y reforzarse en un entorno de libertad y cuanto antes los nacionalistas se den cuenta de estos principios esenciales, antes abandonarán las trágicas políticas que han adoptado hasta ahora, en perjuicio de sus propias naciones y de las otras naciones con las que forzosamente han de convivir. El nacionalismo liberal, no es sólo la única concepción del nacionalismo compatible con el desarrollo de las naciones, sino que además constituye de cara al futuro el único principio de cooperación armoniosa, pacífica y fructífera entre todos los grupos sociales.
* Dedico este artículo a mi buen amigo Alejo Vidal-Quadras, gran catalán, gran español y gran liberal.


[1] Así, por vía de ejemplo, cabe señalar como la Hacienda autonómica vasca, y siguiendo el ejemplo de la regulación foral Navarra, ha eliminado de facto para los vascos el impuesto de sucesiones entre parientes, lo cual supone una muy importante mejora comparativa respecto de los ciudadanos del resto de España.

[2] Sobre la teoría austriaca de las instituciones sociales y el concepto de sociedad, entendida como un proceso espontáneo, puede consultarse a Jesús Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, Unión Editorial, Madrid, 1992, especialmente las pp. 68-73 y 84-85.

[3] Sobre la consideración de las naciones como órdenes espontáneos o subconjuntos de la sociedad civil que compiten en el proceso social con otros órdenes nacionales debe consultarse el libro de Ludwig von Mises, Nation, State and Economy: Contributions to the Politics and History of our Time, New York University Press, Nueva York y Londres, 1983. Este libro es la traducción al inglés del originariamente publicado por Ludwig von Mises justo después de la I Guerra Mundial con el título de Nation, Staat und Wirtschaft: Beiträge zur Politik und Geschichte der Zeit, Manzsche Verlags-und Universitäts-Buchhandlung, Viena y Leipzig, 1919. Es muy significativo que este importante libro haya sido también publicado hace muy poco en italiano con el título de Stato, Nazione ed Economia, Bollati Boringhieri, Turín, 1994. Las sugestivas ideas de Mises sobre el nacionalismo fueron posteriormente desarrolladas en su notable libro Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total War, Arlington House, Nueva York, 1969 (la primera edición es de 1944 y fue publicada por Yale University Press; existe una traducción al castellano de Pedro Elgóibar publicada con el título de Omnipotencia Gubernamental por Editorial Hermes en Méjico en el año 1946). Ludwig von Mises fue testigo único especialmente cualificado de los graves acontecimientos que desembocaron en las dos guerras mundiales de este siglo y que, con su habitual perspicacia, explica y comenta con gran profundidad en los dos libros mencionados.

[4] Quizá sea más exacto el diagnóstico de Fernando Pessoa que considera que en Iberia existen tres naciones distintas, Castilla, Cataluña y la nación galaico-portuguesa, encuadradas en dos Estados diferentes: España y Portugal. Pessoa no se refiere a la nación vasca, quizá porque la considera una nación en retrogresión casi ya totalmente desaparecida y englobada en otras. Véanse sus artículos “Para o ensaio ‘Iberia'” y “Principios do Nacionalismo Liberal”, incluidos en Fernando Pessoa, Obra Poética e em Prosa, vol. III, Lello & Irmâo -editores, Oporto, 1986, pp. 979-1009 y 1125-1136.

[5] Véase, en este sentido, el interesante artículo de Hans-Hermann Hoppe, “Against Centralization”, publicado en The Salisbury Review, junio de 1993, pp. 26-28.

[6] Sobre las beneficiosas consecuencias del crecimiento de la población y de la inmigración deben consultarse los trabajos de Julian L. Simon y, en concreto, su Population Matters: People, Resources, Environment and Immigration, Transaction Publishers, Londres, 1990.

[7] En esta circunstancia se encuentra la mayoría de la población de Cataluña y, sobre todo, del País Vasco cuya nacionalidad es básicamente castellana y cuyos derechos políticos nadie puede discutir, pues llevan muchos años, e incluso generaciones, residiendo en dichas zonas geográficas.

[8] Este fenómeno es el que precisamente pretenden evitar los líderes socialistas europeos, y en concreto Felipe González, cuando critican despectivamente a “la Europa de los mercaderes” que se diseñó en el Tratado de Roma, y pretenden la creación de un “espacio social” e intervencionista europeo.

[9] Es misión, por tanto, de los Estados, encuadrada dentro del ámbito exclusivamente jurisdiccional de defensa de los derechos personales y de libertad de comercio, el prohibir, por ejemplo, las limitaciones a los horarios comerciales y otras medidas de intervención coactiva que han sido recientemente tomadas en Cataluña y en otras regiones españolas, y que, por su especial y propia naturaleza, se encuentran más al abrigo de los beneficiosos efectos de la competencia inter-regional.

[10] En palabras de Mises: “The way to eternal peace does not lead through strengthening state and central power, as socialism strives for. The greater the scope the state claims in the life of the individual and the more important politics becomes for him, the more areas of friction are thereby created in territories with mixed population. Limiting State power to a minimum, as liberalism sought, would considerably soften the antagonisms between different nations that live side by side in the same territory. The only true national autonomy is the freedom of the individual against the state and society. The ‘statification’ of life and of the economy leads with necessity to the struggle of nations”. Véase Nation, State and Economy, ob. cit., p. 96.

[11] Esto es lo que históricamente sucedió cuando se impuso el proteccionismo catalán a la Castilla librecambista, o en el caso de la promulgación de la ley de quiebras, hecha a medida de las exigencias de Cataluña tras la quiebra del Banco de Barcelona, o más recientemente, en el apoyo político al régimen dirigista y corrompido que actualmente ocupa el poder en Madrid en perjuicio del resto de España, gracias al soporte que recibe del nacionalismo catalán.

[12] Como muy bien ha demostrado Ludwig von Mises, “within a system of interventionism the absence of inter-State trade barriers shifts the political centre of gravity to the federal government.” Véase Omnipotent Government, ob. cit., pp. 268 y ss. en las que se explica con todo detalle las razones de teoría económica que llevan a que, en un entorno de libertad de comercio, las medidas de intervención y socialización siempre sean en perjuicio de las naciones que constituyen el Estado y a favor del centro político del mismo.

[13] “A nation that believes in itself and its future, a nation that means to stress the sure feeling that its members are bound to one another not merely by accident of birth but also by the common possession of a culture that is valuable above all to each of them, would necessarily be able to remain unperturbed when it saw individual persons shift to other nations. A people conscious of its own worth would refrain from forcibly retaining those who wanted to move away and from forcibly incorporating into the national community those who were not joining it of their own free will. To let the attractive force of its own culture prove itself in free competition with other peoples – that alone is worthy of a proud nation, that alone would be true national and cultural policy. The means of power and of political rule were in no way necessary for that.” Ludwig von Mises, Nation, State and Economy, ob. cit., p. 76. Pocas veces se han escrito unas palabras de mayor contenido, valentía y exactitud que éstas de Ludwig von Mises en relación con el concepto y el ideal del nacionalismo liberal.

De Jouvenel: ¿por qué los intelectuales odian al capitalismo?

De Jouvenel: ¿por qué los intelectuales odian al capitalismo?

Bertrand de Jouvenel (1903-1987) es una figura intelectual compleja. Como muchos jóvenes intelectuales europeos durante la entreguerra, coqueteó con las dos corrientes enemigas del liberalismo: el socialismo y el fascismo. Pero la propia experiencia le sirvió para darse cuenta de su error inicial. Tuvo que exiliarse en Suiza luego de la ocupación alemana en Francia, y durante aquellos años pudo ver la derivas más dramáticas del absolutismo estatista.  Se convirtió luego, poco a poco, en uno de los escasísimos referentes de la tradición liberal francesa, que por entonces estaba en agonía. Tuvo siempre ideas muy particulares, algunas de las cuales fueron más afortunadas que otras en la crítica. Sus escritos, no obstante las diferencias que uno pueda tener con alguno de sus planteamientos, siempre resultan un despliegue de brillantez.

Una de las joyas del legado de Jouvenel es su conferencia, “Los intelectuales europeos y el capitalismo”, publicada en el libro El Capitalismo y los Historiadores. En ella medita sobre esa tendencia a odiar las instituciones de mercado que es tan común entre los “intelectuales occidentales”. Trascribimos los fragmentos que contienen la esencia de su planteamiento:

Los intelectuales occidentales, en grandísima mayoría, muestran y proclaman su hostilidad hacia las instituciones que denominan globalmente capitalismo. Cuando se les pregunta sobre los motivos, dan razones afectivas como el interés por el “trabajador”, la antipatía hacia el “capitalista”, y razones morales como la “crueldad y la injusticia del sistema”. Esta actitud revela una gran semejanza superficial con la actitud de la intelectualidad clerical de la Edad Media… El centro de atención de la actividad de la iglesia medieval lo constituían los desgraciados; ella era la protectora de los pobres y se ocupaba de todas las funciones que ahora han pasado al “Estado providencia”: alimentar a los indigentes, curar a los enfermos, educar al pueblo. Todos esos servicios eran gratuitos, sostenidos por la riqueza que la iglesia sacaba de las tasas eclesiásticas y de las cuantiosas donaciones, enérgicamente solicitadas. La iglesia no sólo ponía siempre la condición de los pobres ante los ojos de los ricos, sino que reprendía continuamente a éstos, actitud que no debe considerarse como un mero intento de ablandar el corazón de los ricos por su bien moral y en el beneficio material de los pobres. No sólo exhortaba a los ricos a que dieran, sino a que se abstuvieran de perseguir la riqueza…Es claro que una fe que ponía a los hombres en guardia contra los bienes terrenos (“No améis al mundo ni de lo que hay en el mundo”, 1ra. Carta de San Juan, 2, 15) no podía menos de considerar a los más entusiastas y afortunados buscadores de tales bienes como una vanguardia que arrastraba a sus propios seguidores a la destrucción espiritual. Los modernos, por otra parte, tienen una visión mucho más positiva de los bienes de este mundo: el aumento de la riqueza les parece una cosa excelente, y la misma lógica les debería llevar a considerar a aquellos mismos hombres como una vanguardia que conduce a quienes la siguen a aumentar las riquezas materiales…

Me complace observar que los intelectuales modernos consideran favorablemente la acumulación de riqueza por parte de organismos que llevan el sello del Estado (empresas nacionalizadas), que no dejan de tener cierta semejanza con las empresas monásticas. Sin embargo, no reconocen el mismo fenómeno cuando falta el sello estatal…

La hostilidad del intelectual hacia el hombre de negocios no ofrece ningún misterio, ya que ambos tienen, por su función, dos criterios distintos de valor, de suerte que la conducta normal del hombre de negocios aparece desdeñable si se juzga con el metro válido para la conducta del intelectual. Este juicio podría evitarse en una sociedad dividida, abiertamente fraccionada en clases con funciones diferentes y con distintos códigos de honor. Pero no ocurre así en nuestra sociedad, cuyas ideas corrientes y cuya ley postulan que se forme un campo unitario y homogéneo. En este campo el hombre de negocios y el intelectual se mueven uno junto al otro. El hombre de negocios ofrece al público “bienes”, definidos como “todo lo que el público desea comprar”; el intelectual trata de enseñar lo que está “bien”, y para él algunos de los bienes que se ofrecen son cosas de ningún valor y el público debería ser disuadidos de dejarlas. El mundo de los negocios es para el intelectual un mundo de valores falsos, de motivos bajos, de recompensas mal dirigidas. Una fácil vía de acceso a lo íntimo de la mentalidad del intelectual es su preferencia por los déficits. Se ha observado que tiene simpatía por las instituciones deficitarias, por las industrias nacionalizadas financiadas por la Hacienda pública, por los centros universitarios que dependen de subsidios y donaciones, por los periódicos incapaces de autofinanciarse. ¿Por qué? Porque sabe por personal experiencia que siempre obra como piensa que debe obrar, no hay coincidencia entre su esfuerzo y la forma cómo este es acogido: para expresarnos en lenguaje económico, el valor de mercado de la producción de los intelectuales es con mucho inferior al de los factores empleados. Ello se debe a que en el reino del intelecto una cosa verdaderamente buena es una cosa que solo unos pocos pueden reconocer como tal. Puesto que la misión del intelectual es hacer comprender a la gente que son verdaderas y buenas ciertas cosas que antes no reconocía como tales, encuentra una grandísima resistencia en la venta de su propio producto y trabaja con pérdidas. Cuando su éxito es fácil e inmediato, sabe que casi ciertamente no ha cumplido bien su función. Razonando sobre la base de su propia experiencia, el intelectual sospecha que todo lo que deja un margen de beneficio se ha hecho no por convicción y devoción hacia el objeto, sino porque se ha podido encontrar un número de personas deseosas del mismo, suficiente para hacer rentable la empresa. Podéis discutir y convencerle al intelectual de que la mayor parte de las cosas se hacen de este modo, pero él seguirá pensando que este modo de obrar es algo que no leva. Su filosofía de los beneficios y de las pérdidas puede resumirse de la siguiente manera: para él, una pérdida es el resultado natural de la devoción a algo que debe hacerse, mientras que el beneficio es el resultado natural del sometimiento a las opiniones de la gente.

La fundamental diferencia de actitud entre el hombre de negocios y el intelectual puede puntualizarse recurriendo a una fórmula trillada. El hombre de negocios debe decir: “El cliente siempre tiene la razón”. El intelectual no puede aceptar este modo de pensar. La misma máxima: “Dad al público lo que quiere”, que nos da un óptimo hombre de negocios, nos da un pésimo escritor. El hombre de negocios obra dentro de un sistema de gustos y de juicios de valor que el intelectual debe intentar siempre cambiar. La actividad suprema del intelectual es la del misiones que ofrece el Evangelio a naciones paganas; ofrecerles bebidas alcohólicas es una actividad menos peligrosa y más rentable. Existe cierto contraste entre ofrecer a los consumidores lo que deberían tener, pero no quieren, y ofrecerles lo que aceptan ávidamente, pero que no deberían tener. El comerciante que no se dirija hacia el producto más vendible es tachado de estúpido, pero el misionero que dirigiera hacia él sería tachado de bribón.

Puesto que nosotros, los intelectuales, tenemos como misión enseñar la verdad, tendemos a adoptar frente al hombre de negocios la misma actitud de superioridad moral que el Fariseo respecto al Publicano, condenada por Jesús. Debería servirnos de lección el hecho de que el pobre que yacía al borde del camino fue ayudado por un comerciante (el samaritano) y no por el intelectual (el levita). ¿Tenemos acaso el valor de afirmar que la inmensa mejora que ha tenido lugar en la condición de la masa de los trabajadores ha sido eminentemente obra de los hombres de negocios?

Puede alegrarnos el hecho de que nosotros servimos a las necesidades más elevadas de la humanidad, pero debemos sinceramente tener miedo de esta responsabilidad. De los “bienes” que se ofrecen por lucro, ¿cuántos podemos definir resueltamente como perjudiciales? ¿No son acaso mucho más numerosas las ideas perjudiciales que nosotros exponemos? ¿No existen acaso ideas perjudiciales para el funcionamiento de los mecanismos y de las instituciones que aseguran el progreso y la felicidad de la comunidad? Nuestra responsabilidad se ha acrecentado debido a que la difusión de ideas que pueden ser perjudiciales no puede ni debería impedirse mediante el empleo de la autoridad temporal, mientras que la venta de objetos perjudiciales sí puede ser impedida de esta manera.

Es casi un misterio—y un campo de investigación prometedor para historiadores y sicólogos—que la comunidad intelectual se hiciera más severa en sus juicios sobre el mundo de los negocios, precisamente cuando éste mejoraba de manera extraordinaria las condiciones de las masas, mejorando su propia ética de trabajo y aumentando su propias conciencia cívica. Juzgado por sus resultados sociales, por sus costumbres, por su espíritu, el capitalismo actual es inconmensurablemente más meritorio que el de épocas anteriores, cuando se le denunciaba en términos mucho menos duros. Si el cambio de actitud de los intelectuales no puede explicarse por el empeoramiento de la situación se debe valorar, ¿no podría entonces explicarse por un cambio de los propósitos intelectuales?

Este problema abre un vasto campo de investigación. Durante mucho tiempo se ha pensado que el gran problema del siglo XIX era el lugar que el trabajador industrial ocupaba en la sociedad, y se ha prestado poca atención a la aparición de una amplia clase intelectual cuyo puesto en la sociedad puede ser el problema más importante. Los intelectuales han sido los principales artífices de la destrucción de la antigua estructura de la sociedad occidental, que prevé tres distintos tipos de instituciones para los intelectuales, los guerreros y los productores. Ellos se han esforzado para hacer el campo social homogéneo y uniforme; sobre él soplan con mayor libertad los vientos de los deseos subjetivos; las apreciaciones subjetivas son el criterio de todos sus esfuerzos. Es natural que esta constitución de la sociedad conceda un premio a los “bienes” más deseados y ponga en primer plano a quienes constituyen la vanguardia en la producción de los mismos. Y así, los intelectuales han perdido, frente a esta clase “dirigente”, la primacía de la que gozaba cuando constituían el “primer estado”. Su actitud actual puede explicarse en cierta medida por un complejo de inferioridad que han adquirido. La condición de los intelectuales en su conjunto no sólo ha descendido a un status menos considerado, sino que, además, el reconocimiento individual tiende a estar determinado por criterios de apreciación subjetiva del público, que los intelectuales rechazan por principio: de aquí la tendencia contrapuesta a exaltar a aquellos intelectuales que son tales sólo para los intelectuales.

Wheelwright: el Cónsul de Guayaquil

Wheelwright: el Cónsul de Guayaquil

Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com

Retrato de Wheelwright en estampilla conmemorativa de la introducción del barco a vapor en Chile.Nunca leí su nombre en esos textos de Historia, repletos de leyendas cursis, con los que me adoctrinaban en la escuela. Sin embargo, la vida de William Wheelwright, primer Cónsul de EEUU en Guayaquil, debería ser contada mil veces en los colegios latinoamericanos, como ejemplo del potencial creativo del ser humano. Pero no, prefieren que memoricemos nombres de caudillos y militares con delirios mesiánicos, fechas de “revoluciones” intrascendentes y guerras absurdas.

Wheelwright nació en Massachusetts, en 1798, como miembro de una familia muy acomodada. Le dio por hacerse marinero muy joven, y a los 20 ya era capitán, cuando cualquier viaje en barco era una proeza. Un día zarpó y se fue a probar suerte en Suramérica. Llegó a Guayaquil por 1824, y se percató del potencial económico de lo que era el puerto más importante de la costa occidental, la parada obligada entre el Cabo de Hornos y Panamá.

Si hoy es difícil vivir en una ciudad donde el sol y la humedad conspiran contra todo ser humano, entonces era heroico. Wheelwright vio oro en ese pantano interminable, y estuvo dispuesto a sudar lo que haga falta. Además, habían razones para el optimismo: la formación de un área de integración económica, la Gran Colombia, sin aranceles que entorpecieran el comercio interno hacia su puerto natural. La historia reciente ofrecía ejemplos que parecían exitosos. Trece colonias americanas se habían unido pocas décadas antes, formando, en la práctica, una unión aduanera en la que fluían libremente las mercancías, y de la que Tocqueville escribiría unos años después.

Pidió a Washington que lo nombre Cónsul, y logró así ser el primero de toda Suramérica, gozando de todos los privilegios diplomáticos de un embajador.

Su estatus diplomático le permitió hacer importantes amigos. Cada vez que había una escaramuza entre caudillos, los perseguidos de turno llegaban a solicitar asilo. Hizo muy buenos negocios. Sin embargo, Guayaquil perdió pronto su vocación estratégica. Se balcanizó la Gran Colombia en republiquetas, todo siempre por los sacrosantos intereses del pueblo, la nación, o el tótem de turno. Se impusieron fronteras artificiales, y con ellas aranceles que restringieron el paso de mercancías hacia el río Guayas. “En consecuencia, Guayaquil dejó de ser el puerto de la principal república americana…, y se convirtió en un mero puerto del pequeño Estado del Ecuador”, según apuntó Juan Bautista Alberdi en su libro sobre Wheelwright

Decepcionado, el americano decidió marcharse a Valparaíso, que ofrecía mejores perspectivas. A partir de ahí, fue imparable. Llevó alumbrado público a Chile, introdujo la primera línea de vapores del Pacífico en Perú y en Ecuador, construyó faros y puertos por toda la costa. Gracias a sus barcos, por ejemplo, el cacao ecuatoriano alcanzó fama mundial. Emprendió la construcción de un ferrocarril para conectar comercialmente Chile y Argentina. Era recibido como una celebridad, ahí donde iba. Él era el símbolo del progreso, de una revolución industrial que apenas comenzaba

Pero nadie lo recuerda hoy, quizá porque no cruzó los Andes o el Pacífico con cañones, sino con trenes y mercancías. Tampoco prometió milagros con dinero ajeno, sino que modernizó países enteros arriesgando el suyo propio. Murió en Inglaterra, en 1873. Fue enterrado sin aspaviento oficial, muchedumbres llorosas, ni discursos patrioteros. No podía ser de otra forma, porque él representa la única dimensión posible de la grandeza humana: el ánimo de realización individual. Y como decía Hesse, desde el momento que intentamos realizarnos, con nuestros dones como único medio, hacemos lo máximo y lo único sensato que se puede hacer.