Constitucionalizar el sinsentido

Por Aparicio Caicedo C.

IED en EC

Original publicado en diario El Universo.

Hace pocas semanas circuló un dictamen de la Corte Constitucional (DICTAMEN No. 010-13-DTI-CC, del 25 de abril de 2013) que ha dinamitado los pocos puentes institucionales que quedaban para ser cruzados por la inversión extranjera.

El presidente, como lo anunció, inició hace meses trámites para denunciar distintos acuerdos de protección recíproca de las inversiones que Ecuador tiene firmados con varios estados. La razón es que tales instrumentos permiten a los inversores extranjeros someter sus diferencias con el Gobierno ante tribunales arbitrales extranjeros. Por tanto, siguiendo el trámite correspondiente, la Presidencia solicitó ante la Corte Constitucional un dictamen que avale sus pretensiones.

Y la Corte, como ya es regla, le dio la razón al Gobierno. Sí, dijeron los flamantes jueces constitucionales –refiriéndose en este caso al acuerdo con España–, ese convenio no es consecuente con la soberanía nacional. Y “como la estructura jurídica ecuatoriana ha asumido nuevos retos”, lo declararon inconstitucional. Se refirieron expresamente al artículo 11 del tratado, que permite al inversor recurrir a organismos de arbitraje internacionales, como el Ciadi. Léase el texto del dictamen:

En efecto, revisado el texto del Acuerdo se establece que el mismo contiene cláusulas contrarias a la Constitución y consecuentemente lesivas para el interés nacional, como es el caso de la prevista en el artículo XI del Acuerdo que somete al Estado ecuatoriano al arbitraje internacional, para la solución de controversias, en desmedro de lo estipulado en el artículo 422 de la Constitución de la República, que establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. Al someter jurisdiccionalmente al Ecuador al arbitraje internacional, no sería raro que se presenten experiencias como las que ha descrito el secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, en el sentido de que al resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano se priorice el concepto de la “inversión”, en menoscabo del ordenamiento interno, al considerar que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido “arbitrarias” o “discriminatorias”; o a pesar de que en la mayoría de los convenios se ha respetado la soberanía tributaria de los países receptores de inversión, los tribunales arbitrales eventualmente las desconocen, al estimar que una medida tributaria es “confiscatoria”, lo que evidentemente habría lesionado el interés nacional, justificándose de esta manera la intención de denunciar por parte de la Presidencia de la República al Acuerdo en mención

El razonamiento del dictamen es de leyenda: como los tribunales de este tipo priorizan el “concepto de inversión”, puede que perdamos el litigio y ellos vean “confiscación” donde solo hay una medida tributaria soberana; por tanto, lo consideramos inconstitucional. Y citan expresamente, como referente de validez, el razonamiento del secretario jurídico de la Presidencia (#Plop). Yo supongo que el hecho de que la mayoría de los procesos ante el Ciadi son ganados por los estados se les habrá pasado por alto. Normal. Pobres, con lo ocupados que están, no se les puede pedir que revisen las estadísticas de la Unctad.

Podríamos decir hasta ahí lo obvio: la Corte Constitucional se ha sumado al catálogo de instituciones espantadoras de inversión extranjera. Y de forma sublime. Porque este dictamen vinculante quema los barcos para el Ejecutivo, no hay vuelta atrás. Los magistrados fueron claros: una cláusula de esa naturaleza es contraria a la Carta de Montecristi, y encuentran cierto asidero en el artículo 422 de la misma. Dicha disposición impide celebrar nuevos acuerdos que sometan las diferencias con el Estado a arbitrajes internacionales, aunque no dice nada sobre los celebrados antes (el acuerdo con España es de 1996).

Y ahí viene lo interesante: ¿Qué vamos a hacer en la negociación con el Mercosur? Porque sabrán ellos que existe el Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Mercosur. En dicho protocolo se deja a elección del inversor extranjero de alguno de los países miembros la opción de recurrir ante el malvado Ciadi para resolver sus diferencias con el Estado. ¿Podrían ser inconstitucionales los acuerdos de préstamos con China, algunos de los cuales someten las eventuales diferencias nada menos que a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, “Governed by English Law”?

Lo cierto es que el sinsentido de la política económica internacional del Gobierno se galvanizó constitucionalmente en la Corte. Cada dictamen de este tipo es una bengala más de inseguridad jurídica que advierte a los inversores extranjeros: si pensaban venir algún día, mejor ya no lo hagan. Porque no vaya a ser que tengan la desfachatez de desconfiar de la independencia de nuestros jueces (no se rían, antipatriotas) y quieran someter sus eventuales diferencias a un tribunal arbitral más neutral.

Malversar no es informar

Por Aparicio Caicedo C.  

ZonaLibreEncuentro una revista gratuita cuya portada se mofa de dos contendores electorales del actual presidente. La abro. Sus páginas están tapizadas de propaganda oficial del Gobierno central y otras instituciones. Leo el nombre de quienes dirigen dicha publicación y busco en Internet. La propia web de la Presidencia de la República me da la respuesta que buscaba. Rechanfle: más de 52 mil dólares nos costó patrocinar ese pasquín llamado Zona Libre. Imagino cuánto tuvieron que trabajar para producir ese dinero los contribuyentes de cuyos impuestos se financió dicho egreso. Cincuenta luquitas es mucho billete. Y eso sin contar la publicidad de otros entes que aparece en ese mismo panfleto. Me pregunto, ¿este derroche a discreción puede ser legal?

No es legal lo que se está haciendo con recursos públicos; más aún, merece sanción y hay fórmulas para hacerlo. No es legítimo, ni constitucional, ni nada. Podría tratarse incluso de un delito, y sin duda es una violación de derechos humanos.

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ImagenEl Código Penal estipula como delito la malversación de fondos públicos, es decir, “la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además, abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público”. Porque los órganos del Estado, a diferencia de los simples mortales, están sujetos al principio constitucional de legalidad en su actuación. Un funcionario solo puede usar su cargo para hacer aquello que la ley expresamente le permite, nada más. De este principio se deriva lógicamente la necesidad de prevenir posibles abusos con dinero ajeno, penalizando tal supuesto con una pena severa: de ocho a doce año de reclusión mayor ordinaria.

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No sabemos cuánto habrá pagado el Banco Nacional de Fomento por esta publicidad.

En ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se faculta al Gobierno para consumir recursos estatales difamando a nadie, ni para “defenderse” de las críticas de sus ciudadanos mediante insultos y burlas, ni para promover la imagen del presidente-candidato con miles de vallas, comerciales, spots y cadenas. Porque “informar” no es despilfarrar 86 mil dólares en seis meses para contratar bufones, ni producir documentales dedicados a denostar a los rivales electorales, ni patrocinar revistas para denigrar ciudadanos. ¿Qué es todo eso sino una malversación de recursos públicos?, ¿qué es eso sino “una aplicación de fondos a fines distintos de los previstos” en la ley?, ¿no es acaso un uso arbitrario del dinero de todos para el provecho electoral “propio y de terceros”?

El "profundísimo" reportaje de fondo.
El “profundísimo” reportaje de fondo.

Por otro lado, tal abuso supone también una violación flagrante del artículo 11 de la Convención Americana de DDHH: Nadie puede ser objeto de ataques ilegales a su honra o reputación. Aunque ya sabemos la respuesta a esto. El Gobierno ha hecho suyas las prácticas de conocidos soberanistas latinoamericanos como Pinochet o Fujimori, al desprestigiar metódicamente el sistema interamericano de derechos humanos.

Un día alguien tendrá que responder por esto ante la justicia nacional o internacional. Aunque tocará esperar. Lastimosamente, por el momento los jueces aquí se esmeran solo en proteger los “derechos del Estado” frente a los malvados ciudadanos (véase sentencia contra La Hora). Y todo esto sucede en época electoral, mientras el CNE solapa con su inacción ilegalidades manifiestas, desafiante con unos y complaciente con otros. Paciencia, mucha paciencia.

El New Deal del Comercio Global: génesis ideológica del ordenamiento económico internacional

El New Deal del Comercio Global: génesis ideológica del ordenamiento económico internacional

Por Aparicio Caicedo Castillo 

Introducción al libro, El New Deal del Comercio Global: génesis ideológica del ordenamiento económico internacional de la posguerra (será publicado en 2012, con Unión Editorial).

Años antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dilucidaban los albores de la Pax Americana, un equipo de tecnócratas liderado por el Secretario de Estado, Cordell Hull (1871-1955), recibió la tarea de planificar el orden económico internacional. Por más de seis décadas, tanto el GATT como su institución heredera, la Organización Mundial de Comercio (OMC), han funcionado conforme a la estructura creada por ese grupo[1]. Desde entonces también han corrido ríos de tinta para explicar la naturaleza jurídica del sistema multilateral del comercio[2], así como sus posibles reformas[3]. Sin embargo, muchos de estos estudios se han basado en formulaciones teóricas abstractas, en ocasiones colmadas de tópicos[4]. Muy poco se ha dicho, en cambio, sobre el perfil ideológico de los framers de dicho esquema, sobre la genealogía intelectual del proyecto inicial[5]. Y ello a pesar de que la esencia del sistema sigue siendo exactamente la misma que hace medio siglo; y el lenguaje, los principios y las instituciones creadas en 1947 continúan estando presentes—literalmente inalterados—en el aparato normativo de la actual OMC[6]. Ese ha sido, además, el modelo de referencia para el diseño de la mayor parte de instrumentos y organizaciones de integración económica internacional existentes en la actualidad. Todo lo cual nos ha motivado a realizar un ejercicio de “arqueología de ideas”[7].

Entendemos aquí por “ideología” el prisma a través del cual comprendemos el mundo, un sistema integrado de creencias, suposiciones y valores[8]. Este sistema, como apunta Robert Higgs, puede ser más o menos coherente en términos lógicos, y casi siempre está orientado a brindar una óptica integral de la sociedad, aportando soluciones en base a una serie limitada de bienes morales, como la libertad, la solidaridad o la justicia[9]. Lo importante es que sirva para legitimar acciones y decisiones, y que no se trate de mera una coartada ética para promover nuestro interés personal. Por el contrario, la fuerza de la ideología se encuentra precisamente en que permite a las personas creer y persuadir a otros de que actúan de forma correcta. Nos permite interpretar nuestro entorno social, atribuir valoraciones morales a determinadas conductas y resultados, y así llegar a la conclusión de que ciertas posiciones políticas merecen nuestro apoyo, motivados por un afán de realización de fines sociales que consideramos primordiales. Por tanto, entender los imperativos ideológicos de los actores políticos constituye una tarea necesaria para comprender sus obras[10].

En el terreno de las relaciones internacionales, la ideología puede jugar un papel extremadamente importante para los agentes diplomáticos, porque estos se desenvuelven en un universo complejo, donde la información es a menudo escasa, y donde muchas veces, para tomar decisiones, deben fiarse de sus propias creencias, suposiciones y valores antes que de apreciaciones objetivas de la realidad. En tales casos, las ideas preconcebidas “sirven como hoja de ruta”[11]. Esto resulta especialmente determinante durante épocas de crisis que generan incertidumbre, porque es ahí cuando los ideological entrepeneurs aprovechan para promover sus propias convicciones doctrinales. Es precisamente esto lo que pasó durante los años que nos proponemos analizar.

Los policy-makers responsables del nuevo orden global pertenecían a una época de profunda transición ideológica, en la que los propios cimientos de la teoría jurídica y económica estaban siendo agitados. El Gobierno de Franklin D. Roosevelt, encargado de elaborar el diseño del orden económico de la posguerra, fue el corolario histórico de aquello que Arthur A. Ekirch llamó “el declive del liberalismo americano”[12]. Su programa de reforma, el New Deal, rompió amarras con el librecambismo, elevando amplísimamente el poder de regulación del Estado en la economía[13]. Bien es cierto que Estados Unidos no era un caso aislado, porque la mayoría del mundo industrializado experimentó por entonces una transición similar[14]. No obstante, en el presente trabajo demostraremos, profundizando en el sendero abierto por Anne-Marie Slaughter, que el origen del “diseño específico del orden internacional de la posguerra” se encuentra en la “experiencia socialdemócrata de Estados Unidos durante el New Deal”[15], y además que esto es especialmente cierto con respecto al sistema multilateral de comercio.

Demostraremos que el proceso de gestación del sistema jurídico del comercio global constituyó un intento de reproducir el esquema constitucional americano a escala internacional. Se trataba de imponer una liberalización del comercio regulada, planificada por instancias tecnocráticas. Ese era el pilar conceptual de la frustrada OIC, y en ese esquema se encuadraba el GATT de 1947. Describiremos para ello el particular consenso epistemológico existente en el establishment de la política americana en aquellos años, basado en tres puntos fundamentales: 1) La confianza en la Constitución federal americana como modelo de integración económica internacional, en sustitución a los esquemas imperiales entonces vigentes. 2) La convicción acerca de la interrelación íntima entre libre comercio y paz mundial, que no partía de un fervor ideológico en favor del librecambismo clásico, sino de una posición retórica de naturaleza populista y circunstancial. 3) La urgencia por compensar las supuestas consecuencias negativas de la apertura comercial internacional—específicamente, el crecimiento del poder corporativo a escala global—estableciendo estructuras burocráticas de regulación supranacionales.

Veremos aquí una importante tergiversación semántica y conceptual en el debate académico y político, fuente de fundamentales falacias. No comprendieron que la fuente de privilegio corporativo era precisamente la intervención del Estado, y no el apego a la doctrina liberal (que hubiera significado el rechazo de cualquier ansia restrictiva del comercio o privilegio corporativo)[16].

En definitiva, para los artífices del orden del comercio global, su proyecto se basó en una cruzada moral, producto del ímpetu idealista que despertó tanto el florecimiento del ideario progresista como la completa supremacía alcanzada por Estados Unidos a escala global. Era una muestra de confianza en la capacidad del aparato estatal de la nación más poderosa del orbe para reformar al mundo desde su esencia, para arrancar la “raíz económica de la guerra” por medio de estructuras burocráticas internacionales, de la misma forma que creían que la armonía doméstica sería lograda por agencias burocráticas federales. Era una concepción del universo internacional como una organización moldeable bajo los designios de un órgano de planificación que corrigiese los “fallos” y “excesos” del mercado. Por tanto, poco tenía esto en común con la visión original del liberalismo clásico, con la perspectiva de pensadores de laissez faire como Thomas Jefferson, Frederick Bastiat, o Adam Smith.

Fue, por otra parte, la culminación de un proceso tenue y gradual de centralización política, comenzado cuando las trece colonias británicas adoptaron un pacto constitucional. Dicho proceso se había desarrollado de forma sucesiva, comenzando por cimentar la integración de los estados de la unión americana, hasta alcanzar la consolidación del poder de regulación del Gobierno federal en perjuicio de los gobiernos estatales. Y ahí precisamente estaba, para sus adeptos, la aportación del pensamiento progresista: en haber reformulado los esquemas constitucionales originales, para adoptarlos a una “realidad” trastocada por la primera etapa de expansión capitalista interna, incrementando la capacidad de intervención del Gobierno central en la economía.

Cada crisis histórica había dado la oportunidad de llevar un poco más adelante el proyecto, en una intermitente experimentación, en una continua escala de centralización política[17]. La Guerra Civil Americana había permitido la consolidación del poder del Gobierno federal. La Guerra Hispano-Estadounidense anunció la llegada de EEUU al Olimpo geopolítico y confirmó la necesidad de una política exterior activa. La Primera Guerra Mundial fue aprovechada para realizar muchas reformas internas que consolidaron y extendieron el poder de regulación federal, y para ensayar el primer intento de elevar el credo progresistas a nivel mundial, con la fallida Sociedad de las Naciones. La Gran Depresión, por otra parte, libró el terreno para la completa transición ideológica en todos los ámbitos del Gobierno, y también para iniciar el camino hacia el ansiado fin del proteccionismo comercial. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial trajo la crisis esperada para definir ese periplo doctrinal también en la órbita internacional, con la creación del sistema multilateral del comercio, a partir de la suscripción del GATT de 1947.


[1] El nacimiento del sistema multilateral de comercio fue accidentado. El Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, por siglas en inglés) de 1947 fue suscrito como un protocolo provisional de liberalización, para preparar el camino a la Carta de la Habana de 1948, tratado por el que además se crearía la Organización Internacional de Comercio (OIC). Ambos instrumentos, el GATT y la Carta de la Habana, estaban destinados a funcionar de manera complementaria, en el contexto institucional de la OIC. No obstante, el Senado de los Estados Unidos se negó a ratificar la Carta de la Habana, y la OIC nunca fue creada. Ante ello, los Estados-contratantes del GATT, en vez de olvidar el proyecto, utilizaron dicho acuerdo provisional como fundamento jurídico del sistema, creando así un abanico institucional que sirvió por casi cincuenta años, hasta la entrada en vigencia del Acuerdo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 1995.

[2] Véase sobre las principales tendencias de análisis jurídico en la obra clásica Robert E. Hudec, Essays on the Nature of International Trade Law (Cameron May, Londres, 1999).

[3] Véase, para un recorrido de las iniciativas de reforma más relevantes, Enrst-Ulrich Petersmann (ed.), Reforming the World Trading System. Legitimacy, Efficiency, and Democratic Governance (Oxford University Press, Oxford, 2005); y, desde una perspectiva más generalista, Dennis Patterson y Ari Afilalo, The New Global Trading Order (Cambridge University Press, Cambridge, 2010).

[4] Uno de los tópicos comunes es asumir que el fundamento filosófico del sistema multilateral de comercio se encuentra en el liberalismo clásico; así, e. g. Loretta F. Smith, “The Gatt and International Trade”, Buffalo Law Review, 39, 1991, pp. 919-921; Ronald A. Brand, “Gatt And The Evolution of United States Trade Law”, Brooklyn Journal of International Law, 18, 1992, p. 104; y S.G. Sreejith, “Public International Law and the WTO: A Reckoning of Legal Positivism and Neoliberalism”, San Diego International Law Journal Fall, 9, 2007, pp. 5-77. Por otra parte, se simplifica frecuentemente  señalando que la política exterior americana se decanta siempre por un sistema legalista y por tanto rígido, en contraste a la tradición diplomática europea, e. g. G. Richard Shell, “Trade Legalism and International Relations Theory: An Analysis of The World Trade Organization”, Duke Law Journal, 44, 1995, p. 842. Además hay quienes proponen la puesta en práctica de un nuevo New Deal, en el que instituciones “progresistas” sustituyan a la OMC, ignorando tal vez que es en el propio progresismo americano donde se encuentra el origen primario de esa organización, e. g. Charles Derber, People before Profit: the globalization in the age of terror, big money and economic crisis (reimpresión, Macmillan, Nueva York, 2003), pp. 143-169.

[5] Ninguno de los trabajos clásicos del análisis histórico-jurídico del sistema multilateral del comercio ahonda en este aspecto de forma profunda, más allá de breves referencias; véase e. g. John Jackson, World Trade and the Law of the GATT (Bobbs Merrill, Indianápolis, 1969); Kenneth W. Dam, The GATT: Laws and International Economic Organization (Mimeo, Chicago, 1970); Robert E. Hudec, The GATT Legal System and World Trade Diplomacy (Praeger, Nueva York, 1975). Tampoco lo hacen otras obras de referencia en el análisis del GATT como institución, e. g. Gerard Curzon, Multilateral Commercial Diplomacy: The General Agreement on Tariffs and Trade and Its Impact on National Commercial Policies Techniques (Michael Joseph, Londres, 1965); y Karin Kock, International Trade Policy and the GATT 1947-1967 (Almqvistn & Wiksell, Estocolmo, 1969).

[6] El GATT de 1947 fue incluido, con mínimas modificaciones, como instrumento anexo al Acuerdo General de la OMC de 1994, y se lo denomina desde entonces GATT de 1994.

[7] Véase Judith Goldstein y Robert O. Keohane, “Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework”, en Judith Goldstein y Robert O. Keohane (eds.), Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change (Cornell University Press, Ítaca, 1993), pp. 20-22.

[8] Sobre el concepto de “ideología” y su relevancia en los fenómenos políticos, véase e. g. Giovanni Sartori, “Politics, Ideology, and Belief Systems”, American Political Science Review, 63, 1969, pp. 398-411.

[9] Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government (Oxford University Press, Nueva York, 1983), p. 37: “ideology [is] a somewhat coherent, rather comprehensive belief system about social relations. To say that it is somewhat coherent implies that its component hang together, thought not necessarily in a way that would satisfy a logician. To say that is rather comprehensive implies that it subsumes a wide variety of social categories and their interrelations. Notwithstanding its extensive scope it tends to revolve only about a few central values—for instance, individual freedom, social equality or national glory”.

[10] Véase Higgs, Crisis and Leviathan, pp. 3-56. Los juristas, cuando se trata de la órbita internacional, son naturalmente adeptos a aplicar sus cánones ideológicos más próximos mediante el empleo de lo que Hidemi Suganami ha denominado “analogía doméstica”, es decir, mediante la aplicación a escala internacional de instituciones jurídicas locales. Véase Hidemi Suganami, The Domestic Analogy and World Order Proposals (Cambridge University Press, Cambridge, 1989), p. 1: “The ‘domestic analogy’ is presumptive reasoning which folds that there are certain similarities between domestic and international phenomena; that, in particular, the conditions of order within states are similar to those of order between them; and that therefore those institutions which sustain order domestically should be reproduced at the international level”. En Estados Unidos, este fenómeno ha estado especialmente presente. En años recientes han proliferado estudios que señalan la importancia de la ideología en la política exterior americana, los cuales han abierto un interesante sendero de estudio. Entre estos debemos destacar, tanto por lo innovador de sus aportaciones como por la importancia que ha tenido para este trabajo, la obra de Jonathan M. Zasloff y Richard H. Steinberg. Zasloff demostró que la ideología jugó un papel crucial en el desempeño de la política exterior americana antes y después de la Primera Guerra Mundial. Véase Jonathan M. Zasloff, “Law and the Shaping of American Foreign Policy: From the Gilded Age to the New Era”, New York University Law Review, 78, 2003, pp. 239-373; Jonathan M. Zasloff, “Law and the Shaping of American Foreign Policy: The ‘Twenty Years’ Crisis”, Southern California Law Review, 77, 2004, pp. 583-682; Richard H. Steinberg y Jonathan M. Zasloff, “Power and International Law”, The American Journal of International Law, 100, 2006, pp. 64-87. Véase también aproximaciones desde la Ciencia política al papel de la ideología en las relaciones internacionales, en Goldstein y Keohane, Ideas and Foreign Policy, op. cit.; Joshua W. Busby y Jonathan Monten, “Without Heirs? Assessing the Decline of Establishment Internationalism in U.S. Foreign Policy”, Perspectives on Politics, 6, 2008, pp. 451-472. Sobre la impronta de la ideología progresista en el orden de posguerra, Emily S. Rosenberg, “Progressive Internationalism and Reformed Capitalism: New Freedom to New Deal”, en John Milton Cooper (ed.), Reconsidering Woodrow Wilson: Progressivism, Internationalism, War, and Peace (Woodrow Wilson Center Press, Washington D. C., 2008), pp. 253-278; G. John Ikenberry, “Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order”, Perspectives on Politics, 7, 2009, pp. 71-87. Véase además, sobre la influencia de la ideología en política exterior americana, Michael H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign Policy (Yale University Press, Nuevo Haven, 1987).

[11] Goldstein y Keohane, op. cit., pp.12-13.

[12] Arthur A. Ekirch, The Decline of American Liberalism (2ª ed., Independent Institute, Oakland, 2009).

[13] Véase Franklin D. Roosevelt, “Introduction”, en Samuel I. Rosenman (ed.), Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt 2 (Random House, Nueva York, 1938), p. 5: The word ‘Deal’ implies that the Government itself was going to use affirmative action to bring about its avowed objectives rather than stand by and hope that general economic laws alone would attain them. The ‘New’ implied that a new order of things designed to benefit the great mass of our farmers, workers and business men would replace the old order of special privilege in a Nation which was completely and thoroughly disgusted with the existing dispensation”.

[14] Más aún, es hoy de sobra conocido que entre todos los responsables de las instituciones económicas de la posguerra existía lo que John Gerard Ruggie bautizó como embedded liberalism: un consenso epistemológico sobre la supuesta necesidad de regular las derivas más drásticas del libre mercado mediante la intervención del Gobierno; véase John Gerard Ruggie, “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order”, International Organization, 36, 1982, pp. 379-415.

[15] Anne Marie Burley-Slaughter, “Regulating the World: Multilateralism, International Law, and the Protection of the New Deal Regulatory State”, en Robert Howse (ed.), The World Trading System, (Routledge, Nueva York, 1998), p. 54.

[16] Sobre los errores históricos y teóricos de los defensores del intervencionismo estatal por aquellos días, véase e. g.  Ludwig von Mises, Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total War (reimp., Mises Institute y Liberty Fund, Auburn, 2010); Murray Rothbard, America´s Great Depression (reimp. 4º ed., Mises Institute, Aurburn, 2005); Murray Rothbard, Wall Street, Banks and American Foreign Policy (reimp. 2º ed., Mises Institute, Aurburn, 2011); Robert Higgs, Depression, War and Cold War (Independent Institute, Oakland, 2006); Higgs, Crisis and Leviathan, op. cit.

[17] Sobre la relación continua entre episodios de crisis (económica, bélica o política; nacional o internacional) y el crecimiento del poder del Gobierno federal en Estados Unidos, véase Higgs, Crisis and Leviathan.

Les socialistes d’Amérique Latine, neocons andins

Les socialistes d’Amérique Latine, neocons andins

Versión en francés del artículo “Socialistas del siglo XXI, neocons andinos“,publicado en revista liberal francesa Contepoints.org, traducido por

Il peut sembler paradoxal que la dernière victoire électorale des socialistes en Amérique Latine ait été celle d’Oyanta Humala au Pérou. En effet, c’est dans ce pays que le libéralisme économique s’est le mieux montré être la meilleure arme contre la pauvreté. L’histoire se répète : un boom économique pendant les premières années, qui a exacerbé les inégalités héritées, créé des impatiences et de l’incertitude, puis préparé la voie à l’opportunisme messianique. La morale n’est pas nouvelle : toute réussite de la liberté peut s’estomper si on néglige la défense des idées qui la soutiennent.

Et c’est parce que les idées sont importantes, ce que le socialisme latino-américain sait très bien. Correa, Chavez, Evo, et maintenant peut-être Humala, sont seulement des têtes visibles dans un mouvement qui les transcende, qui mûrit lentement et méthodiquement, dans les universités et les réseaux d’activisme. Son autoritarisme n’est pas une caractéristique particulière de la personnalité d’Humala mais constitue la suite inévitable d’un paradigme idéologique dont la validité dépend de la perte continue de la liberté individuelle.

Jusqu’au XIXe siècle, ce que nous appelons la «gauche» de la Révolution française a été identifié, au moins en théorie, à son irrévérence envers l’État, sa fascination pour la liberté ; en revanche la droite était marquée par sa complicité avec le pouvoir établi. Ce fut l’éthique de l’autodétermination individuelle contre la superstition collectiviste. Et ce fut, en substance, l’axe central de la théorie politique, bien avant Karl Marx ou Adam Smith ; à la gauche la liberté, à la droite l’imposition par la force. Le XXe siècle a déformé cette équation par une perversion constante des concepts et la doctrine libérale fut placée erronément sur le côté du statu quo et des privilèges, quand il en représente l’exact opposé.

Depuis la perspective originale, nous verrions des personnages en apparence contradictoires, comme Chavez et Bush, Humala et Fujimori, appartenir au même coin du quadrilatère historique.

En effet, comme le néo-conservatisme, le Néo-socialisme Andin est un nouvel excès du langage métaphorique, un autre rejet moraliste et alarmiste du présent, qui exploite la perplexité devant l’incertitude de l’avenir, l’ignorance et le complexe d’infériorité individuelle. Il dilue les individus dans une entité collective, forte et fière, avec succès lorsqu’il se transforme en projection psychologique de la majorité.

L’une des manifestations les plus bizarres de ce processus est le principe du Bien Vivre (sumak kawsay en quechua), base du constitutionnalisme andin-socialiste et fondement de ses expériences socialistes dans l’ingénierie sociale. Il est surprenant de découvrir la quantité d’encre qui a été consacrée à ce sujet. Comme le néoconservatisme, ce n’est pas un invention passagère, et nous commettrions une erreur si nous le considérions comme tel ; il s’agit d’un concept nourri par une légion d’académiques et de policymakers, dispersés à travers l’Amérique latine et l’Europe. C’est un mélange de légendes noires et d’erreurs théoriques, prises par les dogmes, dont le message est précipitamment synthétisé dans le discours de ses dirigeants au pouvoir.

Leo Strauss, le héros intellectuel des néoconservateurs, aurait été à l’aise avec les lignes directrices philosophiques du Bien Vivre, en particulier avec leur mécontentement face à l’individualisme libéral et le culte mélancolique d’un passé imaginaire dans lequel les êtres humains vivaient en harmonie. Les deux écoles diffèrent du socialisme démocratique traditionnel, qui aspirait seulement à la «distribution» de la richesse que seul le modèle capitaliste avait su créer. Le « bio-socialiste » (un terme souvent utilisé) vise à la chimère Guevariste (Che Guevara) d’un «homme nouveau» et dit être inspiré d’une philosophie indienne, si ancienne qu’elle est fantaisiste et improbable.

Les néocons, cependant, utilisent moins d’euphémismes. A l’opposé deChavez, qui ne fuit pas le verbiage métaphysique, le gourou neo-indigenisteévite la rhétorique mystique et se limite à invoquer le totem de la souveraineté populaire, «le Dieu de ceux qui se disent sans Dieu» dans le langage de Zweig.

Les deux mouvements, cependant, sont profondément soupçonneux de l’individu laissé à lui-même. Nous sommes pour eux de moutons perdus par la décadence occidentale, en danger d’être mangés par le loup de l’hédonisme individualiste. Il nous faut un berger qui nous transforme en troupeau, et pour cela, son instrument principal sera toujours la peur, que ce soit celle des orcs « néolibéraux », des islamistes ou des Chupacabras. Le berger-philosophe-technocrate connaît ces vérités mieux que personne, et utilisera l’État pour que la vertu prévale (souvenez-vous qu’on ne parle plus seulement d’équité économique) de préférence avec l’accord des peuples, sinon par la force.

Les sponsors du neo-indigenisme clarifient, avec une sincérité évidente, que leurs méthodes ne sont pas une autre formule de «contrôle de l’État», qu’il ne faut que quelques coups de coude bureaucratiques. Ils oublient les sages avertissements de Camus: « pour adorer longtemps le culte d’un théorème, il ne suffit pas de la foi, il faut quand même une force de police » (To insure the adoration of a theorem for any length of time, faith is not enough, a police force is needed as well). Et c’est là où ils entrent en collision avec la réalité, à chaque fois. Ils n’acceptent pas que l’évolution réelle des institutions soit toujours le résultat d’une interaction spontanée dans un processus d’essai continu, et jamais le résultat de la conception imposée par un groupe d’illuminés, pour aussi bénis qu’ils se croient être. C’est là où toute sorte de socialisme fusionne avec le conservatisme, avec la tradition anti-libérale, paternaliste, méfiante envers la richesse privée. Ils finissent toujours par expulser les marchands de leurs temples, ou les apprivoisent avec des avantages généreux.

Peut-être est-il temps d’adapter nos catégories idéologiques et d’écouter le message que Murray Rothbard et certains n’ont pas cessé de répéter : une gauche qui ne conduit pas à la liberté et qui n’est pas en opposition radicale avec le collectivisme platonique ou avec la coercition de l’État n’est plus de gauche quand on la compare avec l’histoire politique.

Ça peut sonner comme une exubérance théorique, mais je pense qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour initier un débat intellectuel un tant soit peu réaliste : nous devons définir les concepts de base et si, comme «gauche» et «droite», ils sont trop galvaudés, les éliminer.

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(*) Aparicio Caicedo est Docteur en Droit et Politique Internationale de l’Université de Navarre. Il a été « visiting scholar » invité à l’École de droit de l’UCLA (2009-2010) et professeur invité de politique internationale à l’Université de Montevideo (2009). Intéressé par l’étude de la théorie libérale classique, en particulier sur les pentes de l’école autrichienne. Il écrit régulièrement dans divers médias d’Amérique latine et d’Espagne. Collaborateur académique de CIVISMO et auteur associé du blog NOTRE AMERIQUE 2.0 du www.Mundo.es. Il vit en Espagne. 

Walt: ideas, intervencionismo militar y Estado hiperactivo.

Walt: ideas, intervencionismo militar y Estado hiperactivo.

Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com.

Steve Walt, en su blog de Foriegn Policy, ha escrito un brillante artículo sobre el Top 5 de las razones más comunes que llevan al Gobierno de los Estados Unidos a enfrascarse en guerras sin sentido (Irák, Afganistán, Libia, contra las drogas, etc). De todas ellas, la más interesante es la cuarta, referente al famoso “establishment” de la política exterior americana[1]. Creo que el razonamiento de Walt en este punto es fundamental para comprender la paranoia de Washington, y es también aplicable para todo tipo intervencionismo estatal, sea a nivel nacional o internacional. Existe toda una casta de tecnócratas que viven por y para un Gobierno hiperactivo.

Señala que, sin importar el trasfondo ideológico, todos quienes pertenecen al establishment tienen algo en común: su inclinación a hacer siempre algo, sin importar lo que sea, con tal de desplegar le poder del Tío Sam para salvar al mundo de las garras del mounstruo de turno. Los neoconservadores, con su característica pasión por exportar “democracia”; por otra parte, los “progresistas intervencionistas”, que justifican cualquier masacre con un barniz de multilateralismo. La nación “indipensable” debe siempre aparecer con la caballería.

De hecho, Walt no lo menciona pero esta es una tradición imperialista que se inicia en realidad a comienzos del siglo XX, con el héroe progresista y militarista, Teddy Roosevelt. Dicho presidente americano señalaba que los tribunales impedían injustamente que el Gobierno regule “el uso de la propiedad para […] las vidas de los trabajadores sean más seguras, libre y felices”, mientras al mismo tiempo apuntaba para justificar sus aventuras imperiales que la “pérdida general de lazos con la sociedad civilizada puede requerir la intervención de una nación civilizada”. Por activa o por pasiva, el Estado estaba llamado a socorrer al mundo, dentro y fuera de las fronteras.

En la actualidad se trata, apunta Walt, de toda una legión de “do-gooders” que pasan años tratando de entrar al establishment, generalmente escribiendo y publicando sobre algún místico proyecto de ingeniería social de alcance de alcance global, que tan sólo requiere de algunos cuantos cientos de millones de dólares para cristalizarse. Como bien señala el autor del Lobby Israelí, ¿qué sentido tendría ser un “big shot” en Washington si no puedes desplegar el poder del Gobierno para hacer que el mundo se ajuste a tus preferencia? Y todo ello es patrocinado por una extensa y millonaria red de think-tanks, escuelas universitarias, agencias estatales, etc.

En lo esencial, cuando se trata de política exterior, progres y neocons son lo mismo, como lo explica Walt en otro artículo:

La única diferencia importante entre los intelectuales neoconservadores y los intervencionistas progresistas es que los primeros tienen desprecio por las instituciones internacionales (las que ellos ven como limitaciones del poder de EE.UU.), mientras los segundos ven estas como una herramienta útil de la legítima dominación estadounidense. Ambos grupos de ensalzan las virtudes de la democracia, ambos grupos creen que el poder de EE.UU. – y sobre todo su poder militar – puede ser una herramienta muy eficaz para el arte de gobernar. Ambos grupos están profundamente alarmados por la posibilidad de que armas de destrucción masiva pudiesen estar en manos de cualquiera que sea los Estados Unidos o sus aliados más cercanos, y ambos grupos piensan que  Estados Unidos tiene el derecho y la responsabilidad de solucionar muchos problemas en todo el mundo. Ambos grupos constantemente sobreestiman su capacidad del Gobierno americano para hacer esto,  por lo que todos ellos tiene propensión a involucrarnos en conflictos donde nuestros intereses vitales no están comprometidos y que terminan costando mucho más de lo inicialmente esperado.

Desde luego, ninguno de los miembros de este establishment sufre de forma directa las consecuencias de sus aventuras institucionales, porque sus hijos no van a la guerra, ni son sus sueldos los que peligran con las crisis. Ellos saben que tienen un puestito de profesor o académico cuando salgan, en algún think-tank o universidad, sin importar que sus proyectos hayan resultado en un completo fracaso.

Y hay algo que resalta Walt que me parece especialmente acertado: los conservadores llevan el papel más patético, caen en una contradicción enorme: demonizan (con razón, para quien suscribe estas líneas) el despilfarro fiscal del Estado de bienestar y los impuestos; pero, al mismo tiempo (y ahí es donde entro en radical desacuerdo), defienden un incremento absurdo del gasto militar, para inflar una maquinaria de matar que sólo sirve al tartufócrata de turno para embarcarse en misiones imperiales.

¿Hay una lectura liberal en todo esto? Sí, y a menudo se olvida. Es importante recordar que, como señaló Ron Paul, el liberalismo se opone a “la omnipresencia del gobierno a nivel local y exterior”, porque el “intervencionismo [internacional] es el otro lado de la misma moneda estatista del intervencionismo interno”. “La omnipresencia estatal no es ni más competente ni más honesta en la política exterior que lo que es en la política doméstica. En ambos casos era la misma institución, la misma gente, operando bajo los mismo incentivos” (Revolution, pp. 29-30).


[1] Sobre este tema, recomiendo Yves Dezalay y Bryant G. Garth, “Law, Lawyers, and Empire”, en Michael Grossberg y Christopher Tomlins (eds.), The Cambridge History of American Law (Cambridge University Press, Cambridge, 2008).

De Kintto Lucas, Ecuador…Tupas

De Kintto Lucas, Ecuador…Tupas

Por Aparicio Caicedo, editor de Tartufocracia.com 

Ya que el flamante vicecanciller ecuatoriano, don Kintto Lucas, ha logrado titulares con sus desvaríos diplomáticos, aprovecho para hacer un par de inocentes comentarios.

Hay quien se ha fijado en su nacionalidad, tratando de descalificarlo por no ser ecuatoriano “auténtico”. ¡Manifiesta estupidez! El talento no tiene nacionalidad. Más aún, celebro el hecho de que provenga de Uruguay, país con una población altamente preparada y un nivel intelectual sorprendente. Así que, de entrada, cualquier amago de chovinismo xenófobo en su contra constituye un sinsentido.

Lo que sí que me inquieta del vicecanciller Lucas: su pasado de nexos y simpatías con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro (MLN-T). No quiero decir que esto lo descalifique automáticamente. Las personas cambian, y merecen segundas oportunidades. Pero ahí viene la pregunta: ¿ha cambiado Kintto Lucas?, ¿sigue justificando la violencia terrorista? , ¿sigue considerando a los Tupamaros meros mártires idealistas?, etc. He buscado alguna respuesta en Google, y me parece que sigue pensando igual por sus múltiples escritos. Él todavía idealiza a los que llama repetidamente “compañeros”.

Esta preocupación se ha agudizado especialmente después de haber leído Historia Tupamaras, del periodista Leonardo Haberkorn. Esa obra devela, con claridad y sin tinte alguno de demagogia ideológica, los mitos creados en la propaganda tupamara.

El primer mito que pulveriza es sobre el origen del MLN-T. Muchos de sus integrantes, entre ellos el propio presidente Pepe Mujica, han justificado los crímenes de los tupas como respuesta a la dictadura. ¡Falso! Se organizaron con el afán preciso de cargarse la democracia uruguaya. El MLN-T nace en 1962, con la conformación del ente denominado “Coordinador”, para instaurar un régimen igual al cubano, como relatan sus propios fundadores. Hicieron desde el inicio apología expresa de la violencia como medio para acabar con lo “legalidad burguesa”. La suya era “una tarea política a través de la guerra”.

Sólo con leer su catecismo, “30 Preguntas a un Tupamaro”, escrito en 1965, se desdice cualquier duda sobre sus orígenes totalitarios. La dictadura militar llegó recién en 1973, como reacción al desbande terrorista, y tuvo como testigo una población completamente ajena a los divagues ideológicos de la intelligentsia tupa.

¿Qué opina el señor Lucas acaso de las víctimas inocentes de los Tupas? Aquellos asesinados por “hablar demasiado”, por negarse aceptar sus sobornos, aquellos de sus propios “compañeros” que fueron “ajusticiados” (me impresiona cómo repiten ese eufemismo aún hoy). El chófer de bus que recibió un tiro en la cabeza por negarse a acelerar, o el guardia de una empresa “ajusticiado” a posteriori por cumplir con su deber y llamar a la policía. También está la historia del policía de pueblo; un hombre inofensivo, próximo a retirarse, que pagó con su vida el negarse a entregar su arma. Lo del humilde peón de estancia, Pascasio Báez, es escabroso; no murió de un disparo, tampoco en el fuego cruzado de una “acción”. No, nada de eso. Los humanitarios tupamaros ejecutaron al peón fría y lentamente, con una inyección letal. Su único pecado era haber descubierto uno de sus zulos. La lista sigue y sigue. Como señala un miembro arrepentido del MLN-T: “restauraron la pena de muerte… que nuestros gobernantes habían eliminado legalmente en 1905”.

En fin, se les ocurrió que el Uruguay de los 60s, la democracia más ecuánime y equitativa de Latinoamérica, ejemplo de civilidad a nivel mundial, no era más que una fachada burguesa, y que ellos eran los iluminados que debían reconducirla hacia el Edén marxista a punta de plomo y dinamita, derramando la sangre de los “infieles” en el altar de la utopía colectivista. Lo único que lograron fue ser derrotados antes de empezar, y servir de pretexto para que los milicos sacien sus bayonetas y garrotes con lo mejor de la juventud uruguaya. ¡Qué otra cosa esperaban! Esos muertos, esos desaparecidos y esos torturados, como todo lo malo de esa satánica dictadura, son también obra de esa banda de “hombres nuevos”, autoproclamados redentores, cuyos miembros aún hoy tienen el descaro de presentarse como mártires idealistas.

¿Qué hay de heroico, utópico, valiente o admirable en ello señor Lucas?